Especialistas en el sector de las telecomunicaciones en Argentina y América Latina discutieron alternativas al decreto de congelar tarifas en servicios de telecomunicaciones y declararlos servicios públicos en el país sudamericano, ello durante el foro “DPL Digital Spotlight, Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”.

Expertos en regulación y políticas públicas del sector de las telecomunicaciones en la región aseguraron que es necesario buscar alternativas y acuerdos entre el gobierno argentino y las empresas para lograr la universalización de banda ancha, que es el objetivo primordial.

Martín Becerra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), dijo que no hay una medida única que logre la universalización de accesos.

Aseguró que el decreto recién hecho por el gobierno argentino no resolverá el problema de accesos a banda ancha, pero también afirmó que se ha demostrado que con la liberación de tarifas tampoco se pudo resolver.

Becerra comentó que en Argentina no sólo existen empresas grandes de telecomunicaciones, sino también pequeñas compañías y cooperativas, por lo que se debe buscar un beneficio para todas ellas y también para la sociedad.

“La realidad de la cobertura, calidad y asequibilidad muestra que no hay una única receta que haya funcionado bien a pesar de que las políticas aplicadas a estos sectores en los últimos años han sido diversas.

“Es falso tomar sólo una de estas dos situaciones y decir que daña al sector (el congelamiento de tarifas y la liberación). Lo mismo ocurre con la liberación en el año 2000, no satisfizo el derecho universal a servicios de comunicaciones. El fondo de servicio universal tuvo que esperar hasta hace dos meses para que el Estado argentino haya creado un programa específico para barrios populares”, ejemplificó Martín Becerra.

Sin embargo, Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), afirmó que el congelamiento de precios genera incertidumbre a las inversiones en el sector, por lo que es necesario que se impulse el acceso universal con otras medidas.

La representante empresarial destacó que en Argentina las telecomunicaciones tienen un peso en el Producto Interno Bruto (PIB) de 5.3 por ciento anual, generan más de 250 mil empleos directos, y en la última década se han invertido 20 mil millones de dólares, lo que significa ingresos para el gobierno argentino por impuestos calculados en más de 804 millones de dólares sólo en 2018.

“Deteniendo el mercado no lo vamos a lograr, hay que trabajar en la brecha y hay muchas alternativas que se pueden tomar: una regulación más liviana y flexible, habilitar nuevas formas de asociaciones público privadas, los sandboxes regulatorios colombianos, eliminación de normativa obsoleta, facilitar el despliegue de redes.

“Si no tenemos una hoja de ruta co-creada en todos los sectores y liderada en el más alto nivel de gobierno, ningún ajuste va a dar resultados. Se necesita diálogo cercano y efectivo para lograr estabilidad, incentivos al desarrollo. El congelamiento de precios en este contexto puede desfinanciar a empresas grandes y pequeñas, perjudica los servicios”, afirmó Maryleana Méndez.

Andrés Piazza, consultor en política pública en Internet, aseveró que el decreto en Argentina no se trata de una avanzada sobre el sector privado per se, pero tampoco es una regulación que solucione todos los problemas. El especialista lo definió como un instrumento útil para el Estado.

“En la implementación se necesita atención a las reglas que permitan las inversiones. Salvo por el punto de precios que no queda del todo claro, va a haber análisis de costos e intervención del regulador.

“Los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) normalmente no tienen consultas a los sectores, sin embargo, en la implementación tendrá que haberlo, va a requerir de un diálogo importante. No estoy tan seguro de los impactos, ni desde lo positivo, ni desde la gran alarma de la industria”, dijo Piazza.

Enrique Carrier, socio fundador de Carrier y Asociados, explicó que es normal que cuando se habla de congelamiento de tarifas las empresas tengan temores, y es que en Argentina se calcula una inflación anual de 40 por ciento en 2020, y afirmó que con ello será real la disminución de ingresos de los operadores.

“Un congelamiento de precios en una economía cuya inflación estará en 40 por ciento, implica en realidad una disminución real. Congelando los precios a efectos prácticos van a obtener muchísimo menos.

“Creo que no haría falta declarar como servicios públicos si ya hay una regulación. Si hay dificultades para regular o hacer cumplir regulaciones, no es algo que vaya a cambiar si se declara servicio público”, apuntó Carrier.

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