El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 ―mediante el cual el gobierno de Argentina declaró a la telefonía celular, Internet y televisión de paga como servicios públicos en competencia, y congeló los precios― genera incertidumbre y paraliza las inversiones del sector de telecomunicaciones, advirtió Sonia Agnese, analista senior de Telecom, Medios y Regulación para América Latina de Omdia, durante el foro virtual “DPL Digital Spotlight, Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”.

Por ello, en la etapa de reglamentación el gobierno y el ente regulador deben enviar una señal clara para que las empresas no frenen sus inversiones en el país, ya que desconocen si el entorno regulatorio les permitirá un retorno de su capital y mantener adecuadamente sus operaciones, señaló Marina Rosso, vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros.

Agnese dijo que es urgente que se abra una convocatoria con un plan concreto de trabajo para definir las reglas, en el que se incluya a la industria, puesto que las inversiones son fundamentales sobre todo en el proceso de recuperación económica tras los efectos de la pandemia de Covid-19.

En tanto, Sebastián Cabello, experto en políticas públicas digitales y consultor independiente, comentó que es entendible el objetivo que persigue el gobierno de universalizar el acceso a estos servicios; sin embargo, puntualizó que se debe tomar en cuenta el impacto de la regulación de precios y que ya existen muchos instrumentos para mejorar el acceso en los lugares donde el mercado no llega.

Héctor Huici, consultor senior para Sudamérica de Access Partnership, criticó que declarar como derecho humano a un servicio público no hace que éste sea mejor, más abundante o más barato, y el cierre de la brecha digital no se logrará gracias al DNU, sino a diferentes herramientas con las que ya se contaban y en las que deben concentrarse los esfuerzos.

“Deberíamos discutir cómo usar mejor los fondos del servicio universal; cómo dirigir subsidios para conectividad efectiva, cómo rendir mejor el dinero con procesos competitivos transparentes de asignación de los recursos”, refirió, pues “la gran pregunta es si la mejora la vamos a hacer con una declaración semántica o con una política pública”.

Gustavo Gómez, director Ejecutivo de Observacom, explicó que garantizar el acceso a servicios básicos de comunicaciones forma parte de las recomendaciones frecuentes emitidas por organismos internacionales, dado que el acceso a Internet es un derecho humano y habilitador de otros derechos, y para garantizarlo se necesita la intervención del Estado.

Para el especialista, existe legitimidad del Estado para tomar medidas regulatorias de este tipo, pero puntualizó que los procesos de decisión deben hacerse con mayor reflexión, tiempo y participación de múltiples actores, incluyendo las grandes, medianas y pequeñas empresas, la sociedad civil y la academia.

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