Los efectos del distanciamiento social comienzan a evidenciarse de forma más clara. Recientemente, los operadores de telecomunicaciones empezaron a mostrar los resultados obtenidos en el segundo trimestre. Además de las perspectivas de la economía que publicó el Fondo Monetario Internacional, donde se evidencia la disminución del empleo formal de hasta 21 por ciento. Por otra parte, en América Latina y el Caribe 46 por ciento de las personas viven de la economía informal, la cual también está siendo afectada debido al distanciamiento social.

Estos factores han puesto en la palestra la economía digital como una forma de sacar ventaja del distanciamiento social, reducir el efecto en la economía, disminuir su impacto en el empleo formal y convertirse en una vía alternativa para promover que parte de las personas que viven de la economía informal puedan desarrollar sus actividades o buscar nuevas formas de obtener ingresos.

Sin embargo, como hemos propuesto reiteradamente, se requiere desarrollar una normativa o regulación con el objetivo principal de promover la economía digital, con cambios significativos en los elementos que permitan su desarrollo a nivel local e internacional.

En este caso, es necesario cerrar varias brechas sociales que poseen los países en América Latina y el Caribe. En este caso particular, estaré desarrollando la visión sobre la seguridad social digital que, a mi entender, es el principal elemento por utilizar para lograr movilizar a las personas que viven de la economía informal hacia una nueva forma de obtener ingresos en el mundo digital, bajo una nueva formalidad de la economía.

En el Panorama Social de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2017 presentó un análisis muy importante sobre “la desigualdad de ingresos de las personas y los hogares, la evolución de la pobreza y sus determinantes, y los efectos de los sistemas de pensiones en la igualdad y su relación con la dinámica del mercado laboral”.

En este informe de la CEPAL se presenta con claridad la estimación del crecimiento de la población de América Latina y el Caribe por tres grandes grupos de edades: menores a 14 años, 15 a 59 años y 60 años y más. En la gráfica anexa del informe de la CEPAL se observa cómo a partir de 2036 se espera el crecimiento de la población mayor a 60 años y una disminución importante de la población entre 15 y 59 años, donde se encuentra la mayoría de la población económicamente activa.

El informe destaca que “a nivel regional, se estima que el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080 (Naciones Unidas, 2017)”. Esto, obviamente, deja claro que ante el envejecimiento de la población deben existir medidas para mejorar el sistema de pensiones de la región.

En el gráfico 2, la CEPAL muestra la variación de la población por grupos de edad entre 2015 y 2040, donde se evidencia que el crecimiento de la población se concentrará en los grupos de edades de 40 y 59 años, 60 a 79 años y 80 años y más.

Estas cifras muestran aún más la necesidad de definir una política que permita crear las condiciones para que el crecimiento de la población no económicamente activa tenga la posibilidad de disfrutar de los resultados de sus esfuerzos. Deben existir medidas que permitan crear las condiciones para que las personas puedan obtener mejores y mayores ingresos, no solo para vivir sino para aportar al sistema de seguridad social que le permita tener una vejez con una mayor calidad de vida.

Por otra parte, la disminución de la población en edades económicamente activa permite observar la necesidad de mejorar su productividad de forma tal de mantener y mejorar la generación de riquezas en América Latina y el Caribe. También, esto muestra la oportunidad que tenemos en el presente para crear y desarrollar las habilidades digitales de la población, incluso en personas mayores.

El informe advierte: “el crecimiento de la población de 80 años y más generará desafíos económicos y sociales de gran envergadura en la mayoría de los países, ya que se incrementarán las demandas de pensiones, los costos de atención de salud y las necesidades de cuidado a largo plazo y de arreglos residenciales especiales para este segmento de la población de edad avanzada”.

La CEPAL también advierte el crecimiento de la población femenina en edad adulta, como puede observarse en el gráfico 4. Las diferencias en la mortalidad por sexo redundan en una mayor presencia de mujeres en los grupos de edades avanzadas. Asimismo, se indica que “la menor participación económica de las mujeres debido a la desigual distribución sexual del trabajo constituye una barrera a su autonomía económica y es una de las causas de su mayor vulnerabilidad en las edades avanzadas”.

En definitiva, la CEPAL plantea la necesidad de que “consolidar sistemas de pensiones de cobertura universal y con un fuerte componente de solidaridad para la igualdad no debería considerarse una quimera, sino un objetivo posible y necesario en el marco de un pacto social para el desarrollo sostenible y la igualdad, y progresivo en su alcance”.

Considero clave que una regulación de la economía digital tome en cuenta esta recomendación para incorporar mejoras en un futuro donde la mayor cantidad de la población deberá asegurarse un lugar en esta nueva forma de generar ingresos.

Asimismo, el informe describe que “a nivel regional, entre 2002 y 2015, el porcentaje de trabajadores cotizantes o afiliados a sistemas de pensiones aumentó de 38 por ciento a 50.3 por ciento. Entre los trabajadores asalariados esa cifra pasó de 53.9 por ciento a 64.7 por ciento, un incremento de casi 11 puntos porcentuales equivalente a unos 40 millones de trabajadores.

“En contraposición, aunque el nivel de afiliación de los trabajadores no asalariados (en 14 países de la región) aumentó poco más de 8 puntos porcentuales, hacia 2015 era inferior a 18 por ciento”.

Estas cifras muestran las consecuencias de la informalidad de la economía en la región, al destacar la poca participación de los trabajadores no asalariados en los aportes a los fondos de pensiones.

Claramente, la participación en la economía informal trae como consecuencia una baja participación en las coberturas sociales para la edad adulta, lo que es cada vez más importante debido al incremento de la población en edades superiores a los 60 años.

Como mencioné en otro artículo, el bajo acceso a los servicios bancarizados en la región de aproximadamente 168 millones de personas dificulta el acceso a los fondos de pensiones.

Es cierto que los Estados han tomado medidas como lo comenta la CEPAL: “debido a la exclusión de vastos sectores de la población del acceso a pensiones contributivas, en los últimos años se han expandido las pensiones no contributivas”.

Sin embargo, esta no es la solución más adecuada para resolver el acceso a las pensiones en la edad adulta, al menos en el largo plazo donde se espera que la cantidad de personas en estas edades crezca considerablemente.

Por otra parte, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el porcentaje de personas asalariadas que cotizan al sistema de seguridad social es más alto en los quintiles altos y medios respecto al quintil más bajo. Como lo muestran las gráficas adjuntas para México, Chile y Costa Rica, los quintiles más bajos cotizan en México (2016) 12 por ciento, Chile (2017) 71 por ciento y Costa Rica (2017) 48 por ciento.

En este sentido, como hemos propuesto, el crecimiento de la economía digital es la oportunidad para América Latina y el Caribe de enfocar sus esfuerzos en desarrollar productos y servicios diferentes a los “commodities” en los que se basa su capacidad de producción.

Obviamente, las ventajas de las tecnologías digitales pueden desarrollarse en los procesos productivos de los “comodities” para mejorar su producción y costos.

Justo en este momento que vivimos el crecimiento de los efectos de la pandemia en nuestra economía, es vital desarrollar una política digital enfocada en aprovechar las ventajas de la economía digital, reducir las brechas y dirigir los esfuerzos a producir en el mundo digital. 

Porcentaje de asalariados que cotizan al sistema de seguridad social en México

Fuente: BID.

 Porcentaje de asalariados que cotizan al sistema de seguridad social en Chile

Fuente: BID.

Porcentaje de asalariados que cotizan al sistema de seguridad social en Costa Rica

Fuente: BID.

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