Ecuador | Ataque con drones a la cárcel: hay legislación para derribarlos, pero le falta tecnología para hacerlo

Hace tres meses también hubo una explosión de un dron sobre la cárcel Regional de Guayaquil que no se conoció de inmediato.

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El Universo Marco Carrasco

La intromisión de drones sobrevolando la cárcel Regional 4 en Guayaquil no es algo nuevo. Como antecedente a los ataques ocurridos durante la madrugada de este lunes, 13 de septiembre, se registra la explosión en el aire de otro artefacto en esa misma dependencia ocurrida en junio pasado, hecho que fue revelado un mes después por la Policía en medio de la crisis carcelaria que vive Ecuador.

En aquella ocasión, Criminalística se disponía a determinar qué clase de artefacto había sido usado para vulnerar ese espacio aéreo que es considerado como zona restringida de acuerdo con el Reglamento que norma la “Operación de Aeronaves Pilotadas a Distancia” dentro de la Ley de Aviación Civil. Pero los resultados, si los hay, no se han hecho públicos.

Ahora, tres meses después, antisociales operadores de drones volvieron a tomar por sorpresa en esa misma cárcel al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Ya no fue una, fueron tres las explosiones que se dieron en la madrugada del lunes y que, aunque no dejó heridos, apuntaban a eliminar a “cabecillas de bandas”, según la entidad.

El citado reglamento dice que los drones no podrán ser operados a 9 kilómetros de los límites o linderos de cualquier aeródromo o zonas de seguridad del Estado. Tampoco tienen permitido activarse a una distancia menor a 150 metros de los centros de privación de libertad.

“Las entidades públicas o privadas competentes, según corresponda, tendrán la facultad de aplicar el derecho de inhibición o derribo (tecnología antidron) o tomar acciones necesarias, cuando uno incumpla lo señalado en este reglamento” dice el literal g de dicha normativa, emitida el 30 de agosto de 2020 y reformada el 4 de noviembre del mismo año.

¿Existe inhibidor de drones en las cárceles?

El director del centro Regional 4 Guayas, Jorge Haz, afirma que el lugar sí cuenta con inhibidores para este tipo de aparatos, pero los drones que causaron tres explosiones la madrugada del lunes debieron contar con una tecnología que no pudo ser detectada a tiempo.

Pilotos expertos en drones como Martín Zivadinovic, campeón de la Carrera Nacional, categoría estilo libre, organizada en Salinas por los 100 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dicen que a pesar de que Ecuador cuenta con legislación que prohíbe el uso de drones cerca de personas, en horario nocturno o sobre lugares estratégicos como aeropuertos, puertos, zonas de seguridad nacional o las cárceles, eso no evita el mal uso de estos aparatos.

Zivadinovic, que comparte su pasión por los drones con su negocio en Chess Pizza, cree saber cómo los antisociales pudieron evadir los inhibidores que hay en las cárceles.

“Un simple inhibidor de wifi bastaría para bloquear la señal de un dron, pero si a este se lo manda desde un sitio cercano dirigido únicamente por GPS, apagando todos los demás mandos de comunicación, ahí el inhibidor de señal no serviría, ahí el dron ya no tendría posibilidad de retorno al sitio de donde partió y se convertiría en una bomba voladora”, advierte el experto.

La carga explosiva tendría que ser activada por radiofrecuencia, señal distinta a la que opera el dron, por lo que es necesario usar una mejor tecnología para detectar esas actividades.

En Ecuador, solo hay una marca de drones que viene, de fábrica, con un indicador que inhibe su vuelo sobre zonas especiales determinadas en un mapa. Pero las demás marcas que se comercializan en el país no tienen ninguna advertencia o restricción.

El experto en seguridad John Garaycoa dice que no hay que estigmatizar la tecnología, pues los drones sirven para actividades como seguridad, como lo hacen los bomberos rescatistas o el ECU911 para vigilar aglomeraciones en las playas, para producciones de fotografía y video, para el reparto de mercancías, monitoreo de obras de ingeniería civil o para el riego aéreo de cultivos.

“Los drones hay de todo tipo, desde los que se consiguen en una juguetería hasta los que tiene el Ejército de Estados Unidos. Al existir una tecnología disponible, los narcotraficantes no dudarán en usarla a su favor, sin escatimar en gastos. Si ya vemos que usan avionetas para el transporte de droga, ¿por qué no habrían de usar drones?”, explica el gerente de Mac Security.

Él cree que estas incursiones de drones se conocen porque han explotado en el aire sobre las cárceles, pero está seguro de que otros aparatos ya han sido usados antes para meter drogas y armas.

Tecnología antidrones

La compañía de defensa norteamericana Epirus ha creado un sistema que utiliza un haz de alta energía que puede penetrar en el cerebro de los drones, afectar sus componentes aunque estén blindados contra la radiación y hacerlos caer al suelo.

Según ‘New Scientist’, el sistema denominado Leonidas derribó a 66 drones militares en una reciente prueba con el Ejército de los Estados Unidos. Lo hizo tanto por grupos, desactivando docenas de ellos simultáneamente, como de forma individual.

La compañía norteamericana está trabajando en un sistema más compacto que podría ser llevado en una mochila o incluso por otro dron.

En junio pasado, la agencia AP informó que el Ejército de Israel también probó con éxito, sobre el mar Mediterráneo, un láser aéreo de alto poder capaz de derribar drones.

En Guayaquil, mientras tanto, Zivadinovic y Garaycoa creen que, a falta de una mejor tecnología antidrones, lo ideal sería la vigilancia directa, como se hace en las torres de control cuando los aviones se aproximan a la pista en el aeropuerto.

Los antisociales “podrían haber comprado un dron y agregarle un dispositivo explosivo para mandarlo a estrellar a la cárcel”, advierte un funcionario del SNAI que prefiere la reserva de su nombre y que considera que, en efecto, falta una mejor tecnología para el control aéreo. “Es sabido por todo el país que nos falta presupuesto”. En agosto, el Gobierno anunció una inversión de $ 75 millones para la reestructuración del sistema penitenciario.

Pero el director de la Regional Guayas sostiene que al menos los equipos que poseen actualmente impidieron que los drones pudieran bajar y que por eso se registraron los estallidos en el aire. Aunque hubo daños en los techos, ningún reo resultó herido, asegura el SNAI, que calificó el hecho como grave: “Estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales”.