Ecuador | Derecho a la comunicación y democracia

199

Crónica

En las dos primeras décadas del siglo XXI se han realizado cambios diametrales en América Latina que contrajeron procesos de cambio y verticales reformas de diversidad de esferas, la más elocuente lógicamente es el Derecho a la Comunicación, con lo cual en las democracias contemporáneas híper mediatizadas (golpes mediáticos) se inició el debate, la democratización de la comunicación, y con ello el derecho a otras realidades constitutivas de la democratización de las sociedades, con gran reflexión con relación a la concentración mediática y la participación activa y real a la ciudadanía como parte activa y definitoria, y la descentralización geográfica (no ordenada) en América Latina, y decirlo además en todo el mundo, con la cultura, con la corrección de las asimétricas denunciadas por el Movimiento de Países no Alineados, en 1973.

En Ecuador el Derecho a la Comunicación se reconoció en las constituciones del 2008, y Bolivia 2009, así como la Ley Orgánica de Comunicación 2013 en Ecuador, y la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comunicación en 2011; la participación involucrada de la ciudadanía en la discusión de marcos normativos fueron: Argentina con su ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 y Uruguay con una Ley igual en 2014; en México y con la competencia oligopolíticas de ese mercado se aprobaron: la Ley federal de telecomunicaciones y radio difusión en 2014, la Ley de Sistema Público de Radio fusión del Estado Mexicano; un caso controvertido es el de Venezuela, donde se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medio Electrónicos del 2010 con criterios dispersos si estas leyes son un modelo alternativo al medio verbal, o si por el contrario son normas que se usaron de forma excesiva y discrecional.

En Brasil, país en el que hasta enero del 2017, no se ha podido concretar el nuevo marco regulador demandado por los movimientos sociales articulados en el Foro por la Democratización de la Comunicación (FNDC); en Centroamérica se ha llevado a cabo disertaciones sobre las implicaciones de la concentración mediática, los procedimientos para otorgar y revocar las frecuencias del espectro radioeléctrico y del rol del Estado, y ha emergido una agenda de sectores académicos y organizaciones sociales en países como Costa Rica; en Honduras, tras la reforma a la Ley de Telecomunicaciones en 2014 está lejos de representar “un incremento de pluralismo y desconcentración de los grupos mediáticos del país”.

Llama la atención que en las legislaciones vigentes en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica carezcan del reconocimiento explícito de los medios comunitarios, con diferencia en la región; por tratarse de procesos netamente políticos, la reivindicación del Derecho a la Comunicación y la demanda de políticas públicas que faculten regulación.