Ecuador | Estado recibió casi el doble de lo que necesitaba para cerrar la brecha digital, pero lo malgastó

Desde 2015, se ha cobrado impuestos a las operadoras por casi $400 millones, pero ni un centavo se fue efectivamente a mejorar y ampliar el alcance de los servicios.

73

La Hora

Para cerrar la brecha digital y dotar de conectividad a todo el país se necesita una inversión de $230 millones, según la ministra de Telecomunicaciones Vianna Maino.

La tragedia actual es que el Estado no cuenta con esos recursos, aunque desde 2015 ha recaudado de las operadoras casi $400 millones, es decir, un monto cercano al doble de lo que hace falta ahora.

“Se ha privilegiado la recaudación antes que la conectividad. Desde 2015, se ha recaudado una cifra ingente, gigante. Sin embargo, nunca llegó a su destino porque se fue a la cuenta común del Estado”, dijo.

En otras palabras, se les ha exigido altos pagos a los proveedores privados del servicio, pero todo se desvió para gasto corriente en todo tipo de temas en el sector público (incluso sueldos de la burocracia), menos para fortalecer las telecomunicaciones del país.

Castigo por invertir

En el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se establece un impuesto llamado de concentración de mercado. Ese impuesto funciona más o menos así: cada operador que tenga 30% del mercado o más, debe pagar un porcentaje creciente al fisco, por cada nueva inversión que haga.

Así, de acuerdo con Hernán Viteri, ingeniero en telecomunicaciones, se ha generado un perverso desincentivo para las empresas privadas.

“Los proveedores se cuidan de no crecer o crecer muy poco, de no aumentar de manera sustancial su infraestructura y tecnología, sobre todo en sectores rurales, porque cada dólar que pongan les cuesta más caro y les rinde poco”, acotó.

En este contexto, el Estado ha venido castigando la inversión privada en el sector, con el único fin de sacar más dinero para gastar mal y en otros fines.

Por eso, la ministra Maino recalcó que, dentro de la reforma tributaria se incluye la eliminación del impuesto por concentración de mercado.

“El objetivo es impulsar el desarrollo de la industria y permitir que los operadores fomenten su crecimiento e inviertan en mejoras de infraestructura y servicios”, puntualizó.

La farsa del servicio universal

Si se suman todos los impuestos, tasas y contribuciones, el sector de telecomunicaciones aporta el equivalente al 4% de todos los ingresos tributarios del Estado. De esta manera, se ubica en segundo lugar, después del petróleo, como la actividad que más le paga al fisco.

A pesar de esto se registran problemas de calidad del servicio, tarifas más altas que en otros países de la región; pero, sobre todo, menos conectividad en sectores fuera de las grandes ciudades.

La razón de fondo es que la política pública ha visto a las operadoras como cajas registradoras de donde extraer dinero, pero no como socios estratégicos para beneficiar a los ciudadanos.

Otro ejemplo de esto es la contribución del 1% sobre la facturación, que están obligados a pagar los proveedores cada año. Esa contribución debía ir a un fondo para lograr el servicio universal de conectividad, es decir, que todos accedan a internet y buenas comunicaciones.

En su lugar, los recursos se han ido a la caja chica del Gobierno de turno. De 2015 a 2020, el Estado ha recibido más de $162 millones; y solo para 2021 la recaudación sumaría $23 millones.

La administración de Guillermo Lasso, dentro de la reforma tributaria, propone que el 50% de ese pago ya no se vaya al fisco, sino que se libere para que las operadoras lo inviertan en proyectos reales de expansión de infraestructura y mejoras tecnológicas.