El choque entre Álvaro Uribe y Daniel Quintero por el manejo de EPM

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El Tiempo

El nombramiento en encargo de la ingeniera electrónica Mónica Ruiz Arbeláez en la gerencia de Empresas Públicas de Medellín –quien lleva 26 años en la organización– tras la polémica del gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, no apaciguó las aguas, sino que avivó un debate directo entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe.

El viernes, la firma calificadora Fitch Ratings emitió un reporte en el que afirmó que iba a monitorear de cerca el nombramiento del nuevo timonel de esta firma, señalando que las calificaciones reflejan el bajo riesgo comercial de la empresa derivado de la diversificación de sus negocios, y que la perspectiva negativa refleja la continua incertidumbre sobre el túnel de desviación auxiliar de Hidroituango, por lo cual un cambio en esta perspectiva pueda tardar más de seis meses.

Dicho concepto, que se suma a la reducción de la calificación de la compañía a BBB- en agosto del 2020 y que la mantiene aún dentro del grado de inversión, llevó al expresidente Álvaro Uribe a plantear que el Gobierno debería pensar en intervenir la empresa.

En un trino, Uribe madrugó a decir que “de no recuperarse el gobierno corporativo (de EPM) la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando”, e indicó que “mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”.

Pero unas horas más tarde, la reacción de Quintero no se hizo esperar y emitió una fuerte respuesta.

“Nunca pensé ver un trino de Uribe pidiendo que se expropie a EPM para dársela al Gobierno Nacional. Mientras sea alcalde de Medellín, EPM seguirá siendo pública, de Medellín, de Antioquia y de todos los colombianos”, indicó Quintero en su cuenta de Twitter.

Opción sin sustento

Expertos consultados por EL TIEMPO dejaron claro que, según la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994), a la fecha no hay motivos legales para que EPM, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, sea intervenida.

Javier Lastra Fuscaldo, exagente interventor de Electricaribe, explicó que el artículo 59 de esa ley establece las causales de toma de posesión “y para mí EPM no ha incurrido en ninguna de esas”.

“Si la Superintendencia de Servicios Públicos interviene y no hay ninguna de esas circunstancias, sería una vía de hecho”, agregó.

A su turno, Evamaría Uribe, exsuperintendente de Servicios Públicos durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, le dijo a EL TIEMPO que “hasta ahora no veo causales claras de intervención de EPM. Habría que verificar si se puede ajustar una intervención denominada ‘intervención para administrar’”.

Pero recalcó que tiene que probarse que existe riesgo inminente en la prestación de los servicios públicos a cargo de EPM y que se interviene para evitar la suspensión de la prestación de los mismos.

“No se interviene para solucionar problemas administrativos internos o diferencias entre el Alcalde y la Administración. Y la pregunta es: ¿está en riesgo la prestación de los servicios públicos a cargo de EPM y en consecuencia se debe proteger dicha prestación para evitar la interrupción del servicio al usuario?”, subrayó la exfucionaria y consultora.

Según la norma, hay ocho causales para intervenir una empresa de servicios públicos; entre estas, que no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.

La segunda es que sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar sujetos, o en incumplir sus contratos.

También el Gobierno puede intervenir si los administradores se han rehusado a dar información veraz, completa y oportuna a una comisión reguladora o a la Superintendencia o si se declara caducidad de uno de los permisos, licencias o concesiones, debido a que exista un indicio serio de que no está en capacidad de cumplirlas.

Igualmente, la Superservicios debe intervenir si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles, como ocurrió con Electricaribe; y la última causal es si entra a liquidación.

Según Lastra, aunque hay una preocupación por la calificación, lo cierto es que EPM mantiene su grado de inversión, no está quebrada y los recientes hechos no dan para tanto. Y agregó que si hay más retrasos con Hidroituango, se puede subir el precio del servicio de energía en 2022 o 2023. “Eso no quiere decir que el servicio esté en riesgo”, puntualizó.

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