iProfesional – Andrea Catalano

El decreto 690 por el que se congelaron las tarifas de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga -además de declararlos como servicios públicos esenciales en competencia- tiene inconsistencias técnicas que complicarán la tarea del regulador. Es la visión de Maryleana Méndez, presidenta de ASIET, una asociación que impulsa el desarrollo de las telecomunicaciones en la región.

En diálogo con iProfesional, la directiva sostuvo que la situación que planteó el DNU 690 es compleja por el alcance y el impacto que tiene sobre los servicios. “Considerando que el DNU se mantenga, como suponemos, la carga de la reglamentación le cae al regulador y el punto es que el decreto tiene problemas de inconsistencias técnicas que complican esa tarea”, dijo Méndez en conversación telefónica desde Costa Rica.

Mientras el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de la reglamentación, mantiene reuniones con los distintos actores y para este miércoles se prevé el encuentro con las más grandes prestadoras de telecomunicaciones, la directiva señaló que “la regulación de precios es lo más intrusivo de las medidas regulatorias y van en contra de las recomendaciones internacionales que, por el contrario, señalan la necesidad de flexibilizar, eliminar las regulaciones obsoletas y tomar medidas con análisis de impacto”.

ASIET representa los intereses de las grandes compañías de la región, no sólo de Claro (América Móvil y sus marcas) y Telefónica sino también de Telecom, AT&T y DirecTV, Millicom e Hispasat al igual que a las empresas estatales de telecomunicaciones como CANTV (Venezuela), ETECSA (Cuba) y COPACO (Paraguay), además de CNT (Ecuador) y el Grupo ICE (Costa Rica), de donde Méndez es oriunda.

La directiva expresó que la necesidad de contar con reglas flexibles responde al hecho de que “el mercado es de alta dinámica y lo de hace 10 años ya no puede ser lo mismo que hoy”. En ese sentido, sostuvo que la tendencia global de los organismos regulatorios es a tener cuadros técnicos muy bien formados en telecomunicaciones. “No se puede regular desde la teoría y la abstracción total. Es muy importante contar con cuadros técnicos permanentes”, enfatizó.

A ello sumó la necesidad de que se traten de “organismos independientes”, aspecto que se le cuestiona no sólo al ENACOM desde su instauración como tal sino también a los entes regulatorios anteriores, aun cuando, teniendo herramientas de control, no se han utilizado en su total capacidad.

“El tema de la independencia del regulador se viene trabajando desde el inicio de las aperturas de los mercados de las telecomunicaciones, hace 30 años. Si bien las autoridades regulatorias varían en el tiempo y en su conformación, los cuadros superiores deben imprimir la estabilidad del marco regulatorio porque debe ser la característica de institucionalidad de esos organismos”, agregó.

Una situación que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los mercados de telecomunicaciones están conformados por empresas de distinto tamaño, que apuntan a distintos nichos y actúan en distintas zonas geográficas. Tal como sucede en la Argentina y en otras partes del mundo.

Revisar cuellos de botella
“Para hacer convivir a esa constelación de actores se debe lograr un ecosistema saludable, que en su ámbito de acción cada uno pueda funcionar de manera apropiada con un campo de acción definido para que puedan realizar inversiones. Por eso la competencia es fundamental además de revisar cada cuello de botella que se produce en el mercado para, allí, tener una acción regulatoria. Hay ejemplos en la Argentina de cooperativas que comenzaron ofreciendo sus servicios en determinadas zonas y, luego, pudieron escalarlos a otras”, subrayó la directora de ASIET.

Se refirió, de este modo, a los casos de cooperativas que, por ejemplo, iniciaron su actividad en su zona de influencia pero, luego, pudieron avanzar hacia lugares con mejor poder adquisitivo, como los barrios cerrados. Espacios en donde, inclusive, se dan escenarios de competencia porque son los mismos actores los que buscan nuevos territorios en donde generar otro tipo de ingresos.

Por esa razón, Méndez insistió en la necesidad de que el regulador identifique los cuellos de botella y los ajuste. Apuntó que en las zonas de buen poder adquisitivo el incentivo a la inversión es natural pero en los lugares en donde tal anzuelo no existe es donde hay que instalarlos.

¿Cuáles podrían ser esos incentivos? Varios de aquellos aspectos en los que la Argentina no ha podido avanzar en las últimas dos décadas: desde la posibilidad de compartir infraestructura hasta la disminución de burocracia para poder agilizar nuevos despliegues, aunque este último es aspecto sobre el que la actual conducción de ENACOM viene trabajando aunque a veces se choca con las autonomías municipales que impiden o actualizaciones o nuevos proyectos.

Las peleas por los postes, que son parte de la infraestructura, acumulan décadas y son uno de los cuellos de botella del sector en la Argentina
Las peleas por los postes, que son parte de la infraestructura, acumulan décadas y son uno de los cuellos de botella del sector en la Argentina
Son estos algunos de los cuellos de botella que un regulador debe detectar y sobre el que debe actuar. Pero eso no significa que sea el mismo tipo de acción sobre todo un mercado o sobre toda una región porque los actores son diferentes como también las características de las poblaciones que atienden.

“Si se facilitan los despliegues, si se tiene una ventanilla única, ahí es donde se hace la diferencia. Porque la competencia empuja la necesidad siempre que existan condiciones para que ello se dé. El regulador tiene que actuar ahí. Los casos de Costa Rica y México son interesantes porque tienen capacidad para realizar estudios que permiten identificar esas necesidades donde no se desarrolla la competencia”, indicó.

En zonas como el corredor norte de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra parte de la población con mayor poder adquisitivo de la Argentina, hay competencia efectiva porque el incentivo de inversión pasa por allí. Como resultado, los usuarios tienen más alternativas de servicios y si bien resulta difícil asegurar si es a mejor precio y mejor calidad porque no existen mediciones que se conozcan al respecto, todo indicaría que sí porque resulta costoso perder clientes. Esa situación no es replicable en zonas aledañas y mucho menos en el resto del país, al menos no de manera idéntica. De ahí la necesidad de que se generen esos nuevos incentivos a la inversión.

“Si se facilita la instalación de infraestructura, bajan los costos y se puede competir. Cuando entran en juego otras autoridades regulatorias, como los organismos de competencia, esto también se puede impulsar a partir del soterramiento de ductos en rutas, autopistas que permitan de entrada que corran múltiples operadores. Son medidas en donde se aborda la mejora de la competencia sin que ello signifique intervención de precios”, subrayó.

Competencia como factor de inversión
La competencia y el aliento a la inversión debe contemplarse desde tres ejes, en definitiva: un tipo de acción se da en las áreas densamente pobladas, otro en las intermedias y un tercero, distinto también, en las zonas remotas.

Para Méndez lo ideal es que la competencia llegue lo más bajo posible en esa pirámide sin una intervención ex ante. Y que cuando porciones de población y de territorio queden fuera de ese alcance se activen los fondos de servicio universal que es característico del mercado y que tiene sus propios instrumentos y métodos.

Allí, indicó, es donde debe haber intervención con recursos y prestación de paquetes básicos. Consideró que, aún en las zonas más alejadas, es posible encontrar a usuarios que sí pueden pagar por determinados servicios aunque no puedan disponer de ellos por su situación geográfica. Es en esos casos en donde debe implementarse una oferta que combine a los sectores público y privado para que, aquellos que no pueden pagar, tengan subsidiada su demanda, un aspecto que se ha potenciado en distintos países de la región, incluida la Argentina, durante esta pandemia.

“Donde hay personas en situación de vulnerabilidad se debe aplicar un subsidio directo para que esa familia haga uso de esos servicios porque es una manera de hacer crecer la demanda y en la medida en que eso sucede se genera un círculo virtuoso que impulsa a las empresas a invertir”, aseveró.

Reiteró que el mercado de las telecomunicaciones tiene un nivel de competencia importante con muchos actores y diversidad de redes en donde corren servicios digitales a los que los usuarios echan mano para su bienestar. Esto impulsa un crecimiento de la demanda del ancho de banda, razón por la que la regulación tiene que variar en función de ese mercado.

Los usuarios se valen de las redes de telecomunicaciones y de los servicios que se montan sobre ellas para su bienestar
Los usuarios se valen de las redes de telecomunicaciones y de los servicios que se montan sobre ellas para su bienestar
“Aplicar reglas de hace 30 años es imposible. Tratar de controlar la oferta es materialmente imposible, tal como sostiene Adriana Labardini (ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador de México). Aplicar una regulación ex ante como hace 30 años cuando la oferta era estandarizada se vuelve muy difícil. Y si se interviene se corre el peligro de homogeneizarla, y si eso sucede ya no habrá innovación que es el peor escenario para los usuarios”, manifestó.

Por esa razón, y en sintonía con lo que los distintos actores del mercado local de telecomunicaciones vienen expresando en on y en off, insistió en que se debe regular mirando a la industria. Y que uno de los aspectos básicos que debe mantenerse es el de la seguridad jurídica porque permite acceder a mejores costos de inversión especialmente en momentos en que la Argentina toma decisiones fundamentales para su futuro, tal como el arreglo de su deuda con los acreedores.

La situación del mundo es tan crítica en este momento y la de la Argentina en particular tan delicada que, ante las rajaduras de confianza que provocó el decreto 690, Méndez se manifestó esperanzada en que la reglamentación se defina de tal modo que “se faciliten las inversiones para volver al menos a donde estábamos antes de la pandemia”. Tan poco. Y tanto.

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