El espectro es de los mexicanos

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El Economista Jorge Bravo

“Hay dos medios de comunicación, la tierra y el aire. Los políticos y la mayoría de los empresarios nunca vieron el aire como negocio, sino que se concentraron en la tierra y en el mar. El negocio es el aire. Los negocios futuros de la comunicación no estarán en la televisión, la radio, el cine o la prensa, sino en la capacidad de transportar una señal, cualquiera que sea, y transportarla en televisión, radio, cine o prensa.”

Ese diálogo y gran visión del aire (espectro radioeléctrico) se le atribuye a Emilio Azcárraga Vidaurreta hacia 1958 y se encuentra en el libro Tiburones de la comunicación: grandes líderes de los grupos multimedia de Eric Frattini y Yolanda Colías.

Los políticos terminaron dándose cuenta del valor del espectro radioeléctrico y el gobierno cobra cantidades considerables por el uso de ese recurso de dominio público a través de las licitaciones y el pago de derechos, desde que en 1997 iniciaron los procesos de licitación del espectro para servicios de comunicación personal (PSC). 

La iniciativa de Ley Federal de Derechos (LFD) para 2021 actualiza e incrementa el pago por el uso del espectro radioeléctrico en diversas bandas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) elaboró y entregó un análisis relevante donde explica que la Secretaría de Hacienda incluyó en la LFD incrementos de 48% en las bandas de 800 y 850 MHz y propuso valores 186% más elevados a los propuestos por el regulador en las bandas de 600 MHz y 3.5 GHz, idóneas para futuros servicios 5G.

El modelo de cobros por el uso del espectro radioeléctrico contempla que 90% del valor de las frecuencias sean pagos de derechos a lo largo del tiempo que dura la concesión. El otro 10% es el pago inicial por adquirir las bandas.

Erróneamente, se ha pensado que el espectro radioeléctrico es para los operadores de telecomunicaciones. En realidad, ese recurso es para que los usuarios reciban servicios de telecomunicaciones, digitales y ejerzan su derecho a la información. Es como suponer que los mares son de los hoteleros o los combustibles de los gasolineros. Las playas son para que se diviertan los bañistas, los energéticos para que funcionen las industrias y el espectro radioeléctrico para comunicarnos.  

Antes de la reforma constitucional de 2013 que define la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) -incluida la banda ancha e Internet- como un derecho fundamental, esa concepción del espectro caro pudo ser válida, pero ahora ya no lo es porque el elevado cobro de derechos por el uso del espectro y las licitaciones con visión recaudatoria son una limitante a ese derecho universal de acceso a las TIC, la conectividad y sus servicios.

El espectro radioeléctrico es un recurso de la nación y, por lo tanto, debe beneficiar a todos sus habitantes. Las elevadas recaudaciones por el uso del espectro en México son un factor que prolonga la desigualdad y la exclusión digitales.

Países como Chile han optado por licitaciones en las cuales el precio del espectro no es el principal objetivo sino el despliegue de infraestructura. No es extraño que ese país sea el líder de la digitalización en América Latina y que tenga una penetración de Internet móvil de 98%, cuando en México es de 77 suscripciones por cada 100 habitantes. El estudio del IFT revela que el costo del espectro en el país está 69% sobrevalorado en el comparativo internacional por las cuotas de derechos vigentes.

Los servicios de telecomunicaciones y digitales son fundamentales en la vida de las personas. Lo anterior ha quedado demostrado con la pandemia de Covid-19, la cual ha catalizado el proceso de transformación digital de gobiernos, industrias y sociedad. A raíz de la propagación del coronavirus hacemos las cosas diferentes y cada vez más a través de Internet. Estar conectados ha permitido que México se mantenga productivo a pesar del cierre de las escuelas, cines, centros comerciales, fábricas y oficinas.

Los ingresos que recibiría el Estado no son lo más importante de tener el espectro en operación vía los concesionarios. El objetivo principal de licitar el espectro radioeléctrico es la generación de servicios de telecomunicaciones y digitales que beneficien a los consumidores y contribuya al crecimiento y desarrollo del sector y la economía. La población obtiene bienestar digital de tener acceso a las tecnologías, estar conectada y utilizar servicios inalámbricos de telecomunicaciones para su vida cotidiana.

Existen tres casos de cómo el elevado costo de los derechos del espectro afecta el plan de negocios y la operación de las empresas. La cesión de derechos de espectro en la banda de 1.9 GHz de Iusacell-Unefón a Telcel en 2006, la venta de Nextel a AT&T en 2015 y la devolución de frecuencias por parte de Telefónica en 2019. En los tres casos no fue el entorno competitivo sino las elevadas cuotas de los derechos espectrales lo que motivó el desprendimiento del recurso y la venta de las compañías. Los operadores no podían hacerse cargo de sus obligaciones al adquirir ese recurso tan oneroso.

Como el petróleo, el espectro radioeléctrico también es un recurso de la nación. Como la gasolina, vender paquetes de minutos, megas de Internet y servicios de telecomunicaciones es un negocio. Todos entendemos lo que significa en términos de inflación y daño para el bolsillo del consumidor adquirir combustibles caros. La diferencia es que la conectividad y los servicios que habilita el espectro radioeléctrico son prioritarios por esenciales y permiten ejercer derechos fundamentales como comunicación, salud, educación y acceso a la cultura. Por si fuera poco, Internet organiza la economía y las actividades productivas, lo más urgente por reactivar ahora mismo. 

*El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

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