El Salvador | Sanción a Recinos afectaría a la Chivo Wallet

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La Prensa Gráfica David Bernal

La sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Carolina Recinos podría generar daños colaterales para uno de los proyectos insignias del actual gobierno: la billetera electrónica Chivo Wallet, a través de la cual se fomenta el uso del bitcóin en El Salvador.

Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, en el marco de la Ley Global Magnitsky, implican el “bloqueo de propiedades e intereses en Estados Unidos” para Recinos y hace que la funcionaria entre en una lista negra de personas con las cuales las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios o prestarles servicios.

Eso significa un problema para Chivo S. A. de C. V., pues Recinos es directora suplente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una de las dos empresas estatales que dio vida a la sociedad que administra la billetera electrónica. La otra es Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA).

El Diario de Hoy publicó en septiembre de este año que Recinos forma parte del directorio de ETESAL desde septiembre de 2020 y por lo tanto tendría relación directa con la aplicación Chivo Wallet, los cajeros y los POS con los cuales operan a nivel nacional.

Para Mario Gómez, experto en informática, esta relación sin duda podría traer complicaciones a la aplicación Chivo, aunque no de forma inmediata.

“En general, el problema de que te pongan en esa lista es que ninguna empresa que quiera hacer negocios te querrá ofrecer servicios. Y no se trata solo de hacer negocios allá, si no que tiene implicaciones más allá de Estados Unidos. Si te descubren que estás vendiendo servicios a un sancionado te pueden sancionar a ti, así que una empresa se lo pensará para correr ese riesgo”, explicó.

Gómez remarcó que tanto la empresa que construye los cajeros Chivo, como los software con los que estos operan, además de la nube donde se alojan los datos de la aplicación, son de origen estadounidense y que seguramente comenzarán a tener impedimentos para negociar o prestar servicios con empresas salvadoreñas. “Aunque la cambien a ella, una empresa querrá seguridad de que ningún sancionado tiene algo que ver”, sumó.