Tanto los funcionarios de la administración Trump como la industria de las telecomunicaciones consideran que las empresas privadas como AT&T y Verizon deberían administrar el desarrollo de 5G; lo opuesto es el plan de Rivada con una tendencia a la “nacionalización”.

En los últimos días se han presentado dos proyectos de ley bipartidistas, uno dirigido por John Cornyn y otro por Ted Cruz y Catherine Cortez Masto, con el objetivo de evitar que el gobierno federal busque una red nacional 5G.

Pero todo parece indicar que Trump pediría una red mayorista nacionalizada de 5G, como parte de su campaña de reelección de 2020 que apoyaría el plan Rivada.

Karl Rove, un cabildero registrado que trabaja en Capitol Hill en uno de los bandos por la pelea inalámbrica 5G, ha contactado a las oficinas del Congreso para advertir contra los esfuerzos de ambos partidos para prohibir el control gubernamental de la tecnología de próxima generación.

Un asistente del senador Cornyn informó a Politico que Rove se comunicó directamente con el senador para platicar sobre la legislación 5G. Rivada está respaldado por un aliado de Trump, Peter Thiel, quien espera que la administración tome el espectro inalámbrico del Departamento de Defensa, usando un operador externo (Rivada), para que las ondas aéreas estén disponibles para proveedores de forma mayorista.

Un portavoz de Rivada Networks opinó que “debería haber una red de acceso público mayorista y de acceso abierto 5G, financiada y operada de manera privada, voluntaria de usar y sujeto a las reglas de la competencia en el mercado”.

Para el presidente de Estados Unidos, una red 5G nacionalizada ayudaría al país en la competencia con China. Sus asesores han comentado públicamente que la Casa Blanca apoya oficialmente un “enfoque de libre mercado y libre empresa”, aunque no ha descartado la idea de la nacionalización. Al mismo tiempo, intenta tranquilizar al poderoso sector inalámbrico.

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