Fideicomiso e-México: ¿quién mete las manos al fuego?

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Proceso Jorge Bravo

La desaparición de varios fideicomisos públicos afecta directamente el desarrollo digital de México. Sin embargo, no debemos voltear el rostro al errático funcionamiento de esos instrumentos financieros sin analizar si realmente cumplían con su cometido. Tal es el caso del Fideicomiso e-México para ampliar la conectividad y cerrar la brecha digital en el país.

La eliminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica ocurre en la coyuntura de una emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia por covid-19. El 2 de abril, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” sin estructura orgánica. Unos días antes del decreto presidencial, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informaba que en la Cuenta Pública 2018 operaban 335 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, con un monto total de 878 mil 717 millones de pesos. La ASF reiteró la discrecionalidad, falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, y que no cumplían con el objetivo para el cual fueron creados.

Los fideicomisos públicos sin estructura orgánica análoga a una institución de gobierno no están obligados a reportar ingresos ni gastos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Uno de ellos es el Fideicomiso 2058 e-México, que en varias ocasiones ha sido objeto de auditoría por parte de la ASF.

Entre otras cosas, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados encontró que los recursos de e-México no se aplicaban, no se cumplía con las normas para la adjudicación de proyectos y no cumplía con su cometido.

Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, declaró en julio que el fideicomiso y el programa México Conectado (que utilizaba fondos de e-México) no servían y que tenían irregularidades en su operación.

El 29 de julio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Banobras celebraron el contrato de Fideicomiso público de administración e inversión e-México, para que la mayor parte de la población pudiera tener acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El fondo era operado por la Coordinación General del Sistema Nacional e-México (que después cambió a Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC)) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El Sistema Nacional e-México surgió por iniciativa presidencial en diciembre de 2000 para ampliar la cobertura nacional de las TIC y reducir la brecha digital entre gobiernos, empresas, hogares e individuos. Tenía tres ejes rectores: conectividad, contenidos y sistemas; así como cuatro pilares básicos: e-aprendizaje, e-salud, e-economía y e-gobierno.

Una auditoría a la Cuenta Pública 2011 al Fideicomiso e-México encontró una disponibilidad de poco más de 3 mil 810 millones de pesos no ejercidos, por lo que consideró importante “verificar que no se mantengan recursos sin aplicar o se utilicen para fines distintos del original y que se cumpla con el objeto para el que fue creado el fideicomiso”. Ese año sólo se erogaron 114 mil 104 pesos. En 2011 había 40.6 millones de usuarios de Internet, 14% de la población.

Desde 2002, ni el contrato ni las reglas de operación de e-México habían sido modificadas. En la revisión de la Cuenta Pública 2010, la ASF promovió una responsabilidad administrativa sancionatoria por la falta de actualización del contrato del Fideicomiso e-México y sus reglas de operación.

La ASF constató que la CSIC carecía de políticas o procedimientos para regular la planeación, recepción, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por e-México.

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En 2011, e-México tuvo vigentes 43 proyectos por 4 mil 610 millones de pesos, entre ellos el “Programa de apoyo complementario a la Conectividad Social de Banda Ancha” por mil 955 millones de pesos, equivalente a 79.7% del monto total autorizado.

La ASF encontró que al cierre del ejercicio sólo se formalizaron contrataciones de seis proyectos por 125 mil 439 pesos y se erogaron 16 mil 820 pesos, apenas 0.7% del monto autorizado, “por lo que permanecieron recursos autorizados sin aplicarlos para los fines del fideicomiso”.

La ASF constató que la CSIC no proporcionó los expedientes ni acreditó documentalmente la adjudicación de 15 contratos con distintas instituciones y universidades. En varias adjudicaciones directas se careció del dictamen que acreditara los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el Estado.

El incumplimiento de metas fue evidenciado por la ASF al señalar que el número de Centros Comunitarios Digitales tuvo una meta programada anual de 16 mil 700 centros y sólo se alcanzaron 6 mil 787, apenas 40.6% de lo programado, “debido al desfase en el inicio de los procedimientos de adjudicación y a problemas en la contratación de los proyectos”.

La ASF recomendó a la Cámara de Diputados analizar la viabilidad de asignar recursos al Fideicomiso e-México, “previa evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, o que no se otorguen recursos cuando la entidad conserve fondos presupuestales que no estén comprometidos o devengados”.

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A la SCT le recomendó analizar la viabilidad de extinguir el Fideicomiso e-México, porque “no está cumpliendo con el objeto para el cual fue creado”.

La ASF advirtió “consecuencias sociales” porque se mantuvieron recursos sin aplicar del patrimonio de e-México por 2 mil 328 millones de pesos, en perjuicio de zonas marginadas del país.

En 2014, la ASF volvió a hacer otra auditoría a e-México. Lo primero que encontró fueron 12 direcciones aprobadas, pero no contempladas en el Manual de Organización de la CSIC, las cuales “carecen de sustento normativo, ya que no cuentan con respaldo de sus atribuciones”.

Volvió a cuestionar el incumplimiento de metas: la SCT “no proporcionó información de las metas e indicadores relacionados con la cantidad de sitios a contratar y conectar anualmente de 2015 a 2018 para evaluar el cumplimiento de la meta de acceso a banda ancha de 250 mil sitios para 2018, definida en el Plan Nacional de Infraestructura”.

Durante las visitas de inspección a los sitios “conectados”, detectó que el equipamiento se encontraba conectado “en lugares que no cumplen con las condiciones óptimas para su buen funcionamiento”.

De un total de 37 mil 778 sitios monitoreados, 45.4% no prestaron el servicio, 83.6% no cumplieron con los niveles contratados y 45.4% presentaron una capacidad de uso menor a 5% durante 2014, “por lo que se encuentran desaprovechados”.

La Cámara de Diputados aprobó derogar y extinguir 109 fideicomisos y fondos, lo cual ha causado mucha polémica. El Fideicomiso e-México fue señalado con anterioridad por no cumplir con su razón de ser. Hoy ya no existe. Con 30% de la población sin acceso a Internet, ¿quién se atreve a meter las manos al fuego por él? Yo no.

El autor de este texto es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Twitter: @beltmondi

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