Gestión

Desde fines del año pasado, se empezaron a escuchar noticias del covid-19 en Asia. Luego en febrero, los contagios ya habian llegado a Europa. En marzo del 2020, empezó una nueva situación para todo el Perú.

En ese momento, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se empezaron a trabajar diversas medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, el derecho de los usuarios a contar con dichos servicios esenciales, y a la par, evaluar la mejor estrategia para reactivar el sector frente a la emergencia sanitaria, y sus efectos, en el marco de la Delegación de Facultades que concedió el Congreso de la República.

Uno de los problemas que se percibe en la emergencia, es respecto a la falta de conectividad en diversas zonas del país. Existe un déficit de 14 000 antenas aproximadamente (se manejan menores o mayores cifras por parte de otros actores, pero ello depende de la metodología de cálculo que efectúan), a pesar de que el país cuenta con un marco legal favorable que facilita el despliegue de infraestructura (tanto fibra óptica como antenas de telefonía móvil), que incluso ha sido tomado como ejemplo en otros Países.

Adicionalmente, el MTC ha implementado una serie de medidas para promover la expansión de la cobertura, como es el mecanismo del Canon móvil (que logró cerca de 250 localidades nuevas con cobertura), el reordenamiento de la banda 2.5 GHz (que ha logrado el compromiso de cerca de 440 localidades con nueva cobertura 4G), el marco normativo de arrendamiento de espectro, y concursos de frecuencias que se encuentran ya a cargo de Proinversión, entre otros. Sin embargo, a pesar de las facilidades legales, así como de mecanismos de incentivos, el crecimiento de antenas 4G en el último año fue sólo de 14%, cuando en el 2018 se incrementaron en 32%.

En ese sentido, dada la necesidad de mejorar la conectividad digital y facilitar las actividades a distancia de la población en el país, el MTC promovió un nuevo régimen especial para facilitar la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, el cual incluye el despliegue de fibra óptica y antenas.

Así, recientemente ha sido publicado el Decreto Legislativo N° 1477, que establece un procedimiento ágil y simplificado de obtención de la autorización municipal para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Este régimen busca garantizar el oportuno despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones requerida para la provisión del servicio de telecomunicaciones, en el actual contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, durante el cual es vital que la población desarrolle sus actividades cotidianas (laborales, educativas, comerciales) de manera remota, a fin de evitar la propagación del covid-19.

De este modo, el Perú se alinea a las medidas adoptadas por otros países de la región, como es el caso de Colombia, que ha creado un procedimiento especial para el trámite de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones por cuatro meses, sujeto a silencio administrativo positivo. Con la diferencia que el Decreto Legislativo N° 1477 establece un régimen de aprobación automática, que estará vigente hasta fines del 2020, con lo cual se busca ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales o donde exista mayor brecha de infraestructura.

De otro lado, en tanto dure la emergencia sanitaria, se establecen facilidades para la instalación de medios alámbricos y/u ópticos, que incluyen la fibra óptica, lo cual permitirá llevar mayor tráfico, mejorar la velocidad de navegación y brindar mayores servicios de telecomunicaciones.

Así, luego de analizar las características más comunes y considerando que tengan un impacto reducido en el medio ambiente, este régimen temporal permite un despliegue de hasta 1600 metros sobre canalización nueva en áreas urbanas, cuando actualmente solo se permite hasta 200 metros; y, dicho límite se amplía hasta de 4800 metros cuando el despliegue subterráneo es sobre infraestructura pre existente.

Finalmente, para solucionar un problema existente en todas las ciudades, y para asegurar un despliegue ordenado y en armonía con el entorno paisajístico y con la comunidad, las empresas están obligadas a identificar y retirar el cableado obsoleto, en desuso o en mal estado, de su titularidad, de forma simultánea al despliegue de los nuevos medios de transmisión, en coordinación con la municipalidad competente.

Este esfuerzo sin duda, debe ir acompañado con la colaboración de todos los actores que coadyuvan en este despliegue de infraestructura, tanto del sector público como del sector privado.

En esa línea, gobiernos locales, regionales, entidades públicas, empresas operadoras, y en especial, sus contratas que realizan despliegue e instalaciones a nombre de éstas empresas, entre otros, debemos estar alineados en aprovechar esta ventana de oportunidad para desplegar infraestructura, que sirve a todos los peruanos, que se encuentran inmersos, quieran o no, en la transformación digital.

Estamos en una nueva etapa, del cual no hay retorno, y debemos aprovechar, en forma inteligente y racional, las oportunidades que la tecnología nos ofrece. Sin duda, rechazar las ventajas de la tecnología hoy, ahora, en plena revolución digital, es regresar al medioevo: No retrocedamos, y sigamos hacia adelante.

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