Milenio Carolina Rivera

El gobierno de México deberá pagar una indemnización de cerca de 500 millones de dólares a la empresa en telecomunicaciones Tele Fácil por impedir que entrara al mercado de la telefonía fija y móvil, así como al de internet y televisión por cable del país.

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Tele Fácil obtuvo en 2013 su título de concesión para el uso de una red pública por 30 años para un servicio que no ha podido ofrecer hasta la fecha en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, así como en el municipio La Soledad, en Zapopan, Jalisco.

Durante los últimos tres años, la empresa propiedad de Joshua Dean Nelson y Jorge Luis Blanco aseguró que, por presiones de Telmex, el Estado incumplió las directrices previstas en el Tratado de Libre Comercio que le permitirán ofrecer estos servicios en México.

El 20 de septiembre pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial concedió la razón a la empresa y determinó que el demandante tenía derecho a recuperar las ganancias perdidas valuadas en 477 millones de dólares.

De acuerdo con la resolución en poder de MILENIO, el tribunal internacional acreditó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) adoptó una decisión “desde los niveles más altos para socavar y eludir” las directrices de la reforma en telecomunicaciones, que pretendía garantizar el acceso de más empresas en el mercado y contrarrestar la práctica monopólica de Telmex.

A lo largo de las 65 hojas también se evidencia que el órgano presentó expertos e información que favorecen y fortalecen a Telmex a lo largo del arbitraje, lo que muestra la disposición que tiene el Estado “para ocultar la verdad y dejar de lado sus políticas y leyes, incluidas sus reformas constitucionales”.

Además de demostrar que el IFT contradijo sus propias resoluciones al permitir, en un inicio, que Telmex y Tele Fácil se interconectaran en un plazo fijo, para después establecer un nuevo acuerdo, deplorado por algunos de sus entonces miembros, en el que eximen a Telmex de llegar a un acuerdo para lograr la interconexión, lo cual nunca se concretó.

No obstante, la reforma en telecomunicaciones aprobada desde 2013 claramente pretendía evitar que la empresa predominante en mercado se negara a interconectar a un competidor, para lo que la ley estableció que esta podría ser una casual para revocar el título de la concesión.

“No cabe duda que el IFT actuó ilegalmente para beneficiar a Telmex y luego agravó esa conducta ilegal al destruir o negarse a producir documentos que habrían revelado los verdaderos detalles sobre cómo nació el acuerdo 77”, detalla el documento. Como resultado de ello, el tribunal estableció que la actuación del organismo claramente viola las protecciones de inversión garantizadas en el TLCAN, por lo que deberá pagar los daños al inversionista.

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