Grandes diferencias entre las declaraciones de Internet como servicio público en Argentina y Colombia

La revisión de algunos conceptos alcanza para desestimar cualquier intento por asociar los proyectos como semejantes. Los documentos comparten algunas ideas, pero no su espíritu ni su aplicación práctica.

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Con pocos meses de diferencia y la pandemia como contexto, Argentina primero y Colombia después, aprobaron la definición de Internet como servicio público esencial. Aunque los nombres de las propuestas empujan a la asociación, los textos son absolutamente distintos desde sus caminos previos, alcances, recepción, consecuencias y más aún, desde su espíritu.

DNU vs. Ley

La primera gran diferencia entre los documentos es la forma en que pasaron a ser parte de las normativas locales. El gobierno argentino estableció a las TIC –incluyendo a la telefonía fija y móvil, Internet y TV de paga– como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia por decreto. La merienda de la industria del viernes 21 de agosto de 2020 se vio interrumpida por un tuit del presidente, Alberto Fernández, en el que expuso la novedad.

¿Por qué el texto no pasó previamente por el Congreso? El documento da respuesta a la pregunta al exponer que “la situación de urgencia y necesidad hace imposible seguir el trámite normal para la sanción de las leyes”. La forma no sólo llamó la atención, sino que fue uno de los reclamos más habituales de los detractores del proyecto que, como se revisará luego, no cuenta con el visto bueno de la industria: desde los operadores más pequeños a los grandes proveedores de servicio y analistas del sector, existe consenso sobre el impacto negativo de la medida para el desarrollo, despliegue y adopción de los servicios.

En Colombia, en tanto, el documento tiene caracter de ley. Tiene por objeto “establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones el acceso a Internet como uno de carácter especial”. La discusión inició el año pasado a partir de un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado para luego ser sancionado, a finales de julio de 2021, por el presidente Iván Duque. La medida contó con un amplio debate, diálogo público-privado, y consenso.

Alcance

Aquí se podría hablar de similtudes, pero un poco de atención resulta suficiente para entender que el alcance de las medidas es completamente distinto. La propuesta argentina habla de universalización, pero la palabra más apropiada como concepto oculto parece ser “control”. Al menos así lo entienden las empresas del sector y así lo entienden también las autoridades: “Internet va a ser servicio público para que no nos sigan robando con los precios”, dijo en conferencia el presidente Fernández.

El DNU 690 señala que los licenciatarios TIC fijarán sus precios, “los que deben ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Luego, deja claro que las tarifas, a fin de cuentas, serán reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). De paso, critica a la oposición política al indicar que en 2015 “se derogó gran parte del andamiaje legal establecido en materia audiovisual y TIC, abandonando la idea del acceso a estos como derecho humano”.

La prohibición de aumentos en Argentina se sumó luego a la reglamentación del DNU por la que se limitaron los incrementos de precio por parte de prestadores. Este punto fue el de más álgido debate en el plano local, pues los operadores se quejaron de que el combo de alta inflación, límites para aumentar y más costos pondrían en serio riesgo su operación. También hubo quejas por la puesta en marcha de la Prestación Básica Universal (PBU) o servicios mínimos a precios predefinidos que todavía deben ofrecer obligatoriamente las empresas.

Al mismo tiempo, el regulador argentino aún no ha reglamentado el modo ni las fórmulas para las aprobaciones de actualización de precios, lo que derivó en una situación de incertidumbre y discrecionalidad respecto de las autorizaciones de aumentos.

El fin de la ley colombiana, en tanto, es “garantizar y asegurar la prestación del servicio de forma eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes en territorio nacional, en especial de la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales o apartadas”. Propone también que los prestadores no pueden suspender tareas de instalación y/o mantenimiento y deben garantizar la continua provisión del servicio. Sin embargo, en ningún caso plantea control de precios minoristas.

La normativa pone en las autoridades –el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones– la competencia de “incentivar la provisión de acceso a Internet” a través de un paquete de medidas diferenciales para proveedores que ofrezcan Internet minorista en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso. Tendrán 10 meses para hacerlo a contar desde la publicación de la ley.

A partir de la nueva regla local, se financian líneas de crédito para el fortalecimiento de redes y servicios de telecomunicaciones en sitios apartados, se alivia la presión impositiva sobre operadores que den servicios a estos sitios y se pone de manifiesto la idea de “silencio administrativo positivo” ante solicitudes de licencias para la construcción, conexión, instalación y operación para la prestación de servicios de telecomunicaciones que no sean respondidas dentro del mes siguiente de su presentación.

El rol de la pandemia

Tanto Argentina como Colombia mencionan a la Covid-19 y sus consecuencias como argumentos relevantes a la hora de generar los nuevos instrumentos normativos. Argentina, de hecho, pone en la pandemia el escenario que genera la necesidad de limitar los aumentos; mientras que Colombia señala que durante la emergencia sanitaria, y con el ojo puesto en garantizar el acceso a todos los habitantes, se pondrán en marcha planes especiales, que encuentran su sinónimo en las PBU que impulsó el gobierno argentino.

Los operadores del país más sureño del mundo se quejaron del uso del contexto de la pandemia en la decisión local, pues consideraron inadecuado que se generen reglas definitivas –el DNU 690– para solucionar problemas transitorios. “Les pido que no nos ayuden tanto”, bromeó un representante de ISP en un evento local en el que se habló de los pequeños prestadores como los principales perjudicados por el decreto y sus reglamentaciones. No alcanza, a su criterio, que la normativa tenga alcances asimétricos según el tamaño del operador.

Reacciones

Hay pocas declaraciones públicas de los operadores sobre el impacto y las consecuencias de la declaración de Internet como servicio público esencial en Colombia. Sin embargo, tras bambalinas la no oposición es señal de anuencia al proyecto, que resulta en acciones más favorables que perjudiciales hacia sus intereses en el camino a la universalización del servicio en el país.

Argentina, sin eufemismos, está del otro lado. Operadores de todos los tamaños expresaron abiertamente sobre las consecuencias negativas del DNU 690, señalando en las más duras observaciones que la declaración es prueba de desconocimiento de las autoridades sobre cómo funciona el mercado. Los reclamos llegaron a la justicia.

Distintos actores pidieron la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional. Hubo respuestas de la justicia a favor de las autoridades, como la que acaba de publicarse en contra del pedido de Telefónica, pero varias fueron luces verde al pedido de los operadores. A los casos de DirecTV y Telecentro, entre otros, se le agrega el de Telecom Argentina, un  emblema de la discusión porque el gobierno recurrió sin éxito el fallo en su contra.

Apalancado en las decisiones en contra es que surgieron distintos proyectos oficialistas para convertir en ley el DNU 690. El más resonante fue el presentado por el senador y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, que es prácticamente una réplica del decreto y que también fue eje de quejas por parte de los prestadores de servicio e incluso de personalidades vinculadas con la oposición.

Situación actual

Con diferentes iniciativas en marcha en ambos países, Argentina y Colombia ofrecen públicamente sus datos dando lugar a la comparación en la situación actual de uno y otro en materia de Internet fijo:

Argentina: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) registra 9.6 millones de accesos a banda ancha fija al primer trimestre del año, con una penetración del servicio del 67.9 por ciento y una velocidad promedio de 43.1 Mbps. A pesar de un crecimiento constante en los últimos años, la fibra óptica todavía es la tercera del podio entre las tecnologías de acceso, con una participación de 13.4 por ciento. Si bien es cierto que el número de conexiones al servicio se mantiene en alza, los pequeños proveedores alertaron que se ralentizó el crecimiento en los últimos años y, en las condiciones actuales, llevará 12 años alcanzar la idea de universalización del servicio.

Colombia: el Ministerio TIC informa 8.05 millones de accesos a Internet fijo al primer trimestre, poco menos de un millón más en la comparación interanual. Sobre habitantes, esa es la medición del regulador, el servicio llega a 15.7 de cada 100 personas. La velocidad promedio es de 39.5 Mbps, apalancada por el segmento corporativo (promedio de 50.4 Mbps) y los estratos socioeconómicos más altos. La fibra óptica es la segunda tecnología de acceso en el país, con 1.5 millones de accesos que equivalen al 18 por ciento del mercado. En primer lugar se mantiene cable módem (4.9 millones) y el tercer puesto es para xDSL (1.2 millones).

Así las cosas, parece más que evidente que la ley colombiana y el decreto argentino sólo tienen en común algunas palabras y unos pocos conceptos que pueden funcionar de elementos para forzar su familiaridad, pero en su alcance y consecuencias se explican las distintas respuestas de los actores de uno y otro mercado. Universalización y garantías para la prestación uno, control de precios y foco en la demanda a partir de condiciones para los operadores el otro. En criollo, nada que ver.