Veinte grupos de defensa de Estados Unidos, Europa, América Latina y otros países firmaron una declaración, instando a los reguladores a estudiar la oferta de Google de 2.1 mil millones de dólares por el fabricante de relojes deportivos inteligentes, Fitbit, debido a preocupaciones de privacidad y competencia, informó Reuters.

Las organizaciones, que incluyen a Public Citizen en Estados Unidos, Access Now from Europe y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, argumentaron que el acuerdo expandirá la influencia ya considerable en los mercados digitales de Google.

Las organizaciones emitieron una declaración argumentando que la adquisición de Fitbit proporciona a Google acceso a información confidencial del usuario, como sus frecuencias cardíacas, la calidad del sueño y la cantidad de pasos que recorren diariamente. El grupo cree que Google puede usar los datos de Fitbit para expandir su dominio en los mercados digitales.

“La experiencia pasada muestra que los reguladores deben desconfiar de cualquier promesa hecha por las partes fusionadas sobre restringir el uso de los datos del objetivo de adquisición. Los reguladores deben asumir que Google en la práctica utilizará la totalidad del conjunto de datos altamente sensibles, únicos e independientes de Fitbit, en combinación con los suyos”, dijeron los grupos.

En respuesta a la declaración, una portavoz de Google explicó a Reuters que la adquisición de Fitbit se trata de dispositivos y no de datos. Agregó que la combinación de los esfuerzos de hardware de las dos compañías sólo aumentará la competencia en el sector de dispositivos portátiles.

Se espera que los reguladores antimonopolio en Europa tomen una decisión sobre si aprueban el acuerdo o abren una investigación más extensa antes del 20 de julio. La autoridad de competencia de Australia dijo recientemente que podría estar preocupado con la adquisición de Fitbit y tomará una decisión a fines de agosto.

En Washington, Google está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como por un comité del Congreso y docenas de estados, por usar su poder de mercado para dañar a competidores más pequeños.

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