IFT: reforma integral a Ley de Derechos

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Excélsior Alicia Salgado

En pleno periodo ordinario del Poder Legislativo y justo el día que arranca la discusión de la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha hecho llegar a la Secretaría de Hacienda y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, un documento amplio en el que propone un diálogo franco y abierto con ambas instancias (la Ejecutiva y la Legislativa), para revisar fondo la propuesta de elevación de los derechos sobre el espectro radioeléctrico para uso móvil.

El IFT, órgano autónomo, instrumento técnico del Estado mexicano en la materia, elaboró con gran precisión el diagnóstico, presente y futuro, del impacto que tendrá la política recaudatoria solicitada por el Ejecutivo. El presidente López Obrador, de hecho, dijo que él no avalaría un aumento de derechos que repercuta en el bolsillo de los mexicanos. La telefonía móvil que incluye voz e internet, es un bien esencial y, justo cuando el IFT abrió la posibilidad de licitar más espectro, la SHCP propuso un incremento de derechos que encarece no sólo esas bandas, sino, además, todo el servicio.

El llamado no es para cancelar el pago por el uso de un bien del Estado, sino una revisión racional y razonada de lo que provoca el alto costo de ese activo en México.

El IFT establece que “los precios altos por el espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos anuales contenidos en la LFD, resultan en barreras a la entrada de nuevos competidores en el mercado, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública de espectro, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T, que encabeza Mónica Aspe, y con todo el espectro para servicios móviles de Telefónica), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de quinta generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales.

Todo aumento en el derechos, particularmente por el esquema recaudatorio que se ha impuesto a este bien, “se traduce en aumentos de precios al consumidor”, pero lo grave es que, con base en la información presentada por el instituto a la SHCP, “los montos actuales de los derechos por el uso del espectro son, en promedio, superiores en 60% a la media internacional (con base en una muestra que incluye a 40 países) y que esta diferencia crecería a casi a 70% con los incrementos propuestos por la SHCP”. ¡Mas directo ni la indirecta!

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