Impacto de la inversión en infraestructura digital sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

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Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con GSMA, publicó un estudio que mostraba el impacto de la infraestructura de la industria digital en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 12 países de América Latina y el Caribe (ALC) [1]. El resultado principal destaca la existencia de una brecha entre los resultados obtenidos para cada ODS entre los países estudiados y los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como con las metas de los ODS establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Promover la inversión en el sector de las telecomunicaciones es fundamental para aumentar la contribución de la infraestructura digital al desarrollo sostenible. En ese sentido, las políticas públicas, como el financiamiento de las obligaciones de servicio universal, van en la dirección correcta. 

Muchos países de la región han puesto en marcha numerosas políticas públicas para financiar el despliegue de infraestructura digital, especialmente en zonas menos desarrolladas, y también han desplegado redes de fibra óptica troncal. La mayoría de estos planes se financian a través de los ingresos de la industria, con la excepción del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Chile y el Foncos en México, que se financian con cargo al presupuesto público.

Es por ello que el correcto uso de los fondos y el financiamiento público concesional internacional proveniente de bancos multilaterales de desarrollo (BMD) pueden movilizarse en áreas donde los recursos públicos nacionales son insuficientes y las empresas no pueden encontrar financiamiento privado adecuado.

Uno de los principales obstáculos para que la industria digital contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que en la región de América Latina y el Caribe (ALC) hay un menor nivel de difusión de los servicios digitales, en comparación con otras regiones. La penetración de dichos servicios en los hogares de la región sigue siendo escasa con respecto al promedio de la OCDE.

El poder adquisitivo de la población es considerablemente limitado en términos de la adquisición de dispositivos y, especialmente, terminales como PC y teléfonos inteligentes. Esta es una de las principales barreras para la adopción de banda ancha (tanto móvil como fija) en América Latina, especialmente entre los segmentos más pobres de la población.

En el caso de la banda ancha fija, la brecha de demanda de América Latina representa en promedio 45 por ciento. Este porcentaje refleja los hogares que no pueden acceder a banda ancha fija, independientemente de la disponibilidad existente en el lugar donde residen. Como ya se mencionó, una de las principales causas de los impedimentos a la demanda es el alto costo que representa adquirir servicios de telecomunicaciones para los individuos (banda ancha móvil) o los hogares (banda ancha fija) en relación con el ingreso promedio en la región. En este contexto, las autoridades públicas pueden adoptar políticas que reduzcan el costo de adquirir servicios de banda ancha.

Otro elemento importante para incentivar la adopción de tecnología digital es la disponibilidad de contenido local. La generación de contenido local específico puede llevar a un aumento de la tasa de penetración de banda ancha, como lo muestran los datos de la OCDE para los países de Europa y Asia, e incluso América Latina.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la inversión en infraestructura digital tiene un impacto directo sobre los ODS, como se pone de manifiesto en la siguiente figura:

De hecho, el BID estima que, en los doce países incluidos en su estudio, 360 mil personas se salvarían del hambre si la inversión en telecomunicaciones aumentara 10 por ciento. Dicho de otro modo, por cada punto porcentual de crecimiento de la inversión en el sector de las telecomunicaciones se conseguiría un aumento del PIB de 0.09 por ciento.

Si bien los niveles de inversión han ido aumentando de forma sostenida en todos los países, las necesidades de inversión incremental para cerrar la brecha con la media de los países de la OCDE en cada uno de los ODS definidos difieren mucho, como se desprende de forma ilustrativa para los ODS 1, 2, 3, 8 y 10 en la siguiente tabla:

ODS123810
Argentina0%5%15%13%19%
Bolivia18%29%29%37%25%
Colombia11%13%18%26%22%
Chile3%6%2%30%20%
Costa Rica5%14%2%36%25%
Ecuador8%19%14%10%18%
GuatemalaN/A26%23%35%N/A
Honduras26%26%24%38%28%
Mexico7%7%14%25%15%
Panama6%17%10%40%25%
PeruN/A16%19%34%21%
SurinameN/A14%22%18%N/A

En este sentido, es necesario que los gobiernos de la región adopten una serie de medidas de política pública y regulatoria que favorezca la inversión. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

1. Papel de las organizaciones multilaterales y de los fondos públicos. La revisión de los usos de los fondos de desarrollo de las telecomunicaciones, y la involucración de la banca de desarrollo nacional e internacional para apoyar la implementación de las agendas digitales, pudieran ser dos catalizadores para el despliegue de infraestructura digital en la región.

2.     La revisión del marco regulatorio y la reglamentación secundaria parece ser otro tema importante, en particular, lo relativo a la existencia de impuestos excesivos y la revisión de las políticas regulatorias ex ante en aquellas áreas o mercados donde se demuestre que existe una competencia efectiva y sostenible.

3.     El objetivo último pasa por abordar el problema de la baja penetración de tecnologías TIC en la región a través de: i) políticas para promover el alfabetismo digital en los quintiles de renta baja; ii) políticas de reducción de los costes de servicio y iii) aumento en la disponibilidad de contenido local.

4.     Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías como IoT y M2M, es clave para alcanzar una mejora en ODS para los que ya existen aplicaciones y proyectos pilotos en la región.


[1] Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Mexico, Panama, Peru y Suriname.