Nueve asociaciones de la industria digital advirtieron que fijar un nuevo impuesto de 2 por ciento a las plataformas tecnológicas sobre el valor de cada entrega a domicilio, como lo propone la iniciativa de decreto del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022, provocará graves afectaciones a miles de negocios y repartidores de la capital y frenará el crecimiento de la economía digital.

La Asociación de Internet MX, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación Fintech México, la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Asociación Latinoamericana de Internet rechazaron la propuesta del gobierno e hicieron un llamado al Congreso a considerar los perjuicios de la medida.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones alertaron que otro gravamen para las plataformas de entrega de comida, paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía encarecerá aún más los precios que pagan los consumidores finales en un contexto de alta inflación, la cual, según el Banco de México, es la peor vista en 20 años.

“Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación de ganancias en estos tiempos de pandemia”, señalaron.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ayer en una conferencia que el impuesto de 2 por ciento sobre el valor de cada entrega será para las plataformas y no se trasladará a los usuarios finales ni a los repartidores. Sin embargo, además de la industria, el colectivo Ni Un Repartidor Menos también considera que se mermarán sus ingresos.

No sólo se verán afectadas las plataformas, también los comercios, restaurantes, plataformas de pago, logística, de última milla, de venta a domicilio, los mercados en línea, entre otras plataformas que fungen como intermediarias y facilitadoras en la entrega de productos y servicios, de acuerdo con las asociaciones.

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Los daños se extenderían al comercio minorista que utiliza las plataformas para ofrecer sus mercancías, pues el impuesto aumentará los costos. En ese sentido, las organizaciones indicaron que la medida fiscal frenará el crecimiento de este sector y la economía digital en general.

Desde antes y durante la pandemia por la Covid-19, las plataformas digitales de reparto se convirtieron en una fuente de ingresos alternativa y adicional para las personas, ante el declive de la economía tradicional y el desempleo. Además, dijeron, la economía digital es un sector clave para la recuperación económica de la Ciudad. 

El impuesto es inconstitucional y discrecional

Las nueve asociaciones también alertaron que fijar un nuevo impuesto con la justificación de que las plataformas usan y explotan la infraestructura urbana “es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”.

Para la industria digital, el gravamen propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum contraviene el principio de equidad tributaria al pretender que se pague más por usar las calles, limita la creación de valor económico y social en favor de los usuarios finales a través de la economía digital.

Asimismo, las organizaciones recordaron la promesa del gobierno federal de no crear nuevos impuestos. Hace unos meses, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no se incrementarían los gravámenes existentes ni se crearían nuevos. Sin embargo, la iniciativa de la administración capitalina olvida ese compromiso.