La transformación de la economía basada en la producción de bienes y servicios tradicionales a la economía digital es algo que cada vez se ha incrementado más en las discusiones de los hacedores de política pública en América Latina, en especial como una forma de respuesta a la afectación que ha generado la pandemia. Lo anterior representa una oportunidad para repensar o “rethinking” la política recaudatoria de las actividades económicas que han venido creciendo y seguirán incrementando su papel en la generación de valor.

En especial, hay que considerar los resultados que se han obtenido de la política de recaudación aplicada al sector de telecomunicaciones. Con la situación actual los legisladores y reguladores se han dado cuenta de la importancia de la inversión en el sector de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Sin embargo, es necesario tomar como ejemplo lo que ha sucedido con la recaudación de impuestos en telecomunicaciones, a pesar de contar con un aporte de 22 por ciento de los ingresos del mercado para 2017, proveniente de los impuestos cancelados por los consumidores y operadores móviles, según la GSMA.

En el caso especifico de América Latina, los impuestos generales y específicos al sector móvil, como porcentaje de los ingresos del mercado en 2017, fueron de 18 por ciento. Según la GSMA, en Brasil representaron 40 por ciento de los ingresos de los operadores móviles. En un estudio realizado por Deloitte en 2012, las telecomunicaciones móviles realizaron un aporte socioeconómico importante que se calcula en más de 177 mil millones de dólares en nueve países de América Latina, incluidos Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Panamá.

Aún así, estos niveles de recaudación no se han traducido en el cierre de la brecha digital, cuando contamos con 33 por ciento de la población sin acceso a Internet, según Statista para 2018. De hecho, parte de esta recaudación incluye lo aportado a los Fondos de Servicio Universal que, en teoría, deberían lograr el cierre de la brecha digital. Sin embargo, en Costa Rica, aún en medio de la pandemia que ha dejado en evidencia la importancia del acceso a la conectividad de Internet, se está discutiendo la posibilidad de utilizar los fondos de servicio universal para otros fines.

Es cierto que muchas economías en América Latina dependen de la recaudación de impuestos como lo muestra la gráfica de la empresa Statista. Destaca que el promedio regional es de 22.8 por ciento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en 2017.

Ahora bien, si en Latinoamérica se tiene la intención de avanzar hacia una economía digital, es necesario observar que la política de impuestos debe ser vista como una forma diferente para poder impulsar las actividades económicas propias de la economía digital. Tendría más sentido si queremos trasladar parte de la actividad informal hacia una economía digital, dentro de un esquema que genere un nivel de formalidad a la provisión de servicios digitales.

Es evidente que la economía digital es una alternativa viable para que las personas puedan intentar mantener sus actividades económicas o la búsqueda de alternativas que le permitan obtener ingresos. Se han establecido impuestos digitales sobre estas actividades, lo cual puede afectar no solo las grandes empresas que han logrado establecer actividades económicas en la provisión de bienes y servicios digitales.

En este sentido, debe existir una estrategia diferenciada en el establecimiento de impuestos o carga fiscal a las empresas de la economía digital. Considero que es necesario definir un marco especial para las pequeñas empresas digitales, en especial si queremos realizar una migración de las personas que viven de la economía informal a convertir su emprendimiento en una empresa digital. Por lo que, entre otras cosas, las cargas impositivas deberían ser las mínimas posibles para promover que las personas encuentren ventajas en formalizar su actividad y transformarla a una empresa viable en el mundo digital.

Obviamente, esta no es la única medida que debe tomarse. Sin embargo, es fundamental para que las personas consideren la creación de una empresa digital. Facilitar la creación de empresas digitales dentro de las pymes es una alternativa viable para enfrentar la crisis presente en estos momentos en América Latina, como una de las regiones del mundo que enfrentará grandes retos derivados de la pandemia.

Por otra parte, existen grandes empresas que desde el inicio han generado estas nuevas actividades de la economía digital. Quizás al hablar de economía digital es fácil identificar los grandes jugadores en este momento. Algunos países han tomado medidas imponiendo impuestos digitales a estás actividades, además de otras obligaciones. Sin embargo, sugiero revisar los objetivos que se quieren alcanzar al imponer estás cargas fiscales en América Latina.

Es necesario considerar que las empresas líderes en las actividades de la economía digital han venido realizando esfuerzos en colaboración con los operadores móviles para el cierre de la brecha digital. Por lo que es importante aprovechar ese interés en cerrar la brecha digital para organizar asociaciones público-privadas para dirigir los esfuerzos de conectar a los desconectados.

Sustituir la posibilidad de realizar aportes al fisco o una política mixta para financiar acciones concretas en lograr llevar el servicio de Internet a esas poblaciones, que debido a la dispersión geográfica es muy costoso, se logra solo con acciones propias del sector público o los operadores de telecomunicaciones privados. Existen varias acciones de estas empresas digitales que han ofrecido servicios basado en el zero rating, para impulsar el acceso a teleducación, telemedicina e incluso utilizar las habilidades digitales hacia la generación de ingresos por parte de la población.

Considero importante tomar en cuenta otras alternativas distintas a la imposición de impuestos, como la inversión en el despliegue de redes de telecomunicaciones. Este tipo de decisiones pueden ser más efectivas con la necesidad de cerrar la brecha digital. Ya hemos visto claramente cómo la imposición de impuestos para la creación de fondos para financiar el despliegue de redes no ha sido 100 por ciento efectiva para alcanzar la cobertura poblacional para el acceso a Internet.

En especial, debido al costo de poder llegar a lugares tan distantes y con una alta dispersión de la población. Por ejemplo, en Costa Rica la densidad de población es de 98 habitantes por Km2, México de 64 habitantes por Km2, Chile de 24 habitantes por Km2 y en Reino Unido de 264 habitantes por Km2. Esto es un ejemplo claro del costo que tenemos en América Latina para lograr alcanzar el objetivo de llevar acceso a Internet al 100 por ciento de la población. En otras regiones como Europa están apuntando a lograr la cobertura territorial superior a 90 por ciento del territorio. Claro, hay que considerar que muchos países en esa región tienen un tercio de la extensión territorial de la mayoría de los países en América Latina.

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