Industria telco teme que marco de la Comunidad Andina sobre protección a usuarios se vuelva una camisa de fuerza

Las asociaciones del sector advierten que las modificaciones a la Decisión 638 de la Comunidad Andina, sobre protección a los usuarios, puede ser inviable para los países miembros.

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La industria telco colombiana y de América Latina se muestra preocupada por la propuesta de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para actualizar la Decisión 638 que contiene los lineamientos de protección a los usuarios de telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Tanto la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) como la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) consideran que puede ser inviable, poco productivo y hasta contraproducente para cada país forzar un marco normativo supranacional en la materia.

A mediados de mayo, la Comunidad Andina puso en consulta pública su proyecto para modificar la Decisión 638. Entre los elementos que se buscan introducir, están brindar garantías para el flujo transfronterizo de datos; establecer principios de protección a datos personales; asegurar el derecho a la portabilidad numérica; la protección a los usuarios de roaming internacional, y otros más.

En un foro organizado por la Universidad Externado de Colombia y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil ―que agrupa a Claro, Tigo y Telefónica―, aseguró que los cambios que plantea la CAN pueden ser una camisa de fuerza, que afectaría la seguridad jurídica de la industria y generaría un conflicto con la dinámica de protección a los usuarios en cada nación.

“Hay que entender, previo a adoptar una decisión de este tipo y debido a su trascendencia, cuál puede ser el impacto sobre los usuarios y la industria; si es viable jurídica y económicamente; si va a estimular o desestimular las inversiones de la industria en los países de la Comunidad ―Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador―; si va en contravía de las regulaciones internas de cada país, porque cada uno tiene dinámicas propias”, explicó.

“Una pregunta que nos tenemos que hacer es si esta decisión de la CAN es aplicable en el caso de Colombia”, puntualizó Hoyos, debido a que podría ser una traba para las regulaciones internas que han funcionado, así como limitar la innovación y la flexibilidad en el sector.

Para el presidente de Asomóvil, es imprescindible que la Comunidad Andina realice un análisis de impacto normativo, que haya gobernanza regulatoria y se propicie una amplia discusión sobre la propuesta, con miras a evitar el desarrollo del ecosistema digital.

La Secretaria General de Asiet, Maryleana Méndez, coincidió en algunas de las inquietudes de Hoyos. Si bien es importante el rol de los organismos supranacionales como la CAN, resaltó que se deben comprender las diferencias en los países en cuanto a sus arreglos institucionales y marcos normativos antes de introducir cambios en la Decisión 638.

“Puede ser poco productivo forzar un marco supranacional que no es viable para un país”, y hay posibilidad de que sea un revés para promover las inversiones por 161 mil millones de dólares que hacen falta en América Latina para ampliar la conectividad, advirtió Méndez.

En ese sentido, la secretaria General de la Asiet hizo un llamado a que la CAN haga un análisis de los costos e impactos de la regulación propuesta, y dé prioridad a la transparencia y la participación ciudadana.

También, precisó, hay que revisar los retos que impone la existencia de plataformas digitales y empresas de Internet en el ecosistema, pues los operadores de telecomunicaciones compiten con estos nuevos actores y de igual forma son parte del marco de protección al usuario.

América Latina, atomizada en cooperación regulatoria

Frente a los desafíos que trae la digitalización en materia regulatoria, especialmente en la protección de los usuarios, algunos elementos que se deben integrar al análisis son que el ritmo de la innovación suele ser más rápido que la normativa; se desdibujan los límites de los mercados y sectores; la aplicación transfronteriza dado a ese mismo carácter de Internet, y la tensión con derechos como la privacidad y la seguridad.

Así lo comentó durante el foro el especialista de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alejandro Patiño.

Precisamente, uno de los elementos que agrega el proyecto de actualización de la Decisión 638 es garantizar condiciones para el flujo transfronterizo de datos, porque las empresas operan más allá de las barreras territoriales en el marco de la economía digital. Y eso representa un reto más para los reguladores nacionales.

La cooperación entre los países es clave para abordar ese desafío transfronterizo de la economía digital. Sin embargo, Patiño expuso que la región se encuentra muy atomizada: hay varios bloques comerciales de cooperación subregional y, aunado a ello, sólo México y Colombia han modernizado sus marcos normativos de comunicaciones.