Innovación, cooperación y sostenibilidad, la fórmula que necesita la transformación digital en América Latina

Representantes de la industria telecom coincidieron en que la región debe implementar políticas públicas y regulación que promuevan la inversión a largo plazo.

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Para alcanzar los beneficios de la transformación digital en América Latina, se necesita innovación en la industria de telecomunicaciones y el resto de sector productivos, cooperación público-privada y sostenibilidad financiera, afirmó la Directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Hispam, Ana Valero.

“Innovación para la industria, el cierre de la brecha digital y el desarrollo de capacidades digitales en los ciudadanos; necesitamos cooperación, unir esfuerzos público-privados, privados-privados, ponernos todos remando en la misma dirección para avanzar rápidamente en la misma dirección, y sostenibilidad financiera de los proyectos, el entorno jurídico es clave para la atracción de inversiones”, señaló.

Durante un panel en el evento Digital Innovation Day, un grupo de representantes de la industria coincidió en que los países de la región deben implementar políticas públicas y regulaciones que promuevan las inversiones necesarias en infraestructura de telecomunicaciones, pues es la base de la transformación digital que atravesarán todas las actividades económicas y sociales.

A raíz de la pandemia por la Covid-19, se hizo aún más evidente la importancia de la transformación digital y la conectividad para la resiliencia de las naciones. Y aunque eso provocó progresos incluso en un contexto de crisis, los especialistas señalaron que en varios casos no hay coincidencia entre los discursos a favor del desarrollo digital y las acciones reales y concretas.

Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Millicom, señaló que impulsar la innovación y la adopción tecnológica exige brindar fondos y recursos; tener marcos jurídicos previsibles, claros y modernos; fortalecer mercados competitivos que permitan el crecimiento a largo plazo, y reformular reglas obsoletas.

Los reguladores de la región tienen que pensar a conciencia si quieren “mercados hipercompetitivos” pero con resultados pobres para los operadores y bajas proyecciones de inversiones; o mercados más pequeños, consolidados, con operadores que tengan capacidad de inversión a largo plazo, pues “no habrá innovación ni transformación digital suficiente sin un flujo de inversión que sea sostenible”, advirtió Romanelli.

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El Director de Relaciones Institucionales de Liberty Latin America en Costa Rica, José Pablo Rivera, destacó que también se necesita tomar en cuenta que el ecosistema digital ha evolucionado y trae consigo nuevos modelos de negocio, en los que convergen los servicios de conectividad tradicional (como la banda ancha) con soluciones digitales (como los over-the-top).

“Un país y sus actores políticos que no comprendan esa realidad, y no sean capaces de adaptar sus políticas públicas de toda índole ―fiscal, de infraestructura o de competencia―, no va a ser capaz de generar un entorno propicio para la inversión, y para el crecimiento y la innovación tecnológica, aseguró.

Reevaluar los FSU

Ava Valero también hizo hincapié en que, dentro de un nuevo enfoque de política pública y regulatoria, no se puede olvidar un tema imprescindible para la conectividad: los Fondos de Servicio Universal (FSU), que están pensados para llevar acceso universal de Internet o telefonía, especialmente a las zonas rurales y desconectadas.

La directiva de Telefónica explicó que se requiere una revisión profunda sobre dichos fondos: analizar cómo se han concebido, cómo se implementan en los países y de qué manera se ejecutan los recursos.

En algunas naciones de América Latina, los FSU han mostrado un grado muy bajo de uso de los recursos; es decir, no se están utilizando para expandir la conectividad universal, o se dirigen a otros proyectos del gobierno, como lo alerta un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Valero comentó que conectar a las zonas rurales de la región implica replantear estos fondos; incluir en su funcionamiento, por ejemplo, el subsidio directo a la demanda, ya que la población más pobre no puede costear el precio de los servicios. Y, además, diseñar políticas públicas capaces para que los operadores amplíen la cobertura con soluciones innovadoras en las localidades rezagadas.