Integrar VoLTE y OTTs: aspectos problemáticos del proyecto de régimen de interconexión en Colombia

Telcos, empresas y organizaciones hicieron observaciones a la CRC sobre posibles riesgos en las propuestas para actualizar el régimen de interconexión.

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Para la industria TIC y de telecomunicaciones en Colombia, hay en especial tres elementos problemáticos en la propuesta para actualizar el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) abrió a consulta en mayo pasado.

Uno de estos aspectos es que no se publicó un análisis del impacto normativo, con el fin de saber los costos de la implementación de medidas y sus posibles efectos: en ello coinciden Claro, Tigo y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). En particular, Claro también observó que falta una evaluación que justifique la modificación del régimen actual.

En segundo lugar, Tigo y Claro advirtieron que obligar a los proveedores que han desplegado VoLTE a que habiliten la interconexión en esta red ―como plantea la Comisión― podría generar efectos negativos, desincentivar las inversiones y retrasar el desarrollo natural de esta nueva tecnología.

“VoLTE es una tecnología incipiente que no se encuentra plenamente desarrollada a nivel mundial y menos en nuestro país”; a pesar de que ha estado disponible desde hace 10 años, en 2020 únicamente el 30 por ciento de los operadores móviles del mundo con 4G había lanzado servicios VoLTE comerciales, señaló Claro.

Dada su baja adopción, la empresa dijo que “pasar abruptamente” a imponer una obligación de brindar la interconexión VoLTE implicaría cuantiosas inversiones, sin que hasta ahora exista un tráfico que lo amerite y sin que el regulador clarifique cuáles serían las condiciones de remuneración.

Tigo coincidió en este punto con Claro. En su respuesta a la consulta de la CRC, la compañía liderada por Marcelo Cataldo comentó que la indefinición de la remuneración en VoLTE provocaría futuros conflictos entre los proveedores. Por ello, recomendó que el requisito de interconexión en este caso se establezca cuando la penetración de VoLTE supere al 90 por ciento de usuarios, de manera que las inversiones sean recuperables.

Incluso, la CCIT alertó que dicha medida formulada por la Comisión podría generar una consecuencia contraria a la que se busca, pues existe la posibilidad de que los operadores dejen de ofrecer interconexión VoLTE a sus usuarios para evitar la obligación de invertir en adecuaciones de su red para brindarla a terceros.

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Por el contrario, otros actores del mercado aplaudieron la propuesta del regulador. Avantel señaló que es importante dar facilidades de interconexión VoLTE, porque esto abre posibilidades de prestación de servicios a usuarios finales.

En tanto, WOM, que se encuentra en proceso de absorber a Avantel, dijo que la interconexión de los servicios de voz sobre LTE es “una necesidad técnica evidente”, con el potencial de promover el desarrollo de esquemas más eficientes y la provisión de servicios de mayor calidad.

Telefónica adoptó una postura intermedia. Desde su punto de vista, la medida sobre VoLTE de la CRC es positiva, pero su aplicación debería ser progresiva y con un modelo de remuneración mayorista bien definido, del que hasta ahora la autoridad no ha informado.

Un punto más que causó conflicto y posiciones encontradas entre la industria es la injerencia de los servicios OTTs (over-the-top) en el régimen de interconexión, pues el proyecto contempla agregar obligaciones a los proveedores de contenidos y aplicaciones (PCA) e integradores tecnológicos (IT).

Algunos actores del sector se mostraron de acuerdo, pero otros alertaron inconvenientes. Claro puntualizó que la Comisión no está considerando a profundidad cuál es el rol de los OTTs en la oferta de servicios sustitutos y complementarios, como los mensajes de texto o códigos rápidos con fines comerciales.

En opinión de Claro, existe una asimetría dado que los proveedores OTTs se sirven de las redes de los operadores de telecomunicaciones sin obligaciones regulatorias o contratos de interconexión de por medio. Por tal motivo, señaló que se deben evaluar alternativas para simplificar el marco normativo y reducir dicha asimetría, en lugar de incrementar la carga regulatoria.

Pese a mostrarse de acuerdo con ampliar el ámbito de aplicación a los PCA e integradores tecnológicos, Tigo comentó que se debe delimitar cuáles serían las responsabilidades de cada agente de la cadena de valor, tomando en cuenta que los operadores no tienen forma de conocer los contenidos que se envían ni pueden filtrarlos.

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La CRC tendría que establecer condiciones para restringir el envío de SMS comerciales no solicitados. Los usuarios suelen quejarse con las compañías de telecomunicaciones al respecto, pero son los PCA e IT quienes los emiten, resalta Tigo.

Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) destacó la pertinencia de también integrar a los PCA e IT como sujetos obligados de verificar los contenidos que envían según el tipo de usuario, por ejemplo, al tratarse de mensajes ‘pornográficos’ para adultos. Y añadió que se deben disponer de mecanismos de atención para los consumidores y garantizar el respeto a sus derechos personales.

Del lado opuesto, el integrador tecnológico Inalambria advirtió que la propuesta del regulador en este último tema provocaría que los proveedores móviles limiten el acceso a los contenidos que envían los PCA e IT a los usuarios finales, y así maximicen sus ingresos debido a fallas de competencia.

Varios puntos más debatieron las empresas, organismos e instituciones académicas en torno al proyecto para reformar el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión. La recepción de respuestas estuvo abierta hasta principios de junio. El principal objetivo de la CRC es resolver “cuellos de botella” que identifica en la normativa actual, pero antes de hacerlo tendrá que analizar los inconvenientes que se plantean desde las múltiples partes interesadas.