Internet, un derecho constitucional: nueva legislatura de Perú revive el debate

En el Congreso peruano hay proyectos de ley que buscan reformar la Constitución para reconocer el acceso a Internet como un derecho. Además, una iniciativa plantea tener una Ley General de Internet que siente las bases de la política digital en el país.

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La nueva legislatura de Perú retomó el objetivo de reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental consagrado en la Constitución. En el anterior Congreso, previo a las elecciones presidenciales, los congresistas aprobaron una reforma constitucional con este fin, pero la ratificación quedó pendiente para el siguiente periodo.

La semana pasada, el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso, ingresó un proyecto de ley para incorporar un numeral al artículo 2, reconociendo el derecho de las personas al acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Además, pone énfasis en garantizar este derecho para el sector educativo y las zonas rurales del país, y, por lo tanto, que el Estado se comprometa a facilitar la disponibilidad de Internet y tecnologías para satisfacer la necesidad básica de conectividad.

Casi al mismo tiempo, la congresista Elva Julón Irigoin, del mismo grupo parlamentario, presentó una iniciativa de ley que persigue planteamientos muy similares. La única diferencia es que incluye que el acceso a Internet es fundamental para el trabajo y la vida social en general.

Soto Reyes también envió al Congreso una iniciativa de Ley General de Internet que busca establecer un marco normativo general para garantizar el derecho de acceso a Internet. El propósito del texto es declararlo un servicio público esencial; crear reglas para la mejora de la infraestructura y la provisión de servicios; entre otros aspectos para la contratación de Internet por parte de los usuarios.

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De acuerdo con el documento, el acceso a Internet se reconocería como una necesidad pública de interés nacional, apoyándose en dos ejes de acción: el primero sería la utilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO); el segundo, el acceso y uso de infraestructura asociada, como la Red Vial Nacional, para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

En el artículo 5 del proyecto, se contempla promover el aprovechamiento de la banda ancha como un habilitador de otros derechos y libertades; también se busca garantizar una velocidad mínima del 70 por ciento ofrecida en los contratos para el servicio de Internet (artículo 7).

Otro de los elementos de la propuesta es que plantea un marco para permitir la implementación eficiente de la infraestructura, obligando a que los nuevos proyectos de energía eléctrica, hidrocarburos y transporte incorporen también la instalación de fibra óptica, ductos y cámaras que serán utilizados por la RDNFO para la conectividad.

A su vez, los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su infraestructura a las empresas de telecomunicaciones para la entrega de banda ancha, salvo que existan limitaciones técnicas.

La iniciativa de ley refiere que la Red Nacional del Estado (Rednace), que aún no se constituye, podrá ser contratada por uno o más concesionarios de telecomunicaciones para brindar conectividad a las entidades públicas.

Entre varias otras materias, la propuesta apunta a disponer que el Estado tenga el deber de generar contenidos y aplicaciones digitales para el gobierno digital; incluir la alfabetización digital en las políticas educativas; garantizar el acceso a banda ancha en espacios públicos e institucionales, y velar por el resto al principio de la neutralidad de la red.