Investigación de la FCC sobre posible fraude de Sprint en uso de subsidios podría detener su fusión con T-Mobile

La Comisión examina si el operador recibió millones de dólares de financiamiento gubernamental por líneas inactivas que debían ser dadas de baja, como parte de un programa destinado a personas de bajos ingresos.

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La fusión de Sprint y T-Mobile en Estados Unidos podría verse afectada, e incluso detenida, por una investigación que lleva a cabo la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para determinar si Sprint incurrió en un fraude en el programa Lifeline, ya que reclamó subsidios para brindar servicio a 885 mil suscriptores que no estaban utilizando su línea.

El programa financia una parte del servicio telefónico y de banda ancha para los consumidores de bajos ingresos con un promedio de 9.25 dólares al mes por cada inscrito. Al no estar activa la línea de un beneficiario, el operador debe eliminarla para evitar el gasto inadecuado de recursos.

Sin embargo, una indagación de la Comisión de Servicios Públicos de Oregon reveló que Sprint no estaba respetando la medida. Al saberlo, el Presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que “es indignante que una empresa reclame millones de dólares de los contribuyentes por no hacer nada” y que se investigará a fondo el problema.

Además, el Comisionado Geoffrey Starks expresó que la noticia “impacta directamente nuestra revisión de la fusión propuesta entre Sprint y T-Mobile (…). Dada la enorme aparente irregularidad cometida, debemos pausar nuestra revisión” sobre el proyecto de orden para completar la transacción.

La propuesta de fusión de las compañías incluía una ruta respecto a cómo manejarían Lifeline en conjunto, pero el análisis de la FCC no puede seguir adelante porque no se proporcionó información correcta de la base de usuarios, señaló Starks.

Desde su creación, el programa Lifeline ha atravesado varios casos de fraude, despilfarro y abuso de recursos. Al menos 18 por ciento de los subsidios no se utilizaron de manera correcta. En el caso de Sprint, los 885 mil abonados representan casi 30 por ciento de su base en Lifeline y 10 por ciento del financiamiento total del gobierno.

Por ello, el comisionado Starks llamó al organismo regulador a que durante la pausa de la fusión se analice de manera exhaustiva la integridad del registro, así como la aptitud de los solicitantes.

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