Italia presentó una investigación con el objetivo de profundizar el conocimiento de los efectos producidos por el fenómeno de Big Data y analizar sus consecuencias en relación con el contexto económico-político-social actual y el marco de las normas vigentes.

El documento fue elaborado conjuntamente por la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones (Agcom), la Autoridad de Competencia y Mercado (AGCM) y el Garante para la protección de datos personales (Garante).

En él, las tres autoridades expresan la urgencia de que el gobierno y el Parlamento italiano cuestionen la necesidad de promover un marco regulatorio apropiado que aborde el tema de la transparencia total y efectiva en el uso de la información personal, hacia los individuos y la comunidad, así como ajustar el entorno regulatorio para enfrentar los desafíos de la economía digital, pero también comprometiéndose a fortalecer la cooperación internacional.

“La creciente interdependencia de los mercados y los sistemas económicos significa que los problemas planteados por la economía de datos a menudo adquieren un carácter supranacional”, explican las autoridades que buscan “una coordinación entre esta política y las estrategias europeas ya existentes para la constitución de un mercado único digital”.

Recopilación de datos y asimetrías de información

El texto indica que es crucial reducir las asimetrías de información entre los usuarios y los operadores digitales, en la fase de recopilación de datos, así como entre las grandes plataformas digitales y los otros operadores que las utilizan.

“Tanto la aplicación de la legislación sobre la protección de datos personales como la instrumentación adecuada para la protección del consumidor, pueden hacer una contribución importante a la reducción de esta asimetría de información, asegurando que los usuarios reciban información adecuada, oportuna e inmediata sobre los propósitos de la recopilación y el uso de sus datos, y se colocan en condiciones de ejercer consciente y efectivamente sus elecciones de consumo”, se explica en el documento.

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Además, se afirma que es necesario proceder con una reducción progresiva de las asimetrías de información entre las grandes plataformas digitales y los otros operadores que hacen uso de estas plataformas, aumentando la transparencia de los criterios con los que se analizan y procesan los datos, por ejemplo, al definir el ranking relacionado con el posicionamiento y la visibilidad en la plataforma; y favoreciendo la entrada de nuevos intermediarios de datos.

El poder de las autoridades

En el documento destacan que “parece apropiado fortalecer los poderes de la AGCM y Agcom para adquirir información fuera de los procedimientos de investigación, también previendo la posibilidad de imponer sanciones administrativas en caso de rechazo o demora en proporcionar la información solicitada o en presencia de información engañosa u omisiva”.

Concluyendo así, que una política pública efectiva para Big Data y la economía digital requiere no sólo la aplicación, sino también una actividad de defensa adecuada por medio de la iniciativa conjunta entre la AGCM, Agcom y Garante, para contrastar las reglas y regulaciones, destinado a proteger estructuras de mercado “maduras” a expensas del desarrollo de innovaciones favorecidas por la digitalización y definiendo un campo de juego nivelado a través de medidas destinadas a eliminar las ventajas injustificadas en términos de relaciones fiscales e industriales de las que se benefician los principales protagonistas de la revolución digital.

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