La marginación digital como política de Estado

0
122

Reforma Jorge F. Negrete P.

“A pesar de las grandes imperfecciones del Estado, éste se justifica por sus fines. Cualquier fin social lo puede realizar el Estado por medio de sus funciones. Si el Estado ha existido y existe es porque tiene fines que realizar”, Andrés Serra Rojas

El Estado mexicano ha capitulado de sus fines frente a la responsabilidad de proteger y procurar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y procurar el amparo público a los más pobres. El Estado resolvió posponer para mañana y cancelar hoy sus derechos sociales, económicos y políticos. Somos testigos del primer acto de represión pública de derechos digitales en la historia de la civilización y su autor intelectual es el Estado, para ser específicos, el Gobierno y el Congreso de la Unión.

¿El derecho de acceso a Internet, los servicios de telecomunicaciones y las TIC son un derecho fundamental? Sí. ¿La Internet y los servicios de telecomunicaciones habilitan el ejercicio de otros derechos humanos como salud, educación, cultura, seguridad, movilidad, protección de datos personales, libertad de expresión, de prensa, derecho a la información, acceso a la información pública y otros más? Sí.

Entonces es obligación del Estado garantizar el ejercicio libre y más amplio de estos derechos. El Estado es un orden imprescindible y debe ser gobernado con un irrestricto apego al derecho, la justicia y el bienestar público.

El espectro radioeléctrico es, como el agua al hombre, y existe en el espacio del territorio del Estado, es parte de éste y su uso es un bien público. Para usarlo, hay que invertir en él. Su acceso es por una concesión y con el pago de derechos.

Incluso la Constitución en su Artículo 28 establece que las licitaciones de espectro no se definirán por un criterio recaudatorio. ¿Por qué entonces, México tiene la tarifa de derechos más cara de América Latina y una de las más altas del mundo?

El Gobierno y el Congreso sabían con detalle que, si las tarifas del espectro hubieran estado al promedio de las tarifas en América Latina, se hubieran conectado los últimos 3 años a 15 millones de mexicanos en pobreza extrema y nos quedaría poco más de 15 millones por conectar, que mejoraría para los conectados 66% la velocidad de Internet. Sabían que México tiene las tarifas móviles más bajas de la región, que Internet es el igualador social más importante de la historia y la más poderosa herramienta de transformación social. Sabían que cada mil conexiones de Internet generan 80 nuevos empleos, que el incremento de la banda ancha impacta entre 1.3 y 3% del PIB, según la región e ingresos.

Sabían que suscribieron el T-MEC y que los capítulos nuevos tienen que ver con la nueva sociedad digital, donde telecomunicaciones y comercio digital son los nuevos conductores de la economía y el bienestar digital. Sabían que nuestro vecino quiere ser líder 5G del planeta y que entrega cantidades masivas de espectro a sus operadores para lograrlo. Sabían que países como China, Nueva Zelanda, Chile, Colombia y Perú entregan espectro sin fines recaudatorios, aún en época de pandemia y crisis económica. El IFT propuso disminuir 186% los precios del espectro, pero el Senado decidió incrementar 7% los actuales. De ese tamaño el problema.

Conectar es el primer paso, pero transformar digitalmente la sociedad es el reto de nuestra generación. El incremento de conectados y de velocidad son vitales para integrar en un solo sistema las TIC y las telecomunicaciones. Empresas de Internet, software, cómputo, procesadores, aplicaciones y operadores telecom liberan cantidades formidables de transformación digital, habilitan derechos humanos, entregan bienestar digital, innovan la economía, igualan oportunidades sociales sacando de la pobreza a los marginados.

En esta pandemia, cuando se clausuró el mundo analógico se encendió el mundo digital y comprendimos lo esencial de los servicios de telecomunicaciones y la Internet.

¿El incremento de los precios del espectro es un tema de ingresos para el Gobierno? No, se trata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se trata de fortalecer la economía y las instituciones democráticas del Estado.

¿Hay certeza a la inversión y al despliegue de infraestructura? No. El Estado secuestra el bienestar digital al incrementar su precio tomó el derecho de inhibir las capacidades de innovación de ciudadanos, empresas y administraciones públicas. El Estado tomó la decisión de posponer el derecho de acceso a Internet de casi 40 millones de mexicanos y de ponerle precio al ejercicio del derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ha decidido crear una política de exclusión digital universal.

La decisión de incrementar el precio del espectro, en suma, va en contra de los fines del Estado.

Twitter @fernegretep

Presidente de Digital Policy & Law

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here