El pasado 3 de agosto se anunció por parte de las autoridades educativas federales que el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 iniciará a distancia el 24 de agosto con la denominación “Aprendiendo en Casa II”, dada la actual situación crítica impuesta por la pandemia, que a la fecha ha causado el fallecimiento de más de 50 mil personas, en las cifras oficiales, y que ha dejado a 37.6 millones de alumnos sin clases presenciales en México y 2.2 mil millones a nivel global, considerando desde educación preescolar hasta media superior.[1]

La estrategia para el aprendizaje a distancia estará basada en los medios típicos de radiodifusión, es decir, por parte de las televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas, así como en los sistemas públicos de comunicación del Estado.

Se ha señalado en el boletín de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que “se trata de un esfuerzo equitativo, ya que 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el programa llegue a casi todos los hogares del país”. Además, se señala que “Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios se unen a 36 televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14”.

La reflexión que inquieta y frustra es que estamos en el inicio de la tercera década del siglo XXI y todavía en México la educación pública masiva a distancia sigue apoyándose en la televisión abierta (ahora digital) como el medio fundamental de hacer llegar contenido escolar a distancia. Simultáneamente, en el ámbito laboral y educativo internacional, la educación a distancia está fundada en el uso de las tecnologías de la información por medio de las extensas redes de banda ancha (fijas o móviles), en las cuales los educandos interactúan en línea con sus maestras y maestros, a la vez que lo hacen con sus compañeros de clases, interacción imposible en un medio unidireccional como la televisión.

Es cierto que ningún país estaba preparado para la pandemia, pero ésta ha revelado en forma brutal las deficiencias en políticas, desde presupuestales hasta de infraestructura educativa y de salud entre los países. Ha hecho que el país que se consideraba más poderoso por sus recursos económicos y por su infraestructura de salud, sea la nación con el mayor número de fallecidos a nivel global, seguido de Brasil y con México en un fatal tercer lugar en cifras absolutas. Una de las diferencias que nos ocupa es que la cobertura y penetración de los servicios de banda ancha, si bien ha sido suficiente para el trabajo en casa, no lo ha sido para la educación pública.

La nueva brecha digital ahora se muestra entre los extremos de un aprendizaje del nivel básico y medio que se logre por la televisión y aquel que se logre por medio de plataformas digitales. Para ello, es necesario que la presente coyuntura sirva para identificar las razones por la cuales seguimos atrapados en la televisión abierta como medio de educación pública masiva a distancia y no por medio del uso de redes de banda ancha. La consecuencia inexorable es la desigualdad en el aprovechamiento de los alumnos, entre quienes tienen clases en línea y aquellos cuya única alternativa es la señal de televisión abierta.

En el caso de la educación media superior, que no depende de las estrategias de la SEP, la situación es trágica, tal y como lo describe Animal Político en un reciente reportaje donde señala: “sin conectividad y en aislamiento, jóvenes de la metrópoli y pequeños poblados que estudian el bachillerato y la universidad viven la discriminación por ser excluidos del sistema educativo”. Para ellos no hay alternativa y la brecha educativa digital es un abismo que impedirá sus oportunidades en el mercado laboral.[2]

El caso de Kenia es extremo,[3] pero útil conocerlo. La brecha en el aprovechamiento entre los alumnos que tuvieron clases en línea y quienes la recibían por medio de radiodifusión, considerando aquellos que no tuvieron acceso continuo por televisión o radio, o interrupciones en el servicio de banda ancha, ambas por deficiencias en la calidad de señal, suministro eléctrico, entre otras, llevó a las autoridades educativas a cancelar el ciclo escolar 2020 dadas las significativas diferencias en aprovechamiento entre poblaciones de alumnos, lo que ha empeorado la desigualdad. Los de mejor desempeño en escuelas privadas les ofrecen aprobar el año con certificados tramitados en el extranjero. El mensaje es que la brecha digital se ha transformado rápidamente en una brecha de aprovechamiento en el aprendizaje de los educandos y, por lo tanto, en sus capacidades académicas.

La reforma en materia de telecomunicaciones y la ley que de ella se derivó en el sexenio pasado enfatizó el aspecto regulatorio a un solo concesionario al cual denominó “preponderante”, pero a la vez enunció la garantía constitucional establecida en el artículo 6º tercer párrafo: “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.  

Y posteriormente señaló:

 “B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.”

La consecuencia de la regulación asimétrica fue aplicar todas las medidas regulatorias conocidas y llegar a la separación funcional, todas ellas innecesarias. En cambio, ante la pandemia es claro y evidente que ni la administración anterior, ni en lo transcurrido de la actual, se ha podido iniciar y concretar esfuerzos objetivos con presupuesto público e inversiones privadas orientadas a satisfacer tales garantías de acceso e integración, toda vez que no hubo ni hay una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, y todavía se está en espera de que las telecomunicaciones sean ofrecidas en condiciones de cobertura universal.

¿Cuál es la evidencia de lo anterior? Sin duda, lo es el acuerdo con las televisoras para que éstas sean la plataforma de la educación a distancia ante la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 y el dramático escenario de exclusión para los educandos de educación media superior, técnica y superior que dependen de las instituciones públicas estatales.

La producción de los contenidos educativos del acuerdo de referencia estará a cargo del Estado mexicano y las televisoras privadas y públicas sólo difundirán los contenidos educativos de cada grado escolar por medio de sus canales digitales. La difusión estará libre de pautas comerciales, pero hay un efecto de externalidad en la difusión: la audiencia que cada televisora puede capturar como efecto de la sintonización de sus canales digitales multiplexados, lo cual es adicional y mayor a la contraprestación que recibirán de parte del Estado por la difusión de tales contenidos.

Es necesario considerar lo siguiente: la SEP anunció que “a partir de los gastos derivados del Acuerdo por la Educación, se calculó el costo unitario de 15 pesos (IVA incluido) por cada alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, quienes serán beneficiarios de los contenidos del programa académico que se implementará por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020, lo que representa 12 centavos al día por alumno”. Lo anterior es ejemplo de un deficiente acuerdo en lo económico, favorable para las televisoras.

El fundamento económico es simple. El costo marginal por un alumno es cero, es decir, la televisora no incurre en un costo por cada alumno adicional que sintoniza la programación que corresponde a su grado. Es por lo anterior que un ingreso por alumno no está justificado bajo un concepto de costo marginal. En cambio, es el uso de la infraestructura de transmisión, potencia de la señal y el costo de oportunidad del canal lo que representa un costo, y este es un costo fijo. La contraprestación debió ser por monto fijo y no en función de los alumnos cubiertos por la señal.

Los mercados reaccionaron a dicho acuerdo y observaron una renta económica a favor de las televisoras. El mercado lo reveló con el siguiente comportamiento:

Grupo Televisa:

TV Azteca:

Ambas acciones repuntaron en las mismas fechas del anuncio del Acuerdo, entre el 3 y 4 de agosto. La transferencia de rentas por el uso de su infraestructura para el despliegue de señal de televisión digital es evidente, son los ganadores de la pandemia y de la exclusión del acceso a banda ancha.

Tales son los hechos por no haber dado prioridad al objetivo social de cobertura y penetración, donde habrá ganadores: alumnos cuyo aprendizaje a distancia estará basado en una plataforma digital utilizando la interactividad que ahora nos es familiar por el trabajo en casa (Zoom, Teams, WebEx). Mientras que habrá otros alumnos cuyo aprendizaje no será con sus maestras o maestros, ni con sus compañeros de clase, que no podrán preguntar y participar en clase, sólo siendo una audiencia pasiva de una clase televisada que parece un fósil de finales del siglo pasado, pero presente en el inicio de la tercera década del siglo XXI.

Es apremiante cambiar de política en telecomunicaciones, de una precio-céntrica a una inversión-céntrica, dejar de lado las regulaciones asimétricas, los tratos diferenciados, establecer compromisos de cobertura a todos los nuevos concesionarios de telecomunicaciones fijas o móviles que debieron de existir desde el inicio del IFT. No hubo responsabilidad social en la reforma, pero hubo penalizaciones por tamaño llegando a una separación funcional del “preponderante” que no aportará nada para cerrar la brecha digital y, por lo tanto, estrechar las brechas que de ella se derivan.

Para los estudiantes de niveles medio superior, normales y educación técnica que no tienen acceso a banda ancha, la separación funcional no les significa ningún beneficio. Cabe recordar que la brecha se observa tanto en áreas urbanas como en rurales con la misma intensidad de frustrante como trágica. La pandemia nos ha revelado la miopía tanto de autoridades como de reguladores.

En cambio, se debe de incentivar llegar con conectividad a los asentamientos de población de relativamente mayor costo de cobertura, recompensar por incorporar un número creciente de hogares a las redes de banda ancha, independientemente de su ubicación e ingreso. En breve, hacer realidad, siquiera en un intento presupuestal permanente y un cambio radical de incentivos a los concesionarios, independientemente de su denominación, para invertir en la garantía constitucional del derecho a las Tecnologías de Información y Comunicación y de cobertura universal como lo establece la Constitución.


[1] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

[2] https://www.animalpolitico.com/2020/08/jovenes-exclusion-internet-escolar-pandemia/

[3] The New York Times “Kenya’s Unusual Solution to the School Problem: Cancel the Year and Start Over” agosto 5, 2020.

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