A principios de 2020 reflexionaba con un amigo sobre la ausencia de una Estrategia Digital Nacional en México, un plan de acciones para impulsar la transformación digital de la sociedad e impulsar la conectividad, pero sobre todo para lograr la adopción de las tecnologías y utilizarlas en beneficio de las actividades que cada uno de nosotros lleva a cabo.

Es claro que la conectividad no es todo y menos lo es cuando solemos confundirla con el término de disponibilidad de los servicios. Claramente, que los servicios estén disponibles no quiere decir ni que la gente los pueda pagar y menos que los esté utilizando para el desempeño de sus actividades.

Nuestra coincidencia fue que el gobierno trabaja para el beneficio de las personas y todo gobierno, tarde o temprano, enfrentan la realidad, la realidad del statu-quo, de las limitaciones que se fueran dando, pero también la realidad de las oportunidades que otros países muestran como factibles y benéficas para la sociedad.

Esa realidad de contar con inversiones que generen trabajos y bienestar en la población y que resultan en beneficios para que la población pueda trabajar, educarse o divertirse de mejor manera.

Esa realidad, pensamos, lograría mover al gobierno a tomar decisiones que resultaran en un impulso a la actividad de las telecomunicaciones y un impulso a la economía digital.

Ya el momento era difícil, pues en meses anteriores habíamos conocido del cambio de estrategia de Telefónica para dejar de ser un operador de infraestructura y volverse un operador virtual. En México, ya había empezado a devolver parte del espectro con el cual contaba y estableció un plan para devolver la totalidad del espectro para 2022.

Lo anterior, a partir de que en México el costo del espectro le representaba una barrera para competir en el mercado. Si bien la Constitución establece que el espectro de uso comercial se otorgará mediante licitación pública, ello representa aproximadamente tan sólo 10 por ciento del total del costo del espectro, pues el otro 90 por ciento son los pagos por el uso del espectro que establece la Ley Federal de Derechos (https://digitalpolicylaw.com/la-adopcion-de-5g-requiere-reducir-los-costos-del-espectro/).

Telefónica no se va del país, pero cambia su modelo para operar bajo la red de infraestructura de AT&T. De esta forma, en el mercado minorista de infraestructura móvil de telecomunicaciones sólo hay dos ofertas en el mercado, Telcel y AT&T. A ellos se les agrega Altán Redes con una oferta exclusivamente mayorista en la banda de 700 MHz.

Y ahí se dio un baño de realidad, México pierde una empresa de infraestructura de telecomunicaciones móviles, siendo una razón el monto que se paga por los derechos por el uso del espectro que establece la ley.

Pero la realidad es tremenda y este año se despachó con la cuchara grande de la pandemia de coronavirus. Así nos ha ido mostrando a lo largo de 6 meses que las telecomunicaciones son una herramienta fundamental para poder mantener parte de la actividad económica, pero sobre todo para mantenernos comunicados.

Así entraron muchas empresas al teletrabajo, algunas con poca preparación, pero movidas por una realidad que requería mantener una sana distancia ante la peligrosa pandemia. Esta lección no ha sido exclusiva de México sino se ha dado en todo el mundo. De esta forma, varias empresas lograron mantener un nivel de actividad y empezaron a planear cómo enfrentar la crisis económica que se venía.

Así se han dado cuenta de que pueden reducir el costo de renta y muebles de oficina en un escenario de teletrabajo. Este elemento es de destacarse para un entorno de menores ingresos que requieren menores gastos.

Ejemplos hay varios, también en materia de educación, de eventos virtuales y demás actividades que se han mantenido gracias a la resiliencia de las redes de telecomunicaciones.

Desgraciadamente, el sector gobierno no ha sido el ejemplo a seguir, aunque algunas oficinas locales han hecho verdaderos esfuerzos para impulsar los trámites digitales y la generación de citas para la atención.

También se tiene el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México que ha mantenido su actividad remota durante la pandemia e incrementado la realización de trámites a distancia.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha sido un gran promotor de las telecomunicaciones en esta época, manteniendo una intensa actividad de manera remota. Asimismo, ha impulsado ante la Organización de las Naciones Unidas la iniciativa de conectar a los desconectados para 2030. Recientemente, lanzó el programa Connect2Recover para reforzar la infraestructura en los países afectados por Covid-19 (https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/PR18-2020-Connect2Recover-digital-infrastructure-COVID-19.aspx).

Ahí tenemos la realidad, dándonos claros ejemplos de cómo se pueden utilizar las telecomunicaciones más allá del entretenimiento. Los optimistas ven cómo todo esto puede acelerarse con la llegada de 5G y que ello impacte positivamente la actividad industrial en el mediano plazo. Por ello, consideran fundamental que las empresas inviertan en esta tecnología.

Siguiendo su plan de trabajo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza una consulta pública respecto de la licitación que podría llevar a cabo en las bandas de 800 MHz, AWS, PCS y 2.5 GHz (Licitación IFT-10). Algunas personas consideran que la circunstancia económica puede ser compleja para llevar a cabo esta licitación en el corto plazo (http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/licitacion-ift-10-servicio-de-acceso-inalambrico).  

Pero al mismo tiempo nos llega un baño de agua fría de realidad. La pandemia ha mostrado las grandes inequidades en el país por personas que se pueden conectar a los servicios y saben cómo aprovecharlos a otras que no pueden contar con el servicio, ya sea por no poder pagarlo, por no contar con los equipos necesarios y, en menor número, por no contar con servicio disponible.

La ENDUTIH 2019[1] destaca que 76.6 por ciento de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria es de 47.7 por ciento. Asimismo, 56.4 por ciento de los hogares cuenta con Internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil. Los tres principales dispositivos para la conexión de usuarios a Internet son: smartphone, 95.3 por ciento; computadora portátil, 33.2 por ciento, y computadora de escritorio, 28.9 por ciento. De esta forma, 44.3 por ciento de los hogares del país cuenta con computadora.

Estamos en el mes de septiembre de 2020, cuando conmemoramos la Independencia de nuestro país en medio de una crisis económica y de salud sin precedentes. Derivado de ello, el 30 de julio el INEGI informó de una caída de 18.9 por ciento del Producto Interno Bruto respecto al mismo trimestre de 2019. En este escenario el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que México podría vivir su peor crisis económica desde 1932

(https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/pib_eo2020_07.pdf).

Nuevo baño de realidad: sí hay un fuerte impacto en la economía del país y el coronavirus seguirá con nosotros por largo tiempo, hasta que se cuente con una vacuna y ésta pueda aplicarse a toda la población.

Repasemos:

  • México vive un escenario en el cual el pago de derechos por el espectro ha sido una barrera para la permanencia de una empresa de telecomunicaciones.  
  • Las telecomunicaciones han mostrado su utilidad y potencial en el marco de la pandemia.
  • Viene un cambio tecnológico en materia de uso del espectro con la llegada de 5G y otras tecnologías, dicho cambio requiere de inversiones.
  • El IFT podría llevar a cabo la licitación de espectro para servicios móviles de telecomunicaciones en diversas bandas de frecuencias.
  • El 43.6 por ciento de la población no tiene acceso a Internet y 44.3 por ciento de los hogares cuenta con una computadora.
  • La crisis económica actual se prolongará al menos hasta 2021.
  • La crisis de salud continuará hasta contar con una vacuna que sea aplicable masivamente.

Ante esta situación ¿qué propone el gobierno de México?

Desaparecer a la Subsecretaría de Comunicaciones, que podría generar la política pública de telecomunicaciones del gobierno e incrementar los montos de los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos.

¿Podría ello generar un incremento en los precios de los servicios de telecomunicaciones? El doctor en Economía, Ramiro Tovar Landa, considera que esto es poco factible puesto que existe una fuerte relación entre el precio y la contratación del servicio. Es por ello que lo más probable sería que las empresas redujeran las inversiones en materia de espectro e infraestructura.

Coincido con la opinión anterior, el mercado se contraería para responder a un pago de derechos que es fijo en función del espectro que se tiene. Ello es claro porque tampoco se espera que crezca el poder adquisitivo de la mayoría de las personas, por lo que si se pretendieran elevar los precios, ello podría generar la desconexión de las personas. En este sentido, las empresas tendrían que reducir sus gastos e inversiones.

Es por ello que sería poco factible llevar a cabo la Licitación IFT-10 en este momento. Y más lejos aún se ve la entrada de 5G, pues las empresas no invertirían fuertemente hacia esta tecnología.

La situación económica reconocida por todos es crítica, es por ello que se necesita con urgencia contar con medidas que impulsen el crecimiento económico, en particular en el sector de telecomunicaciones que ha probado ser una herramienta fundamental para el desempeño de las personas.

La iniciativa de la Ley Federal de Derechos generaría este escenario de reducción de inversiones en materia de telecomunicaciones, pero también ha abierto la posibilidad para hablar del tema de la barrera que representan los derechos para contar con mejores y más amplios servicios de telecomunicaciones.

Es momento de reflexionar para apuntar más allá de un escenario recaudatorio por derechos en 2021 e impulsar el crecimiento de la cobertura y los servicios de telecomunicaciones.

Por ello, si bien es deseable reducir los derechos, una alternativa muchas veces propuesta es que se cuenten con proyectos de servicio universal que permitan acreditar el pago de derechos en dos sentidos:

  1. Proyectos de conectividad que permitan la construcción de infraestructura compartida para las zonas que carecen del servicio.
  2. Proyectos de conectividad que permitan que las personas que no cuentan con capacidad económica puedan contar con equipos y servicios de telecomunicaciones.

Lo anterior requiere de un impulso para generar habilidades digitales en las personas que no cuentan con el servicio e incrementar la capacidad de quienes ya cuentan con el servicio y puedan aprovecharlo para su actividad económica.

El momento de reflexión es oportuno para tomar las mejores decisiones a favor del país.


[1] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares realizada en 2019 por el INEGI y reportada el 17 de febrero de 2020.

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