La Red Descompuesta

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El Economista Jorge Bravo

Esta semana se supo lo que sólo era cuestión de tiempo: que ya está tronando la Red Compartida que opera Altán Redes, que sólo ha recibido favores regulatorios pero no ofrece resultados de conectividad social.

Desde que apareció en el texto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, siempre se advirtió que el proyecto de la Red Compartida en la banda de 700 MHz no era viable ni tenía modelo de negocio. Desde el principio fue y sigue siendo una mala idea.

Altán Redes anunció el 26 de abril que la Asamblea de Accionistas acordó un aumento de capital “para fortalecer las finanzas de Altán”. Significa echarle dinero bueno al malo.

Los socios de Altán Redes son el Fondo de Infraestructura de Morgan Stanley, International Finance Corporation del Banco Mundial, el Fondo China México, CKD Infraestructura México, Caisse de dépôt et placement du Québec, Controladora Veta Grande a través de Hansam, Isla Guadalupe Investements, Megacable y Axtel. Estos inversionistas han aportado 33% de la financiación a la Red Compartida o 765 millones de dólares.

La Red Compartida debe alcanzar el compromiso de 92.2% de cobertura poblacional en 2024 y conectar la totalidad de los Pueblos Mágicos, pero busca ampliar el plazo hasta 2028. El artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de 2013 dice que la Red Compartida “iniciará la instalación antes de que concluya 2014, y estará en operación antes de que concluya 2018”. Nada se ha cumplido con este proyecto.

La Red Compartida vino a distorsionar el mercado de telecomunicaciones en México, porque se le asignó la totalidad de los 90 MHz en la banda de 700 MHz y un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

La banda de 700 MHz es idónea para cobertura social por su capacidad de propagación y economías de escala. Lo mejor hubiera sido que se licitara a los actuales operadores móviles, los cuales ya la estarían explotando en beneficio de los consumidores, utilizando para ello su infraestructura, experiencia e inversiones.

Durante la consulta pública sobre aspectos técnicos y regulatorios de la banda de 700 MHz realizada por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, 100% de los participantes (27 respuestas) manifestaron interés por obtener espectro en dicha banda. El 59% de las respuestas (13) se pronunció por una cobertura nacional porque maximizaría el uso y aprovechamiento de la banda de 700 MHz, se haría un uso más eficiente del espectro y de la tecnología LTE, y se evitaría la existencia de zonas sin cobertura, sin servicios y sin atractivo para el mercado.

México estaría más conectado si se hubiera entregado la banda de 700 MHz a Telcel, Telefónica y AT&T.

El proyecto de la Red Compartida también le resta autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por partida doble. Primero, porque al secuestrar en la Constitución la banda de 700 MHz, no le permitió licitarla ni procurar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones ni promover el uso eficiente del espectro en esa banda.

Segundo, porque para supervisar la instalación de la Red Compartida, administrar el contrato de asociación público-privada y aportar la banda de 700 MHz se creó el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), en lugar de que estas funciones las realice el propio IFT. Al Promtel le corresponden 1% de los ingresos de Altán Redes. Otro asunto pendiente es el pago anual de derechos por el uso de la banda de 700 MHz previsto en el artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos.

La Red Compartida sólo ha recibido favores. Durante las prebases de licitación de la Red Compartida se apoyó a los aspirantes a ganar el concurso con una modificación en el objetivo social. Las prebases decían que por cada 1% de población cubierta en localidades mayores debería llevarse el servicio inalámbrico a por lo menos 0.29% de la población en localidades menores a 10 mil habitantes. Ese último porcentaje social fue reducido a 0.15% por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las bases de licitación señalaban que “el Desarrollador [actualmente, Altán Redes] deberá asumir todos los costos y aportar todos los recursos económicos que se requieran para que diseñe, instale, despliegue, opere, mantenga y actualice la Red Compartida y comercialice servicios mayoristas”. Las reglas también advertían que “el Proyecto se autorizó bajo un esquema de asociación público-privada sin la necesidad de contemplar la aportación de recursos federales presupuestarios”.

La realidad es otra: 30% de su financiamiento, equivalente a 17 mil 750 millones de pesos (690 millones de dólares), proviene de la banca mexicana de desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomex).

Otros acreedores están preocupados por la situación financiera de la Red Compartida. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó 150 millones de dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otros 50 mdd. Los desarrolladores y socios tecnológicos Huawei y Nokia confiaron en el proyecto y prestaron 850 millones de dólares (37% de la financiación total).

A solicitud de la SCT y de las empresas concursantes, el IFT retrasó un año la licitación de la banda de 2.5 GHz para que participara el ganador de la Red Compartida. Como era de esperarse, Altán Redes no participó en la licitación de la banda de 2.5 GHz porque concentraría sus esfuerzos “en el más rápido despliegue de la red”.

La Red Compartida ofrece servicios mayoristas y tiene apenas dos millones de usuarios activos. Sus principales clientes son los Operadores Móviles Virtuales (OMV). A finales de 2019 operaban en México 27 OMV con un total de 2 millones de líneas, equivalentes a sólo 1.66% del mercado (IFT). Según la Segunda Encuesta Dirigida a los OMV en México del IFT, 48% de estas empresas considera que el crecimiento ha sido malo.

La Red Compartida está descompuesta, no ha ampliado la cobertura ni ha cerrado la brecha digital en México. La valiosa banda de 700 MHz está subutilizada, no ha generado beneficios a los consumidores y debería entregarse a los operadores. El Promtel no promueve inversiones, le resta autonomía al IFT, consume recursos públicos y debería desaparecer.

Twitter: @beltmondi

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