La tecnología ha desempeñado un rol crítico en la pandemia de Covid-19, sin embargo, su uso también ha tenido impacto en los derechos humanos. En la 13° edición del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF 13), se destacó que el uso de aplicaciones de geolocalización o el almacenamiento de datos debe estar limitado a un fin legítimo, y mantener la confidencialidad y protección de la información.

Respecto al uso de tecnología de vigilancia o rastreo, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostuvo que es necesario determinar cuáles son los estándares que deben respetar los Estados para que una herramienta no se convierta en una invasión desproporcionada de la privacidad.

“Algunos países adoptaron medidas que fueron catalagodas por nosotros como desproporcionadas o no suficientemente justificadas para atender sus obligaciones en el marco de la salud, y eso supuso en un comienzo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, al derecho al acceso de información pública y también la privacidad de herramientas tecnológicas que ya estaban a disposición pero que se disparó su uso para, por ejemplo, vigilar a la población y la circulación”, aseguró Lanza.

Uso de datos en América Latina

Por su parte, Rafael Zanatta, director de la Asociación de Investigación Data Privacy, de Brasil, señaló que en diversos países surgieron tecnologías de índices de aislamiento, donde la empresas mostraron sus datos de movimiento y desplazamiento con el objetivo de analizar la densidad poblacional, donde están aglomeradas las personas. Una de las formas de hacer esto es utilizando sensores en los celulares como GPS, que se realizó en algunas ciudades de Brasil.

Zanatta afirmó que existe un fundamento legal y ético para utilizar estos datos. Otra posibilidad son los mapas de calor. En Brasil, los gobiernos locales podían utilizar información anónima de teléfonos celulares como estrategia de prevención del coronavirus, mediante la firma de un acuerdo de cooperación técnica y un acuerdo de responsabilidad. Son proyectos en los que no se determinó violación de la privacidad, subrayó el director.

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En abril, Data Privacy presentó un documento llamado Privacidad en Pandemia, realizado con el objetivo de que se entienda con qué finalidad se proveen los datos, qué necesidades se buscan atender y cuál es ciclo de vida de esos datos.

Luis Ricardo Oliva, administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá, explicó que establecieron un convenio con el Tribunal Electoral, que se encarga de llevar el registro civil de los ciudadanos, para dar transparencia de los datos que se van a utilizar, además de la colaboración con otras entidades.

A través de estos acuerdos se realizó el cruce de información para detectar la población vulnerable. Para ubicar casos de Covid-19, también desarrollaron un algoritmo de Inteligencia Artificial basado en Whatsapp y Telegram, el cual permitía tener un contacto estrecho con las personas, conocer síntomas y en dado caso enviar la ayuda requerida.

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