El Economista J. Francisco de Anda Corral

La Declaración de Los Pinos (Chapoltepek), presentada por autoridades de la UNESCO y de la Secretaría de Cultura federal el pasado 15 de julio,  es resultado de la Reunión de Alto Nivel “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, que se celebró entre el 27 y 28 de febrero, en la antigua residencia presidencial con la asistencia de funcionarios, representantes indígenas y de organismos internacionales, para establecer acuerdos en torno a la protección de las culturas y las lenguas indígenas de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.

Entre las recomendaciones que hace la declaratoria a los Estados Parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacan fortalecer la educación en lenguas indígenas, “facilitar la elaboración de contenidos adecuados en lenguas indígenas en los servicios de radiodifusión públicos y comunitarios”,  “apoyar y alentar la financiación pública y privada y las inversiones directas en la revitalización, el apoyo y la promoción de las lenguas indígenas y en el acceso a ellas, centrándose en particular en la creación de nuevos contenidos”, “apoyar el desarrollo y reconocimiento de medios de comunicación de los pueblos indígenas” y “mayor presencia de los pueblos indígenas en los medios de comunicación en general”.

Entrevistada por este diario el 27 de julio, Irma Pineda, representante de pueblos indígenas ante la ONU y asistente a la reunión de Los Pinos expresó su preocupación por el riesgo de que la declaratoria se convierta en “una carta de buena voluntad nada más, ya que no hay un proceso vinculante, no hay nada que obligue a los gobiernos a asumir un compromiso real para hacer un trabajo en favor de las lenguas”.

El Economista consultó con Maru Chávez, cofundadora de Violeta Radio, emisora comunitaria feminista en la Ciudad de México e integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC),  quien muestra beneplácito por la declaratoria de Los Pinos, pero también sus dudas y escepticismo de que un proyecto de tan largo aliento transite exitosamente con el marco jurídico actual y con el esquema  de concesiones “de uso social” al que están sometidas las radios comunitaria e indígenas en México, de acuerdo con los artículos 87 y 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que las obliga a cumplir la normatividad al que están sujetas las concesiones para uso comercial y público pero sin el goce de los beneficios y prerrogativas que éstas tienen, como por ejemplo el financiamiento público y la venta de publicidad, y las confina a sostenerse mediante donativos y aportaciones de los radioescuchas.

“Se requiere un cambio de política pública y de modelo para la radio comunitaria de México, que permitan a estas estaciones dejar de ser pocas, pequeñas y pobres (PPP)”, escribe José Soto en este medio, 9 de junio de 2019, tras conversar con Élfego Riveros Hernández, representante de Radio Teocelo, emisora comunitaria de Veracruz.

En México, existen aproximadamente 80 radiodifusoras comunitarias con registro de concesión, y sólo 10 de ellas son indígenas; además de las 21 que opera el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que replican el mensaje oficial del Estado mexicano.

Desde la AMARC, Maru Chávez opina que la declaratoria de Los Pinos es una propuesta integral que recoge las demandas que han venido haciendo por años los pueblos indígenas y las ONG en materia del derecho a la comunicación y para colocar las lenguas originarias como un tema prioritario en la agenda pública. “Ya era hora, lo valoro y lo aprecio”. “Es un esfuerzo por desestigmatizar el uso de las lenguas indígenas en México y revalorar la diversidad lingüística, y el derecho que tienen los indígenas a pensar y nombrar su realidad, a crear, a expresarse y a generar conocimiento a partir del lenguaje hablado”, dice Chávez.

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