La decisión de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales de suspender el perfil del Presidente de Estados Unidos, debido al asalto al Congreso por sus simpatizantes, ha levantado nuevamente la discusión sobre quién debe tener el control de la censura en las redes sociales.

Adicionalmente, la decisión de bloquear de forma permanente las distintas cuentas de Donald Trump para prever cualquier nueva publicación que incite a la violencia, ¿se puede considerar censura previa?

Lo que principalmente he mencionado es que parece más que oportuno hacerse las preguntas: ¿quién tiene la autoridad? ¿El Estado de derecho y las instituciones o las plataformas digitales?

Twitter publicó un comunicado donde explica sus razones para tomar esta decisión. Donde se detalla: “Después de una exhaustiva revisión de los tweets recientes de la cuenta de @realDonaldTrump y el contexto alrededor de ellos –especialmente cómo han sido recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter–, hemos decidido suspender permanentemente la cuenta debido al riesgo de mayor incitación a la violencia.”

En el momento cuando se toma esa decisión, Donald Trump es el Presidente de Estados Unidos de América, aunque la cuenta que fue suspendida fue la personal: @realdonaldtrump, no la cuenta oficial @POTUS.

Sin embargo, se ha generado mucha polémica sobre si las redes sociales o empresas privadas tienen el poder de tomar la decisión de bloquear una cuenta o si debería existir un organismo del Estado, considerando la independencia de poderes como la Corte Suprema o un organismo regulador, el cual apruebe la suspensión de la cuenta de instituciones oficiales o personas en cargos públicos.

Los usuarios, no los ejecutivos de tecnología, deben decidir qué constituye la libertad de expresión en línea.

En el mismo comunicado, Twitter explica: “Sin embargo, dejamos claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación.”

Por otra parte, Twitter considera que los twetts de Trump “podrían inspirar a otros a replicar los actos violentos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021, y que existen múltiples indicadores que se están recibiendo y se entienden como un estímulo para hacerlo.”

Esto implica que la red social ejerce un rol regulador de facto. Mi intención no es opinar sobre si es correcta o no la valoración que realiza Twitter y otras redes sociales, sino que centro mi análisis en considerar si son las empresas privadas las que deben tomar estas decisiones.

Lo que es cierto es que esta discusión se viene llevando a cabo en Estados Unidos desde hace varios años. En 2019, Jillian C. York, autora del próximo libro Silicon Values: The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism, y directora de libertad de expresión internacional en Electronic Frontier Foundation, escribió un artículo denominado “Facebook is the new censor office”, donde mencionaba que la red social estaba tomando las funciones de una oficina sobre la censura en las publicaciones.

En esta colaboración, se menciona lo siguiente: “En los pasillos del gobierno, las páginas de opinión de los principales periódicos y las recomendaciones de políticas de las ONG, el consenso es que Facebook, Google y similares deberían asumir el papel del gobierno y censurar el discurso de odio, regular las ‘noticias falsas’ y luchar contra el extremismo… todo sin una supervisión significativa (o en algunos casos, ninguna) de la sociedad civil.”

Adicionalmente, también comenta que: “Hemos permitido que los ejecutivos corporativos, en lugar de los funcionarios electos, definan un discurso aceptable…” Y esta es una preocupación que comparto, aunque también ha sido el mismo Facebook el que ha planteado la necesidad de una regulación.

El propio Mark Zuckerberg pidió a la Unión Europea que lidere la regulación de plataforma digitales. “Asimismo, mencionó que cada vez es más visible que las empresas de tecnología no deberían decidir qué contenido se debe permitir en Internet, y que se necesita una regulación independiente en torno al tema.”

La misma Jillian C. York escribió recientemente un planteamiento que parece tener más sentido, o que al menos vale la pena considerarse: “Los usuarios, no los ejecutivos de tecnología, deben decidir qué constituye la libertad de expresión en línea.” Y aquí puede centrarse el debate en los próximos meses.

La Sección 230 de la Communications Decency Act de 1996 establece que, con algunas excepciones, las redes sociales no son legalmente responsables del contenido. Por otra parte, Facebook, Twitter o Instagram no pueden ser consideradas responsables si eliminan cualquier contenido que ellos o sus usuarios consideren “obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de cualquier otra forma objetable”.

Por lo tanto, es bastante claro que la sección 230 permite a la redes sociales eliminar cualquier contenido. Aunque haya sido publicado por el propio Presidente de EUA, lo cual traerá la posibilidad de aumentar la discusión sobre la necesidad de establecer cambios al respecto.

Ahora bien, esta discusión se vuelve más compleja si se mira desde un punto de vista internacional, o incluso en América Latina. ¿Qué pasaría si una red social decide suspender la cuenta o eliminar los twetts publicados por un funcionario oficial o el Presidente de un país, o incluso si el gobierno de un país decide eliminar el acceso a las redes sociales?

Particularmente, en América Latina no existen otras redes sociales o alternativas para expresar la opinión legítima de los ciudadanos y gobiernos distintas a esas empresas, en su mayoría estadounidenses.

En caso de que un gobierno decida bloquear una red social como Facebook, Twitter, Instagram u otra estará afectando la libertad de expresión de sus ciudadanos. Y si Facebook, Twitter, Instagram u otra decide bloquear la cuenta oficial de un gobierno o gobernante en América Latina, ¿qué implicaciones tendría?

Si el gobierno decide bloquear el acceso a las redes sociales, dejaría a sus ciudadanos sin oportunidad de expresarse o acceder al contenido ¿Hay otras alternativas o redes sociales?

Jillian C. York expresa lo siguiente respecto de la falta de alternativas a las redes sociales existentes: “El problema no es que Facebook tenga el derecho de hacerlo, sino que, debido a sus adquisiciones y crecimiento sin obstáculos, sus usuarios no tienen prácticamente ningún otro lugar adonde ir…”

En este sentido, en Estados Unidos se está evaluando la necesidad de dividir Facebook, WhatsApp e Instagram. Aunque, en mi opinión, esto no sería una solución para ofrecer mayores opciones a los ciudadanos.

En el caso de China, existen otras redes sociales alternativas a la estadunidenses, aunque obviamente bastante controladas por el gobierno. Si se considera China un país conformado por 1,425 millones de personas, lo anterior es posible respecto a nuestra región.

Mientras, en América Latina no hay alternativas al acceso a la información a través de las redes sociales distintas a Facebook, Twitter e Instagram; sólo Telegram (Rusia) puede ser una alternativa a WhatsApp. O incluso YouTube, que tampoco se tienen aplicaciones similares que puedan considerarse como competencia real.

En definitiva, esta situación particular o considerada como parte de la política doméstica de un país tiene implicaciones a nivel mundial. Coloca sobre la mesa una discusión sobre la cual quizás no existe un consenso. ¿Quién debe tener el control sobre el contenido en las redes sociales? 

Además, ¿es necesario que existan alternativas a las redes sociales para garantizar el acceso a la información? En mi opinión, esta situación genera más preguntas que respuestas, las cuales probablemente formarán parte de la discusión que se abrirá a partir de este momento.

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