Las telecomunicaciones en la Argentina, ese embrollo

Como en el resto del mundo, las telecomunicaciones en la Argentina fueron afectadas por la pandemia. Las decisiones tomadas a lo largo del año emparcharon situaciones pero la situación es delicada y se hace necesario tener una mirada amplia para resolver y avanzar.

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Tarifas congeladas hasta fin de año y con una tibia certeza de ajuste a partir de 2021. Balances impactados por la pandemia. Demanda del servicio que se mantiene más allá de la paulatina salida del aislamiento por la enfermedad Covid-19. Las redes de fibra óptica crecen pero… el bolsillo del argentino medio está cada vez más flaco y, para rematar, la casi segura aplicación de un impuesto interno a los dispositivos de acceso como el celular y las computadoras que se fabrican en el país y se importan suman un nuevo factor de desaliento al sector de las telecomunicaciones de la Argentina. Ese servicio esencial, crítico, público a partir de un decreto cuyo 2021 no asoma, al menos por ahora, esperanzador.

Son tantas las cosas que atraviesan a esta industria que siempre se está frente al riesgo de perder alguna variable que anda rondando por ahí. Las medidas oficiales avanzan, aunque con cierta descoordinación. Por momentos, hasta con contradicciones.

No hay dudas de que la conectividad se convirtió, en plena pandemia, en una necesidad urgente e importante y que, en el caso de la Argentina, no sólo se debe conectar todavía a 30 por ciento de la población que no lo está sino que, además, es prioritario que el resto acceda a una mejor calidad, básicamente, mejor velocidad, aún cuando en el último año se avanzó en ese sentido. Y bastante aunque, también hay que decirlo, más por efecto de los planes que se habían diseñado en 2019 que por lo que ofreció este 2020 sin igual.

A menos de un mes de que finalice el año, pareciera que se va a ir saliendo del descongelamiento establecido por el DNU 690 de agosto pasado, al menos es lo confirmado por fuentes oficiales. La discrepancia de posturas en el seno del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) entre dos de sus máximos referentes genera tensiones constantes, aún cuando al final del camino la postura será avalar lo que termine ordenando el presidente Alberto Fernández.

Son las cosas que suceden en un gobierno de coalición, tal vez una frase premonitoria del propio Ambrosini cuando, a principios de 2020, convocó a la primera conferencia con la prensa especializada. Y lo hizo un día antes de que el propio López hubiera convocado a la suya, propia.

Las empresas pretendían arrancar 2021 con un descongelamiento de 20 por ciento en promedio, a aplicar en diversos tramos, entre enero y marzo, o entre enero y abril. Hasta ahora, el gobierno habría dado el visto bueno sólo para un incremento de 5 por ciento sin tener claro a partir de cuándo, aunque sí que se inicia la salida del freezer.

Hay un temor de fondo. En relación a otros servicios públicos, el gobierno anticipó que las tarifas de electricidad y gas registrarán aumentos recién en marzo. Hay enorme preocupación en esas empresas porque, de no aplicarse ese ajuste a ese mes, se presume que la quietud tarifaria se extenderá dado que apenas unos meses después comenzará la carrera por las elecciones de término medio (aunque es tal la incertidumbre en la Argentina que eso también está por verse).

Y ya se sabe lo que sucede con las tarifas en la Argentina cuando hay comicios: se quedan quietas. En el sector de las telecomunicaciones temen que suceda algo similar. Arrastran prácticamente un año sin aumentos, lapso en el cual el dólar oficial pasó de $63 al comenzar 2020 a más de $87 en los primeros días de diciembre, y una inflación interanual de 37.2 por ciento a octubre de 2020, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina.

La preocupación es compartida por las grandes operadoras, Telefónica, Telecom y Claro, por las medianas, y también por pequeños prestadores, incluidas las cooperativas, que manifestaron su preocupación por la situación, además de advertir que muchas de ellas están en riesgo de quebrar.

Las grandes quieren que se salga del congelamiento antes de fin de año, tal como lo expresó Claro. Las pequeñas, incluidas las cableoperadoras que ofrecen Internet, están al límite de su salud financiera porque no pueden aumentar y/o pueden cortar servicios a los morosos. Pero sí tienen la obligación de continuar brindándolos, sin chistar.

Todo esto sin desconocer, a su vez, que el bolsillo del argentino también está en aprietos porque no todos los sectores de la economía han dado aumentos salariales, porque durante estos meses de pandemia se destruyeron más de 3.5 millones de puestos de trabajo y, el dato más dramático, la pobreza alcanza a 44.2 por ciento de la población. Se prevé que el PBI de la Argentina caiga más de 10 por ciento al finalizar 2020. Datos de la macroeconomía que tampoco se pueden soslayar.

Acá es donde choca la buena intencionalidad política de garantizar la conectividad a los ciudadanos en tiempo de pandemia con la economía de las empresas. Porque el resistido DNU convive con iniciativas para llevar conectividad a las villas y barrios populares, como también a zonas no conectadas, con dinero público que, en algunos casos, son muy generosos.

Sólo en octubre se otorgaron $150 millones (unos 2 millones de dólares al cambio oficial) provenientes de los fondos de Servicio Universal para diversos proyectos de conectividad propuestos para localidades de las provincias argentinas. Se destacaron dos de la norteña provincia de Salta que capitalizaron la mitad de ese monto distribuido entre un total de ocho proyectos aprobados.

Para los últimos días de diciembre se esperan anuncios oficiales vinculados con la prestación básica universal, uno de los conceptos que se incluyeron en el decreto 690. Se trata de una iniciativa que permitirá a los hogares de menores recursos acceder a un servicio de conectividad a valores más baratos que los existentes actualmente en el mercado.

 Sobre lo que no hay novedades es sobre las inversiones que comprometarán las empresas en 2021. Todas, de un modo u otro, manifestaron que se complican las ecuaciones económico-financieras si los aumentos que se autoricen –aún no está confirmado- se ubican lejos de las distintas variables que juegan en los presupuestos. Argumentan que si los aumentos tienen que ser “justos y razonables”, tal como surge del decreto, las autoridades deberían ser consecuentes con esa premisa.

A esto se suma la inclusión del impuesto interno a los productos electrónicos que se importen y que se fabrican en Tierra del Fuego, desde computadoras hasta celulares, tributo que cuenta con el aval de las empresas que se ocupan de esa tarea en la isla del sur de la Argentina.

El impuesto interno a los artículos que se fabrican allí sería de 7 por ciento mientras que los que se importan tendrían que pagar 17 por ciento por ese concepto. En cualquier caso, se traducirá en un aumento al precio final del producto que tendrá que afrontar el consumidor no siempre con la ventaja de poder pagar en cuotas sin interés. Acceder a un dispositivo para conectarse será, definitivamente, más caro en 2021.

Finalmente, hay cierta expectativa respecto de la posibilidad de que se conozca el plan plurianual de espectro, una promesa de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que tenía previsto dar a conocer a mitad de año, pero que la pandemia obstaculizó. Ayudaría a darle cierta previsibilidad a un sector que, ciertamente, la perdió.

Mientras tanto, en el Congreso está presente el proyecto de ley para considerar el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal que contempla precios justos y razonables del servicio, cláusulas sobre despliegues de infraestructura y garantías para conectarse a Internet con fines educativos. La expectativa es que se apruebe en el marco de las sesiones extraordinarias.

Lo que queda claro de todo el movimiento que se ha dado en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información en la Argentina en 2020 es que el país necesita, de una vez, de una política pública que integre los intereses comunes de los distintos actores que tienen visiones disidentes sobre el abordaje del sector.

Porque lo que se ha visto hasta ahora son impulsos, y nada que se mueve sólo por impulso sin considerar el mapa completo puede prosperar. Buscar intereses comunes puede ser una utopía. Pero también el único modo de sacar piedras del camino y avanzar.

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