Ley de protección de datos debe ser ‘flexible y dinámica’ para propiciar su uso a favor de la innovación tecnológica en Ecuador

La Asetel y otras organizaciones piden a los legisladores que el diseño de la ley de protección de datos posibilite el tratamiento de la información para aplicaciones de interés social, científico o productivo.

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Ecuador está en proceso de aprobar y adoptar una ley de protección de datos personales. En opinión de la industria, una nueva normativa en la materia debe ser “flexible y dinámica”, para lograr un equilibrio entre la garantía de los derechos humanos y el crecimiento productivo que se puede lograr a través de la innovación tecnológica basada en el tratamiento adecuado de los datos.

Así lo señalan la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) y otras cuatro organizaciones industriales en una carta conjunta dirigida al Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones internacionales y Seguridad Integral, Fernando Flores, quien preside el debate sobre la iniciativa de ley en la Asamblea Nacional.

Las asociaciones y cámaras sostienen que es necesario contar con un marco legislativo en la materia para proteger la privacidad de las personas, quienes son titulares de los datos que generan en sus actividades en línea; sin embargo, advierten que también se debe ponderar la posibilidad de desarrollar productos y servicios innovadores, útiles y eficientes para la sociedad, a partir de tratar conjuntos de datos anonimizados.

En la economía digital, grandes, medianas y pequeñas empresas usan los datos despersonalizados como base de su modelo de negocios, ya que analizarlos les permite focalizar y brindar una mejor atención al público o tomar mejores decisiones.

Por tal razón, las organizaciones piden a la Comisión que vele por introducir una nueva ley que no sea excesivamente restrictiva; que defina datos de carácter personal para tener mecanismos de protección proporcionales al dato, pues hasta ahora ese ámbito en el proyecto es confuso; que se incluyan principios rectores para dar seguridad jurídica, en línea con el contexto internacional; e igualmente se posibilite el tratamiento de los datos para aplicaciones de interés social, científico o productivo.

Además, señalan que la nueva entidad encargada de garantizar la protección de los datos personales debe ser autónoma y con una estructura independiente, con el fin de que la normativa se aplique sin discrecionalidad o sesgo político. A su vez, advierten que el régimen sancionatorio planteado en el proyecto no incluye multas proporcionales y racionales ―con sanciones que pueden ascender hasta 17 por ciento de la facturación de una empresa―, lo que afectaría la liquidez de las compañías e incluso las llevaría a la quiebra.

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