México – Advierten a Senado que ciudadanos pagarán por aumento a precio de espectro

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Aumento de tarifas a los ciudadanos, menores inversiones, incremento de la brecha digital y aumento de la pobreza son consecuencias que traerá encarecer el espectro radioeléctrico en México, coincidieron especialistas durante un foro organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, donde se discutió la modificación a la Ley Federal de Derechos.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law, señaló que modificar la Ley Federal de Derechos para subir entre 50 y 56 por ciento el espectro en bandas para 5G significa atacar a los más pobres, que son la prioridad de la actual administración federal. 

Aseguró que se trata de una propuesta en sentido contrario de los objetivos del gobierno, pues no se tiene que analizar la recaudación en el corto plazo, sino que se requiere crear incentivos y fomentar inversiones.

Negrete ejemplificó con el caso de Estados Unidos, en donde invirtieron 20 mil millones de dólares para conectar a seis millones de personas en áreas rurales; en cambio, en México se prevé que con los 2 mil millones de pesos que otorgarán a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos conecten a 35 millones de personas.

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, se mostró receptivo y dijo que incluirían el análisis hecho por Jorge F. Negrete y los otros especialistas, pues no buscan afectar al segmento menos favorecido de la población. 

Durante el mismo foro virtual, Gabriel Székely, director General de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), realizó tres propuestas para quienes analizarán el presupuesto 2021.

El primero fue que los precios del espectro deben ser determinados mediante el mercado por subastas competitivas y “no en escritorios”. El segundo es reducir el precio de los derechos anuales por el espectro.

Finalmente, dijo que una propuesta clave es que un porcentaje de los derechos anuales recaudados por el Estado, que son 18 mil millones de pesos, queden en telecomunicaciones y no vayan a un fondo general.

“Hemos propuesto que autoridades y empresas identifiquen cada año zonas rurales y grupos vulnerables que no tienen el servicio, y la empresa que demuestre que ha invertido ahí pueda acreditar esa inversión contra el pago de derechos. Son las empresas las que asumen el riesgo, y que auditores externos den fe de que esa comunidad está recibiendo el servicio”, propuso Székely.

Jorge Álvarez Hoth, presidente de Grupo Empresarial Alcance, Desarrollo y Negocios, dijo que la propuesta de aumentar el pago de derechos por espectro para tener recaudación en el corto plazo es un error.

“(El aumento) es a cambio de un beneficio muy relativo, porque se traduce en menor recaudación para el gobierno, ya que automáticamente se generan todos estos efectos, se hacen menos ventas, menos consumo, menos ISR, menos IVA, y al final la suma cero del fenómeno no se gana en la recaudación”, aseveró.

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