México alista otra iniciativa para registrar las tarjetas SIM prepago, tras intento fallido de 2009

El Senado derogó la legislación debido a que no contribuía al objetivo de combatir la extorsión y estaba formulada de manera errónea.

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Luego de un intento fallido en 2009, el gobierno de México prepara otra iniciativa de ley para hacer obligatorio el registro de tarjetas SIM prepago, con el objetivo de que la información sirva para crear una base de datos con los números telefónicos que se utilizan para extorsionar.

A finales del año pasado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que pronto se presentaría la propuesta ante el Congreso de la Unión. De esta manera, los operadores móviles tendrían el deber de pedir a los usuarios de su red sus datos de identificación.

En 2009, se implementó este registro obligatorio de las tarjetas SIM; sin embargo, el Senado derogó la medida casi tres años después, debido a que las estadísticas demostraron que hubo un aumento de 40 por ciento en las llamadas de extorsión durante el tiempo en que estuvo en vigor.

Además, la evaluación del Senado de la República indicaba que el registro se había basado en una idea errónea sobre que los delincuentes utilizarían tarjetas SIM inscritas a su nombre o al de sus cómplices, por lo que se podría caer en acusaciones a personas inocentes que sólo estarían asociadas por robo de identidad.

En diciembre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la iniciativa para crear una base de datos con probables números de extorsión y se enunció como “la columna vertebral de la nueva estrategia integral”.

La idea es que los mexicanos que sean víctimas de estas actividades llamen a la línea 089 para denunciar de manera anónima y proporcionar el número telefónico desde el cual se realizó la llamada, cuya identificación dependería del registro de tarjetas SIM hecho por los operadores móviles.

Aunque alrededor del mundo muchos países han implementado esta medida, como Perú o recientemente Ecuador, no existen suficientes evidencias respecto a que contribuyan a disminuir el delito, según datos de la GSMA. La organización civil Hiperderecho incluso señala que, al menos en el caso peruano, afecta derechos de las personas como el de la privacidad.

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