México busca el registro biométrico de móviles y desata el temor por privacidad e inseguridad

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Infobae

Un plan de legisladores mexicanos para incluir datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en un registro biométrico, presentado como herramienta para combatir el secuestro y la extorsión, ha provocado reacciones de empresas y grupos de derechos que advierten que podría llevar al robo de datos.

La reforma, que ya ha sido aprobada en la Cámara baja, está en consonancia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la delincuencia utilizando métodos de inteligencia en lugar de la fuerza, pero críticos afirman que pone de manifiesto las trampas de los gobiernos que pretenden recopilar más datos de los ciudadanos con fines policiales.

La iniciativa está programada para ser discutida en el actual periodo de sesiones en el Senado, donde el partido gobernante Morena y sus aliados tienen mayoría.

De acuerdo con el plan, América Móvil, AT&T Inc y otros operadores se encargarían de recopilar los datos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o la biometría ocular, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de telecomunicaciones de México.

Pero un grupo de telecomunicaciones que tiene entre sus miembros a algunas de las principales empresas, advirtió en una carta abierta que la reforma podría elevar el robo de teléfonos, ya que los delincuentes buscarían eludir el registro robando aparatos y podría poner en riesgo la seguridad de los clientes si los datos personales son mal utilizados.

América Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, AT&T y Telefónica declinaron hacer comentarios.

La Asociación de Internet de México, que incluye a la compañía de telefonía móvil Telcel, de Slim, como socio, dijo que el registro costaría a la industria cientos de millones de dólares, podría poner en riesgo empleos y violaría derechos humanos al comprometer la protección de datos personales.

Grupos de derechos describen el plan como no mejor que un registro similar, que no incluía datos biométricos, que México desmanteló en 2012 después de que se descubriera que las llamadas de extorsión, muchas desde el interior de prisiones, aumentaron un 40% después de que los datos se filtraran en el mercado negro.

La nueva reforma podría hacer que las personas sean explotadas por criminales y potencialmente sean condenadas erróneamente por delitos, según Irene Levy, presidenta de la organización mexicana de vigilancia de las telecomunicaciones Observatel.

“El Chapo Guzmán no va a ir a decir: ‘Este es mi número y yo soy El Chapo Guzmán’”, dijo Levy, refiriéndose al capo del Cártel de Sinaloa que está preso en Estados Unidos.

“Los delincuentes lo que hacen es pedirle a alguien que vaya y compre ciertas líneas telefónicas (…) y cuando haya algún delito cometido con estos números, este chico o chica que tomó el dinero por necesidad y registró sin saber las consecuencias, irá a la cárcel”, añadió.

Dado el fuerte apoyo al gobierno en el Congreso, el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado, dijo Jorge Bravo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, es posible que se replantee si aumenta la preocupación de la opinión pública antes de las elecciones intermedias de junio.

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