México | Celulares para las mujeres

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Forbes Ma. Elena Estavillo

La inclusión digital consiste en hacer que todas las personas usen y aprovechen las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente el internet, con todo el universo de aplicaciones y servicios a los que abre la puerta. La inclusión digital es clave para lograr una sociedad con igualdad, pues el internet es un habilitador de derechos humanos que facilita el acceso al trabajo, la salud, la educación, la información Y la justicia, entre otros.

No obstante, las desigualdades estructurales en las que vivimos se han reproducido en el mundo digital. Vemos así que no existe sólo una brecha digital, sino numerosas disparidades en la materialización de los beneficios de estas tecnologías entre mujeres y hombres, en las distintas regiones del país, entre la población urbana y la rural, o cuando consideramos diferencias en edad, nivel educativo, ingresos, discapacidades o identidad indígena.

A pesar de que en términos generales se ha incrementado la penetración del internet en el país en los últimos años, este proceso ha avanzado a distintas velocidades entre los grupos de la población, lo que nos revela que no hemos sabido aprovechar las posibilidades de la digitalización como herramienta para construir una sociedad más igualitaria y justa.

Lo que debemos entender es que las brechas digitales no van a cerrarse por generación espontánea. Se requiere concebir políticas públicas con mecanismos deliberadamente inclusivos para poder atender los diferentes obstáculos, preferencias y necesidades de los grupos de la población sistemáticamente excluidos.

En lo que toca a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, se necesita perspectiva de género en la construcción de indicadores, el procesamiento de los datos, el diagnóstico, el diseño de políticas públicas, su seguimiento y evaluación, sin lo cual no podremos disminuir la brecha digital de género.

Uno de los mayores obstáculos para la digitalización son los elevados precios de los dispositivos. En un país como México, con una proporción importante de la población en situación de pobreza o con ingresos muy limitados, la posibilidad de contar con un teléfono móvil inteligente, una computadora o una tableta, es una aspiración inalcanzable.

Por esa razón, las políticas de inclusión digital deben contemplar acciones para hacer asequible el equipamiento digital de todas las personas, considerando especialmente las circunstancias específicas de las se encuentran sistemáticamente excluidas.

Después de largos años donde no se podía proponer la aplicación de subsidios específicos para estos destinos sin provocar cejas levantadas, comienzan a tomar fuerza las propuestas para definir apoyos gubernamentales directos orientados a la adquisición de equipo, tales como disminuir la carga impositiva, otorgar incentivos fiscales y préstamos, así como subvencionarlos en parte o para ciertas personas.

Las telecomunicaciones son un servicio esencial y deberían tener ese tratamiento desde el punto de vista fiscal y presupuestal. Más aún, si se considera que los recursos dedicados a la inclusión digital son una inversión social poderosa que se reflejará en mayor bienestar y en la acumulación de capital humano.

Sin embargo, las propuestas de política siguen siendo generales. Si acaso, se enfocan en la problemática de la población con menores recursos, pero sin atender las características estructurales que hace que sean algunos grupos de personas los que se encuentran siempre en desventaja.

Una de esas características, sin duda alguna, es el género. Sabemos que la pobreza tiene cara de mujer y que la pandemia ha ensanchado las brechas de género en lo laboral, lo salarial, en la formalidad y en la precariedad de las fuentes de ingreso.

De acuerdo con las cifras más recientes del CONEVAL, entre 2018 y 2020 creció el porcentaje de mujeres en situación de pobreza del 42.6% al 44.4%. También la proporción de hombres en estado de pobreza se incrementó del 41.2% al 43.4%. Las mujeres somos relativamente más pobres que los hombres y, además, somos más de la mitad de la población, lo que se refleja en que existan 29.1 millones de mujeres pobres frente a 26.6 millones de hombres, es decir, 2.5 millones de mujeres pobres más que de hombres pobres.

Es fundamental entender que se requiere perspectiva de género para formular políticas públicas más efectivas y que verdaderamente puedan impulsar la igualdad. Precisamente por no contar con políticas públicas con esta perspectiva para enfrentar la pandemia, es que los efectos más severos de la crisis se han concentrado en las mujeres, ampliando las brechas preexistentes.

En el tema de la inclusión digital, el control y propiedad de un dispositivo es esencial para asegurar que las mujeres se apropien de la tecnología, que tengan capacidad de agencia, aseguren su privacidad y se empoderen frente a distintas formas de violencia.

Las estadísticas oficiales sobre acceso a las tecnologías están centradas en el uso de los dispositivos, sin indagar acerca de su propiedad ni del grado de autonomía que tienen las personas para usarlos. Conocemos los indicadores sobre la disponibilidad de los dispositivos en los hogares que publica el INEGI, pero éstos no nos dicen a quién pertenecen los celulares o las computadoras, ni quién decide en qué momento, qué persona o por cuánto tiempo puede usarlos.