México | Exclusión digital universal

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Reforma Jorge F. Negrete P.

El Presidente López Obrador comunicó esta semana que sostuvo una plática con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y señaló que “le planteamos que se pueda llevar un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional”.

Insistió en que “no es un asunto de recursos, de presupuesto, es falta de tecnología, aunque parezca increíble”. “Pues resulta que no está resuelto el problema tecnológico para la comunicación por Internet en zonas apartadas, porque tenemos el compromiso de que haya Internet en todo el territorio y estamos batallando por falta de tecnología. Para que la gente más humilde tenga Internet, tiene que desplegarse fibra óptica y la última milla, antenas”.

Este mensaje de compleja explicación viene acompañado de un decreto que es visible, no sólo por su publicación inmediata al regresar de su visita a la cumbre de Norteamérica, sino por su inconstitucionalidad y decisiones previas desastrosas.

Me explico. El decreto establece que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

En Estados Unidos, el Congreso aprobó hace una semana la Ley de Infraestructura Bipartidista. La más importante iniciativa del Presidente Biden.

Esta Ley Bipartidista de Infraestructura “reconstruirá las carreteras, puentes y rieles de Estados Unidos, ampliará el acceso al agua potable, garantizará que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet de alta velocidad, abordará la crisis climática, promoverá la justicia ambiental e invertirá en comunidades que con demasiada frecuencia se han abandonado. La legislación ayudará a aliviar las presiones inflacionarias y fortalecerá las cadenas de suministro al realizar las mejoras necesarias para los puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras de nuestra nación”.

El decreto del Presidente López Obrador es una mala copia de la iniciativa Biden. La del Mandatario de Estados Unidos fue producto de una negociación en el Congreso, la de López Obrador de un decreto sustentado en seguridad nacional, igual que el aeropuerto Felipe Ángeles.

El Presidente Biden emite este decreto a comienzos de su Gobierno y el del Presidente López Obrador, a la mitad de su Gobierno. El Presidente Biden va a invertir 100 mil millones de dólares para conectar a 25 millones de norteamericanos desconectados, el Gobierno mexicano ha invertido 3 mil millones de pesos en proyectos que no tienen un número determinado de conectados y

generalidades.

El proyecto del Gobierno mexicano desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones, mantiene un IEPS especial a las telecomunicaciones, tenemos la agenda digital más mediocre de la región y no tiene hoja de ruta 5G.

Según la Auditoría Superior de la Federación, durante la pandemia “se desconectó casi 90 por ciento de internet para todos y los proyectos de CFE Telecom son poco transparentes”. El socio estratégico del Gobierno mexicano, Altán Redes, está en concurso mercantil y este Gobierno, desde su principio, mantiene las tarifas más caras de espectro radioeléctrico en América Latina, expulsó a Movistar, y si las tarifas hubieran estado a precios promedio de América Latina, se hubieran conectado a 15 millones de mexicanos.

Parece que López Obrador negoció el programa de sembrar árboles en Centroamérica a cambio de implementar este programa espejo al norteamericano, particularmente en infraestructura digital. Las afirmaciones del Presidente López Obrador parecen una excusa ante una realidad: México tiene institucionalizada una política pública de exclusión digital universal.

Presidente de Digital Policy & Law