México | IFT y Cofece, los autónomos que podrían ser sacrificados (otra vez) en 2022

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El CEO Itzel Castañares

De cara a la presentación del Paquete Económico 2022, la austeridad republicana que ha establecido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podría mantenerse en los ramos autónomos, lo que afectaría aún más sus operaciones y sus facultades.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han sido los reguladores más criticados por el presidente y de no contar con los recursos suficientes, se pondrían en riesgo varias estrategias en beneficio de los consumidores.

Lo que se esperaría es que este presupuesto vaya incrementándose, pero en el contexto actual, hay una fuerte tentación de irlo reduciendo con el tiempo, sobre todo porque parece que hay otro tipo de prioridades que requieren más recursos dijo Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Economics Competition.

La incertidumbre del presupuesto del próximo año ante nuevas responsabilidades como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) para IFT (en suspensión por controversia constitucional) y la competencia de Cofece en asuntos en materia de publicidad, se suman al reto de la falta del Plenos completos en cada uno de los organismos.

Miguel Flores Bernés, abogado especializado en Competencia Económica espera que tanto el presidente como el Congreso de la Unión reconozcan la importancia de los dos órganos autónomos.

En su opinión, siempre habrá peticiones para bajar los gastos y buscar mayor austeridad, y si bien es un esfuerzo que hay que hacer, también es necesario reconocer que los dos organismos son vitales.

Si no hay el numero suficiente de investigaciones de practicas monopólicas, si no hay análisis correctos sobre las concentraciones de mercado, si no se garantiza que quien esté dentro de estos organismos es gente capaz, se corren riesgos mucho más altos

  dijo Miguel Flores Bernés

Plenos incompletos

El IFT debe contar con siete comisionados, pero sigue operando con solo cinco comisionados y una presidencia interina, mientras que el pleno de la Cofece quedará con un integrante menos, tras la salida de su presidenta comisionada, Alejandra Palacios.

A medida que disminuye el número de comisionados, en ambas autoridades se va perdiendo la ventaja de las decisiones colegiadas, dijo María Elena Estavillo, economista y excomisionada del IFT.

Estas decisiones están planteadas así porque los problemas analizados son complejos y requieren un enfoque multidisciplinario y diverso, comentó Estalvillo.

Además, agregó que los organismos se diseñaron para funcionar horizontalmente por varias razones, y una de ellas es la resistencia a la captura regulatoria: “es más fácil capturar a un organismo regulador si las decisiones recaen en una o muy pocas personas”.

¿Qué riesgos hay de no contar con quórum?

El problema más grande es en el tema de los quórum. El articulo 18 de la Ley de Competencia Económica establece algunos quórums especiales de cinco comisionados para tomar algunas decisiones, como por ejemplo, nombrar a la Autoridad Investigadora o quitarla.

Entre estas decisiones está también el votar disposiciones regulatorias y definir la existencia de insumos esenciales, barreras a la competencia y ordenar la desincorporación de barreras y regular los insumos.

Esa parte preocupa mucho porque no se va a poder realizar mientras no haya los cinco comisionados tanto en IFT como en Cofece

agregó Flores Bernés.

Si bien en la Cofece para sesionar se requieren cuatro comisionados, siempre hay el riesgo en todas estas reuniones de que alguien sea excusado porque tiene un conflicto con el asunto que vaya a votar; es un riesgo en ambos organismos.

Inclusive, existe el riesgo de que que algún agente económico pueda buscar una causa de recusación para tratar de bloquear decisiones importantes, aseguró el también excomisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia.

Consumidores, los más afectados 

Para Miguel Flores Bernés, abogado especializado en Competencia Económica, tal parece que el gobierno no quiere que funcionen estos organismos y “los quiere matar por inanición”, lo cual resulta muy grave pues, si no operan, causan daños directos a los consumidores.

No se trata de que el gobierno esté de acuerdo o no con las decisiones de la Cofece o del IFT, sino que no dejarlas operar correctamente va a pegar directamente en los bolsillos de los consumidores.

Si una empresa identifica que puede bloquear las decisiones de la Cofece o que puede decidir fijar los precios, la Cofece va a estar dinamitada y no va a poder iniciar procedimientos para impedirlo, “lo que es muy mala señal y por eso es urgente que el presidente y el Senado asuman sus obligaciones”, concluyó Flores Bernés.