México | La Corte interpreta la Constitución, nadie más

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El Sol de México Javier Orozco

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional 195/2021 promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) reclamando la invalidez de la resolución del expediente CNT-063-2021 con motivo de la fusión entre Televisa y Univisión. El IFT alega una invasión a su esfera competencial para regular empresas de telecomunicaciones y su ámbito en competencia económica, lo que claramente no le corresponde a la COFECE.

Es incuestionable que la Constitución estableció en el IFT una autoridad regulatoria especializada para el sector de telecomunicaciones por lo que sería la instancia legal para autorizar la citada fusión.

Sin embargo, la COFECE ha venido distorsionando la competencia del IFT, queriendo regular servicios que se prestan en las redes de telecomunicaciones, resulta raro y extraño que en la burocracia mexicana una autoridad quiera incrementar su volumen de trabajo a costa de mermar a otra instancia. Esta distorsión ha creado una doble ventanilla, cuando lo ideal sería que existiese un solo regulador que revise los temas de competencia sobre infraestructura y contenidos en telecomunicaciones, en forma simultánea.

Esta doble ventanilla abona a crear un paraíso regulatorio y manto de protección para las grandes plataformas tecnológicas, ya que, al quedar ciertos temas en manos de la COFECE, estas grandes corporaciones pueden gozar de la suspensión del amparo en contra de las multas y decisiones de desincorporación hasta que se resuelvan los juicios de amparo que estas empresas interpongan, lo que no sucedería si están bajo la competencia del IFT.

Además, la intromisión de la COFECE entorpece la inversión y desarrollo de una fusión comercial que particularmente tiene efectos benéficos en un mercado global al crear una nueva empresa que precisamente habrá de hacer frente a las grandes plataformas de streaming. La empresa fusionada habrá de llegar a 600 millones de hispanoparlantes en todo el mundo con un valor agregado de 7 billones de dólares, ofreciendo la biblioteca de contenidos audiovisuales más grande y representativa en español. De igual modo, se afecta al ámbito doméstico, al retrasar un proyecto que dará trabajo y proyección internacional a productores, directores, actores mexicanos.

El panorama es muy claro para la SCJN que, en justicia deberá decantarse por darle la razón al IFT.

Interferencias

En el concurso mercantil de Altan Redes, el IFT tiene una gran responsabilidad por lo que hace al nombramiento del conciliador, así como por las atribuciones que puede ejercer dentro del concurso, como serían: ordenar cambios en quien detenta la administración o vetar los convenios de pago con los acreedores. ¿Realmente el gobierno de la 4T estará de acuerdo en que tales temas queden en manos del regulador? ¿Altan seguirá siendo una vía para que el gobierno logre la conectividad prometida?; sin duda esta será una oportunidad del IFT para demostrar su autonomía constitucional o podría ser vinculado y sometido a la 4T.