México | Panaut, congelado

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El Economista Marco A. Mares

La noticia es que la Corte resolvió mantener congelado al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Es decir, el IFT no está obligado a usar los recursos de su propio presupuesto para implementar el Panaut.

Se trata de una batalla que libra el organismo regulador frente al Poder Ejecutivo en defensa de sus facultades constitucionales para garantizar los derechos humanos.

El organismo alega que en términos económicos no puede cumplir con la obligación de instalar, operar, regular y mantener el Panaut.

Y se rehúsa a hacerlo porque contraviene derechos fundamentales de los usuarios previstos en la Constitución Política Mexicana.

De hecho, en congruencia con la posición legal del organismo regulador, no solicitó la partida respectiva y no está incluida en el presupuesto para el 2022.

El origen de la controversia, hay que recordarlo, fue precisamente el tema presupuestal.

De acuerdo con los cálculos del IFT requiere de un presupuesto de 845 millones de pesos para el equipo informático necesario y 200 millones de pesos anuales para mantenimiento.

O sea que para constituir el padrón, el IFT estimó que requeriría alrededor de mil millones de pesos.

IFT desde el principio advirtió que el organismo no tenía ese presupuesto y en consecuencia no podía crear el padrón de datos biométricos.

Luego interpuso la controversia constitucional.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la suspensión que ya le había concedido al IFT contra el padrón de datos biométricos.

Y con ello, se aplaza por un año más la posibilidad de que se constituya el Panaut.

En consecuencia, el máximo tribunal de justicia del país rechazó la impugnación de la Presidencia de la República.

Aunque todavía falta que la Corte se pronuncie en torno a la constitucionalidad del Panaut.

La SCJN consideró infundado un recurso de reclamación promovido por la consejería jurídica de la Presidencia -en su momento encabezada por Julio Scherer- contra la decisión de la Corte en junio pasado, planteada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que admitió a trámite la controversia 71/2021 del IFT.

En realidad, se trata de una victoria múltiple en favor de la legalidad y obviamente del organismo.

La suspensión que concede la Corte al IFT salvaguarda el mandato constitucional del organismo como regulador y garante de los derechos humanos contenidos en los artículos 6 y 7 constitucionales

Además, impide que se obligue al IFT a implementar un modelo regulatorio que inhibe y condiciona un acceso libre y sin injerencias arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones para las personas usuarias, que es contrario a lo mandatado al Estado Mexicano por la propia Constitución.

O sea que en resumidas cuentas IFT va ganando hasta ahora esta batalla con la que busca preservar su autonomía presupuestal.

Y al mismo tiempo busca proteger los derechos ciudadanos de acceso libre y sin condiciones a los servicios de telecomunicaciones.

Libra IFT cualquier sanción por responsabilidad administrativa.

Se trata de una batalla legal en la que está resultando victorioso el órgano regulador y en consecuencia, sale ganando la ciudadanía.

Habrá que esperar a que la Corte resuelva sobre el fondo de la controversia constitucional, pero por lo pronto, la suspensión es una victoria importante.

Habrá que ver quién, desde el gobierno continúa impulsando la creación del Panaut.

Al tiempo.