#MX5G | Capacitación y liderazgo, necesarios para la justicia digital

Expertos coincidieron en que se debe contar con un apartado de justicia digital en la Estrategia Digital Nacional.

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En México se plantea si la tecnología podría permitir que los tribunales estén siempre expeditos, las 24 horas del día, los 365 días del año. La demanda creciente de servicios, aunado a la pandemia de Covid-19, han puesto a prueba a las instituciones del Estado, que ya han comenzado a explorar soluciones tecnológicas para enfrentar los nuevos desafíos, aunque todavía se requieren cambios, en especial de capacitación y presupuesto, así lo plantearon los ponentes del panel “Justicia Digital” en el evento México 5G.

La “justicia digitalizada se refiere a la resolución de controversias por una persona que es auxiliada por medios digitales”, con herramientas como pueden ser medios de acceso y transferencia de información, escaneo de promociones o bases de datos electrónicas, explicó Federico Hernández Arroyo, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados

En su opinión, los principales retos a los que se enfrenta México para ampliar el uso de tecnologías en los tribunales tienen que ver con el analfabetismo digital de ciudadanos e impartidores de justicia, la falta de acceso a Internet y otras tecnologías, cuestiones de privacidad y protección de datos, y la falta de una política integral y uniforme a nivel nacional.

Para Julio Téllez, investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, en la impartición de justicia digital no es suficiente con la integración de nuevas tecnologías, sino darles también un uso adecuado con fines documentarios, de control y gestión y decisión.

Acusó que uno de los principales obstáculos para su uso se encuentra en funcionarios judiciales y abogados corruptos, ya que “la justicia digital puede afectar intereses creados” y reducir las fuentes de ingresos indebidas en la impartición de justicia. “Las nuevas tecnologías debidamente empleadas no sólo permiten la consecución de la prontitud, sino también estaría restando a la corrupción”.

Como en cualquier transformación digital, los pilares son las personas, los procesos y las plataformas. En ese sentido, Janet Huerta Estefan, fundadora de Abogado Digital y conferencista de Legaltech, consideró que lo más importante para que suceda la justicia digital son la tecnología backend, tecnología de acceso a los justiciables y la tecnología de transparencia en sentencias.

Asimismo, consideró que debe existir un cambio cultural en el poder judicial y se debe priorizar la contratación de equipos multidisciplinarios, en especial jóvenes y desarrolladores, que permitan la creación de plataformas fáciles y atractivas de usar para los usuarios.

Por su parte, Juan Carlos Luna, socio de Lawgistic y co-fundador de Lawit Group, consideró que la justicia digital se ha convertido en una condición indispensable en línea con el resto de la economía. “Digitalizar el derecho es porque la transformación digital ya está en todas las demás industrias y la vida de los usuarios”, indicó.

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Huerta y Luna coincidieron en que una herramienta básica para resolver problemas de bajo acceso o lentitud en los juzgados son las tecnologías de gestión conocidas como Case Management System, los cuales permiten gestionar las audiencias, gestionar el tiempo, procesos, salas y documentos, que permitirían a los tribunales ahorrar tiempo y ser más eficientes en todo el procedimiento.

Andrés González Watty, secretario de estudio y cuenta adjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relató que, aunque en la Corte ya había acuerdos para el uso de elementos como el expediente y la firma electrónicos, la pandemia aceleró los procesos de digitalización.

Sin embargo, advirtió que se debe tomar en cuenta que “la tecnología no lo resuelve todo, porque si no corrijo los sistemas humanos detrás (de la tecnología), podría tener un problema mucho mayor”. Indicó también que la adopción y migración a plataformas digitales, que permitan combatir la corrupción, es un cambio sistémico que llevará tiempo.

Hernández detalló los casos de éxito de países como Estonia o China. En el primer país se lanzó el Core Information System basado en Blockchain que permite el registro, turno, emplazamiento de asuntos y notificación de sentencias, entre otros. Mediante el uso de nuevas tecnologías, Estonia ha logrado una eficiencia en los procedimientos de 32 por ciento en comparación a los métodos tradicionales.

“Si queremos hablar de una justicia digital en sentido estricto, implica no sólo la integración de innovaciones tecnológicas, sino también la reestructuración de los procedimientos para aumentar el acceso y satisfacción, pero a través del uso de algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) para la resolución de controversias o procesos intermedios”, agregó durante su participación.

En ese sentido, relató también el caso de China, donde el uso de algoritmos e IA ha permitido reducir hasta en un 43 por ciento los jueces activos, mediante un robot que ayuda a las personas con más de 40 mil preguntas legales.

En el caso de México, Téllez destacó la experiencia de Coahuila y Nuevo León, que son las únicas entidades que han cumplido al 100 por ciento con ocho mecanismos en materia de justicia digital, según un estudio de transparencia.

Los ponentes coincidieron también en que se debe contar con un apartado de justicia digital en la Estrategia Digital Nacional. Y aunque consideraron que elementos como el liderazgo y la creatividad son componentes clave en la transformación digital de los tribunales, aún se requiere de mayor presupuesto para la adquisición de nuevas soluciones y tecnologías.

“Falta remover obstáculos regulatorios, adaptar infraestructura que amplíe el acceso, dar capacitación y llevarla a cabo con la inversión. Si no se invierte o no hay visión a futuro como en otros países, es muy difícil aterrizar estas soluciones”, puntualizó Huerta.