“Adiós, Colombia” fue el mensaje que leyeron los usuarios de Uber al enterarse que la aplicación dejó de funcionar en Colombia el 31 de enero de 2020, para cumplir un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el que le ordenaba salir del país porque incurría en competencia desleal frente a grupos taxistas.

La empresa volvió en febrero luego de cambiar su modelo de negocio: introdujo un contrato de arrendamiento entre el conductor y el usuario, y Uber quedó como la plataforma de intermediación.

De todas maneras, el suceso tensó la ya de por sí complicada relación entre las plataformas de movilidad y los servicios de taxi tradicional. A más de año y medio de ese acontecimiento, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dialoga con DPL News.

En esta segunda parte de una entrevista, el titular de la SIC reflexiona sobre los desafíos que hay en la regulación de la economía digital, en la que se inserta la llamada economía colaborativa, entendida como el intercambio de bienes o servicios mediante las plataformas de Internet.

Lee la primera de esta entrevista: Colombia tiene un mercado telco dinámico y competitivo: Andrés Barreto

Barreto afirma que “desde el punto de vista de la autoridad de competencia, no tenemos ninguna prevención ni nada en contra de las plataformas, (…) pero, desafortunadamente, desde el punto de vista judicial de la competencia desleal el juez solamente puede aplicar la norma que exista y la norma de competencia es leal, pues es una norma de finales de los años 90, en donde los temas son muy taxativos y la violación de norma encuadraba con lo que estaba alegando el demandante”.

La sentencia de 2019 que ordenó a Uber que cesara la prestación de servicios en el país se dio a raíz de una demanda interpuesta por Cotech en contra de la plataforma, alegando que esta prestaba de manera irregular el servicio público individual de transporte, por lo que se trataba de una competencia desleal.

Es decir, la decisión que emitió la Superintendencia la tomó un juez en un proceso de competencia desleal promovido por una compañía que presta servicios de telefonía de voz y datos a Taxis Libres. Y no fue resultado de un proceso de investigación de prácticas restrictivas de la competencia, apunta el superintendente.

“Básicamente, aducían un cargo principal de violación de normas. Mientras que el servicio de taxi tradicional tiene un Código Nacional de Tránsito Terrestre, un esquema regulatorio, los servicios de plataforma no tienen regulación, no hay una ley, no hay un decreto, no hay una norma secundaria que habilite el servicio”, explica Barreto.

“Todo se soluciona a través de una mejora regulatoria, es decir, permitirlo a través de una norma, pero, desafortunadamente, la Superintendencia carece de iniciativa legislativa para liderar una discusión de esa naturaleza en el Congreso de la República.

“El código de tránsito o el código de transporte en Colombia es una ley, de tal suerte que habría que tramitar una ley, no habría otro mecanismo con el fin de garantizar por la vía regulatoria que esas nuevas herramientas o nuevas tecnologías se dieran”, agrega el titular de la SIC.

Colombia tiene un vacío de regulación en este ámbito, como lo refiere Andrés Barreto, lo cual se ha convertido en una problemática que, a este punto, da pie incluso a tomar medidas contra las personas que trabajan como conductores de las aplicaciones de movilidad.

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes dio marcha atrás a un proyecto de ley que buscaba regular a las plataformas como DiDi, Uber, Cabify y Beat, y establecer condiciones para propiciar una “cancha pareja” entre estos servicios y los taxis tradicionales.

Sin embargo, el trámite de la iniciativa legislativa coincidió con el contexto de las protestas sociales durante el Paro Nacional en el país; se advirtió que los grupos taxistas intensificarían manifestaciones si el proyecto avanzaba, lo cual influyó en el voto en contra para evitar que el conflicto con estos gremios escalara junto con el descontento social.

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“Todo lo que para nosotros sea la satisfacción final del usuario de ese servicio siempre será bienvenido, en sana libre competencia con el beneficio máximo al consumidor”

“Nadie tiene aquí (en la SIC) nada contra la tecnología; lo segundo es que, desafortunadamente, (el fallo) se dio en un ámbito de una disputa judicial y un juez solamente puede conceder aquella pretensión que le hayan solicitado los demandantes; lo tercero es que adujeron el cargo mirando que alguien que compite en un mercado fuertemente regulado, como el del servicio de transporte público, tiene que cumplir unas normas. Los otros lo están haciendo sin esos requisitos, por ende estarían violando la ley”.

“Confiamos en que se dé esa mejora regulatoria con el fin de regularizar esa situación, depende de otro sector que es Tránsito y Transporte, que tiene su propio supervisor, la Superintendencia de Transporte, y mientras eso no se dé nosotros no podremos hacer nada distinto porque escapa de nuestras competencias”, detalla el superintendente.

Andrés Barreto considera que las autoridades de competencia deben promover una cultura de libre mercado en la economía digital, siguiendo los mejores estándares y buenas prácticas internacionales, como las que señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Por eso, dice que la SIC no tiene nada en contra de las plataformas digitales, incluidas las de movilidad. Además de ser una realidad de mercado, enfatiza que “todo lo que para nosotros sea la satisfacción final del usuario de ese servicio siempre será bienvenido, en sana libre competencia con el beneficio máximo al consumidor”.

El superintendente de Industria y Comercio asegura que, aunque la regulación de estas plataformas no está del todo a su alcance, hay formas en las que ha podido incidir afirmativamente en los entornos de economía digital en Colombia. Entre 2020 y este año, la SIC estaba investigando prácticas anticompetitivas de Taxi Imperial.

A mediados de 2021, el organismo decidió archivar la indagatoria contra la empresa, a quien se acusaba de abusar de su posición de dominio en el aeropuerto internacional El Dorado. La compañía se comprometió a hacer ajustes para facilitar el acceso a mecanismos tecnológicos, que puedan ser usados por los participantes en el servicio de transporte de pasajeros, y crear una aplicación o programa para aumentar la calidad e innovación del servicio, entre otras medidas.

Taxi Imperial abrió su tecnología a terceros. Aun cuando no fue la misma situación que en el caso de Uber, Barreto enfatiza que “por lo menos por esa vía vemos cómo la autoridad de competencia puede influir positivamente en un ambiente de economía digital, de un servicio tradicional como es el transporte público con el uso nuevas tecnologías. Pero no van a ser una realidad las plataformas hasta tanto no se haga esa misma mejora regulatoria desde el punto de vista de competencia”.