Nueva Constitución abre una puerta para los derechos digitales en Chile

En el diálogo que tendrá los próximos meses la Convención Constitucional, integrada por 155 representantes, se vislumbra una oportunidad para pensar el marco de derechos, el rol del Estado y el régimen de gobierno tomando en cuenta el impacto transversal de las tecnologías en la vida social, política y económica del país.

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Chile está viviendo un momento histórico e inédito, permeado de esperanza y entusiasmo, en la redacción de una nueva Constitución Política, a cargo de una Convención integrada de manera paritaria y diversa: con 77 mujeres y 78 hombres, y de ellos 17 representantes son de pueblos originarios.

Será un contrato social creado de forma democrática que diseñará un marco de derechos, definirá el rol del Estado en habilitar garantías y trazará un régimen de gobierno, buscando responder a las demandas sociales del pueblo chileno que se expresaron en el estallido de protestas de octubre de 2019.

Dentro del catálogo de derechos que busca acogida en la nueva Constitución, los derechos digitales se perfilan para ser una llave de cara al futuro de la sociedad

La Convención tiene hasta 12 meses para proponer un nuevo texto constitucional. La presidenta de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, una académica mapuche, lingüista y activista, inauguró el 7 de julio la primera de las sesiones en las que se delineará la Carta Magna.

Dentro del catálogo de derechos que busca acogida en la nueva Constitución, los derechos digitales se perfilan para ser una llave de cara al futuro de la sociedad. La ciudadanía y los especialistas en este ámbito consideran que existe una gran oportunidad para reconocer la transversalidad del impacto de las tecnologías en la promoción de deberes y derechos.

El primero, y quizás el más popular, es el derecho de acceso a Internet. Más que un simple servicio, se trata de un insumo que permite ejercer otros derechos, por lo que es importante garantizar su disponibilidad universal. En la época moderna, se considera tan vital como el derecho al agua y su ausencia implica una nueva forma de desigualdad social.

El reconocimiento de estos derechos digitales abre mucho espacio a que se transformen en una especie de derecho llave que permite también la mediación a otros derechos

También hay otros más que se plantean como candidatos para incluirse, mantenerse o replantearse en el contexto de la era digital: el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, a la seguridad, a una vida libre de violencia y a la propiedad intelectual, por ejemplo.

Danielle Zaror, doctora en Derecho por la Universidad de Chile y especialista en tecnología y regulación, afirma que “el reconocimiento de estos derechos digitales abre mucho espacio a que, de alguna manera, se transformen en una especie de derecho llave que permite también la mediación a otros derechos”.

La elaboración de la nueva Carta Magna “nos da una oportunidad sumamente valiosa para pensar el relacionamiento con la tecnología desde América Latina. Yo pienso que del reconocimiento de derechos digitales se siguen un montón de consecuencias insospechables”, dice a DPL News.

Zaror tiene más de una década abordando temas de tecnología desde el derecho y ha estado siguiendo la Convención Constituyente. Junto a Daniel Vak, produce un podcast en el que abordan los desafíos del proceso de idear una Constitución, y ha dialogado con algunos miembros del organismo acerca de la pertinencia de adoptar una visión digital en esta tarea.

Si bien los representantes todavía no debaten a profundidad cuáles serán los contenidos del documento, pues se encuentran en la etapa de definir reglas y procedimientos, Zaror señala que “hay un grupo de convencionales constituyentes que están muy comprometidos con la idea de reconocer derechos digitales en el catálogo, y están dispuestos a crear esa apertura en el catálogo clásico, generando una irrupción de derechos digitales, lo que sería toda una novedad para América Latina”.

Rodrigo Ramírez Pino, coordinador del Programa sobre Infraestructura y Desarrollo del Ecosistema Digital en América Latina de FLACSO Chile, también opina que existen posibilidades para pensar la Carta Magna desde una óptica que busque generar bienestar social a partir de la inclusión digital.

Unas 464 iniciativas, de 31 mil 942 propuestas presentadas por quienes eran candidatos y candidatas a constituyentes,  estaban relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la propensión al desarrollo tecnológico, a establecer derechos como el acceso a Internet y una mejor conectividad, según examinó el Observatorio por una Nueva Constitución. De esas, al menos una cuarta parte fueron planteadas por quienes ahora conforman la Convención.

El también exsubsecretario de Telecomunicaciones explica a DPL News que los integrantes del organismo que se muestran abiertos a debatir el reconocimiento de los derechos digitales tienen, en su mayoría, un perfil científico y se han relacionado con la tecnología desde sus diferentes profesiones y contextos.

Danielle Zaror coincide en este punto, y agrega que la diversidad de los miembros que abrazan este tipo de propuestas ayudará a lograr un impacto entre sus pares, y analizar no sólo las ventajas, sino también los riesgos y sesgos asociados a la tecnología en las garantías y deberes en el marco constitucional.

Tanto Ramírez Pino como Zaror destacan que la elaboración de un nuevo marco constitucional puede ser el momento propicio para avanzar hacia un Estado que, entre sus objetivos, garantice el bienestar digital y considere a la tecnología como una llave que puede abrir o cerrar puertas.

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El derecho a la privacidad debe abordarse analizando el impacto causado por las tecnologías y desde una dimensión pública

Una cartografía de derechos en la era digital

El reconocimiento del derecho de acceso a Internet es el primero en la lista de las que podrían ser nuevas garantías digitales. La conectividad es la base de una sociedad digital y una materia prima para el ejercicio de derechos. Así lo entendió la Organización de las Naciones Unidas cuando declaró el acceso a Internet como un derecho humano en 2011.

La importancia de elevarlo a un derecho en la Carta Magna radica en que el Estado tendrá el deber de asegurar el acceso efectivo al servicio de banda ancha. A partir de ese cimiento, la aspiración es que se generen políticas públicas e instrumentos para alcanzar una cobertura universal.

Además de consagrarlo en el papel, “hacer una constitución también supone la revisión de los organismos del Estado. Chile tiene una institucionalidad pública de otro siglo, de otra era, entonces la discusión constitucional debería dar lugar a la eliminación o reformulación de muchos servicios públicos” y a “reformas que hicieran posible la modernización del Estado”, asegura Danielle Zaror.

Si bien ya existen algunas políticas y medidas relacionadas, todavía no son suficientes para garantizar la provisión de servicios de alta capacidad, calidad y velocidad. Los legisladores chilenos ya están actuando para reconocer la relevancia del acceso a Internet. En abril de este año, el Senado aprobó un proyecto de ley que lo declararía un servicio público de telecomunicaciones. Hoy el trámite está en la Cámara de Diputados.

La nueva Constitución tendrá que repensar la libertad de expresión y extender sus implicaciones al entorno digital

Pero también se encuentran otros derechos que pueden integrarse al texto constitucional o reconfigurarse. Danielle Zaror explica que el derecho a la privacidad debe abordarse analizando el impacto causado por las tecnologías ―cómo facilitan la vigilancia por parte del Estado o el espionaje, por ejemplo―y desde una dimensión pública, dado que el sistema completo tiene que estar diseñado para proteger la privacidad del colectivo en su conjunto. 

El derecho a la protección de los datos personales también ha sido marcado por la era digital. Hay nuevas formas de recolectar, almacenar, tratar y brindar información personal en el entorno digital: en las plataformas digitales, los servicios públicos que se han digitalizado, el acceso a servicios financieros y otros más.

Algunas de las interrogantes que se abren son cuál debería ser el rol del Estado en la protección de los datos frente al uso masivo de tecnologías o la Inteligencia Artificial, y bajo qué principios y lineamientos debe manejarse la información personal.

Por ello, la experta apunta que la inclusión de este derecho tendría que propiciar la creación de una autoridad encargada de velar por la protección de los datos personales, como ya es una realidad en otros países (México y Brasil son algunos casos).

Además, la nueva Constitución tendrá que repensar la libertad de expresión y extender sus implicaciones al entorno digital. En Internet, la vulneración de este derecho puede darse mediante la censura, el bloqueo de sitios web o contenidos, o la prohibición de acceso a la red. Los límites son similares a los del espacio físico: evitar los discursos de odio, la discriminación o las apologías a la violencia que abundan en el espacio virtual. Pero los mecanismos para regular cambian.

La deliberación acerca del impacto de las tecnologías debe ser transversal en el nuevo contrato social, para que la transformación digital sea parte del desarrollo del país sin correr el riesgo de profundizar otra faceta de la desigualdad

Para otros estudiosos, la conversación en la Convención Constituyente presenta la oportunidad de dimensionar los datos abiertos dentro del derecho de acceso a la información. La era digital puede traer una nueva ola de información disponible, y susceptible de ser buscada, analizada, filtrada y descargada en un formato digital para ser reutilizada en un ejercicio de transparencia.

Así lo expone Patricio Urriola, director Ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos y uno de los autores de la Carta Magna Digital, un documento que un grupo de investigadores ―incluidos Zaror y Ramírez Pino― elaboró para aportar ideas a la discusión de los constituyentes.

Rodrigo Ramírez Pino ofrece otras pistas para crear una cartografía de derechos digitales en el país sudamericano. En su opinión, la deliberación acerca del impacto de las tecnologías debe ser transversal en el nuevo contrato social, para que la transformación digital sea parte del desarrollo del país sin correr el riesgo de profundizar otra faceta de la desigualdad.

En ese sentido, el especialista considera que el Estado debe proporcionar mínimos digitales a la población para subsanar la brecha digital y no dejar fuera a nadie de la economía digital. Su idea coincide con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de crear una ‘canasta básica digital’, que incluya un plan de acceso a Internet y dispositivos, y esté disponible para todos los ciudadanos que lo necesiten.

Además, el exsubsecretario de Telecomunicaciones puntualiza que el marco normativo debe promover la inclusión tecnológica y prevenir posibles riesgos derivados del uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el reconocimiento facial y los algoritmos.

En el centro de la economía digital, los datos son la moneda de cambio, pero los mecanismos en los que se producen y usan pueden desencadenar desigualdades, perpetuar sesgos o excluir a grupos subrepresentados en los grandes volúmenes de datos.

Danielle Zaror advierte que se debe ponderar y vigilar el impacto que tienen las tecnologías en la vida de las personas desde una perspectiva regulatoria y ética. Las aplicaciones tecnológicas se extienden casi a todos las actividades humanas: la salud, la educación, la agricultura o la industria alimentaria. En el derecho de acceso a la salud, por ejemplo, Zaror explica que la tecnología jugará un papel clave debido a las posibilidades que habilita, como la de recibir servicios médicos a distancia.

Al mismo tiempo, algunas aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la medicina o el científico pueden atentar contra el bienestar humano. El Aprendizaje Automático, una rama de la Inteligencia Artificial, se usa en la predicción y análisis de tratamientos contra enfermedades como la diabetes. Pero si no se utiliza con cuidado y bajo principios éticos, puede conducir a errores.

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Diálogo constituyente

La reflexión de las y los integrantes de la Convención Constitucional apenas va empezando con desafíos y propuestas en los hombros, como parte del proceso que busca redactar una Carta Magna legítima y nacida en democracia para dejar en el pasado la constitución del régimen de Augusto Pinochet.

Se espera que en los meses siguientes se escuchen y debatan ideas vinculadas a, entre varios temas, la consagración de derechos y deberes en el marco de la era digital. De manera temprana, algunas constituyentes ya se están adentrando en este diálogo, reciben iniciativas de instituciones académicas o participan en conversatorios.

En uno de los episodios del podcast Constitución Digital de Danielle Zaror, Lorena Céspedes, profesora de Física y Robótica, y constituyente por el Distrito 23 (correspondiente a las comunas de Araucanía), resaltó la importancia de que la nueva Constitución reconozca de forma explícita el impacto de los fenómenos tecnológicos en la sociedad y la economía.

Céspedes es una de las integrantes de la Mesa Directiva de la Convención, junto a la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Bassa, dos constituyentes pertenecientes a los pueblos originarios y cuatro representantes más. Su visión es nítida: la ciudadanía debe participar en el desarrollo de la ciencia y tecnología, y aprovecharlas para potenciar el crecimiento del país.

Sobre todo, pone énfasis en transformar el concepto y el modelo de la educación, tomando en cuenta la importancia de las tecnologías en el aprendizaje y propiciar la inclusión de más niñas y mujeres en las áreas de ciencias, matemáticas, ingenierías y tecnología.

Elisa Giustinianovich, convencional por el Distrito 28 (región de Magallanes), también se sienta en la Mesa Directiva; se describe a sí misma como bioingeniera y ecofeminista, y es doctora en Ingeniería Química. A principios de este mes, la representante participó en un seminario sobre las implicaciones del entorno digital en la futura Carta Magna, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Durante ese encuentro, Giustinianovich expresó su interés en garantizar que las herramientas digitales, incluyendo el servicio de Internet, estén a disposición de toda la población porque lo contrario es un reflejo de la desigualdad.

Pero puntualizó que también debe existir la posibilidad de vivir fuera de los sistemas configurados a partir de la tecnología, puesto que, por ejemplo, existen pueblos indígenas que ordenan sus saberes mediante su relación con otros elementos de la vida, como la naturaleza, y no necesariamente quieren crear un vínculo con el entorno digital.

Si bien pueden brindar beneficios para el bienestar social, la constituyente por el Distrito 28 señaló que hay que ver a la tecnología como un medio y no como un fin; pensar los alcances diversos que puede provocar en la sociedad, sus efectos en la protección de los datos personales, la vigilancia del Estado o la proliferación de discursos de odio; así como abordar la forma en que el mundo en línea ha facilitado nuevas vías para ejercer violencia contra las mujeres y las infancias.

Desde su visión como doctora en Ciencias Naturales y especialista en Microbiología, la convencional por el Distrito 3, Cristina Dorador, en cambio, ponderó la deliberación acerca de los derechos digitales desde una perspectiva ambientalista, y destacó la relevancia de trazar límites para los alcances de la tecnología y analizar el impacto de su modelo productivo en el medio ambiente.

Para la constituyente, es importante promover la digitalización sin olvidar la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios y la diversidad cultural del país. Y sin dejar de lado que en el espacio digital se articulan nuevas estructuras de poder, por lo que es necesario evitar que algunos actores, como las empresas tecnológicas, tengan el control único de los datos.

Cristina Dorador afirmó que el acceso a Internet puede tener un efecto democratizador y ayudar a la sociedad chilena a avanzar hacia la equidad social no en el futuro sino ahora, pero para ello también hay que lograr la inclusión de los sectores más marginados en el entorno digital.