Nueva Constitución en Chile: del estallido social al acceso a Internet como un derecho para el futuro digital

Ayer en el plebiscito, los chilenos votaron por crear una nueva carta constitucional y, entre las demandas que buscan acogida como un primer paso para resolver la desigualdad, aspiran a que el acceso a Internet se reconozca como un derecho y se vincule en el documento el impacto transversal de las tecnologías en la vida social.

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“Chile despertó”, “vamos a refundar el país” o “no son 30 pesos; son 30 años” fueron algunas de las consignas que se escucharon en las calles de la nación sudamericana en octubre del año pasado, en medio del estallido social a raíz de un aumento de 30 pesos al precio en el boleto del Metro de Santiago, que luego se extendió a un conjunto de exigencias sobre las desigualdades del país y la ilegitimidad de la actual Constitución Política, herencia del régimen militar de Augusto Pinochet.

Entre los reclamos de la población que buscan acogida en la formulación de una nueva carta constitucional, se escuchan demandas que ya tienen cierta longevidad en la agenda; entre ellas, el reconocimiento a la seguridad social como un derecho sustantivo, los derechos de los pueblos indígenas o incluso la definición de un Estado Social más que subsidiario.

Al debate también ha llegado un tema relativamente nuevo: la consideración del acceso a Internet como un derecho constitucional en el mundo contemporáneo. Sólo hace casi una década la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como un derecho humano, cuando el entorno digital, aunque en expansión, todavía no era lo que es hoy con su amplia gama de aplicaciones, plataformas y servicios, y una gran explosión en la transmisión de paquetes de datos.

Dos años después del pronunciamiento de la ONU, México consignó en el artículo 6 de la Constitución el derecho al acceso a las TIC, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, con el fin de integrar a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Si bien el país ha sido una referencia para otros en América Latina que quieren ir en la misma dirección, aún enfrenta un reto en materia de conectividad y adopción digital.

Se han generado, en los últimos años, una serie de discusiones en diferentes naciones sobre la importancia de consagrar el acceso a Internet en las constituciones, o elevarlo a un servicio público o esencial con leyes o decretos, según las diferentes posturas de legisladores, políticos y especialistas. Así está sucediendo ahora en Chile y Colombia, por ejemplo.

La ebullición social y las protestas en Chile, y ahora el contexto de la pandemia de Covid-19, han encendido el debate sobre lo que falta por adoptar en la ley, y, entre todo el cúmulo de exigencias, el acceso a Internet figura como “uno de los mejores candidatos a ser considerados un derecho nuevo e independiente”, dado que, además de ser necesario para la vida actual, es una herramienta de intermediación para otros derechos, explicó a DPL News María Paz Canales, directora Ejecutiva de la organización Derechos Digitales.

“Consideramos que puede ser beneficioso un reconocimiento directo del derecho de acceso a Internet a nivel constitucional (…), pero no es la única manera, sino que tiene que ver con cómo en el tiempo se actualizan las obligaciones del Estado en relación al cumplimiento y la satisfacción de otros derechos fundamentales”, expresó.

Para la asociación que lidera Paz Canales, la conectividad digital es un insumo para otros derechos y, por tanto, es esencial garantizarla. Y el diálogo para reconocer a Internet como un derecho debe llevarse a cabo, porque pone de manifiesto las preocupaciones de los habitantes sobre la relevancia de este servicio en el desarrollo social, económico e incluso político.

Las protestas del año pasado fueron motivadas por la desigualdad. El día de mañana, esa desigualdad será también digital, marcando una franja entre quienes están conectados y han cultivado competencias digitales y quienes no, afirmó en entrevista Pedro Huichalaf, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile.

De manera abrumadora, este 25 de octubre ganó el “apruebo” en el plebiscito nacional con el 78 por ciento de los votos. Más de 5 millones 885 mil chilenos dijeron que sí quieren que se cree una nueva Constitución. Además de que el hecho es en sí histórico para la democracia, hubo una alta participación a pesar del confinamiento: más de la mitad de las personas salieron a elegir.

Ayer también se definió que la carta fundamental será redactada por una Convención Constituyente, formada por 155 ciudadanos elegidos de manera popular y en la que habrá paridad de género. Ahora será tarea de esta asamblea pensar en una Constitución hacia el futuro, proyectando en lo que vendrá en los años o décadas siguientes.

El especialista consideró que la tarea de la Convención Constituyente no consistirá en reflexionar únicamente en el acceso a Internet, sino en todo el conjunto de tecnologías digitales que estarán disponibles para los ciudadanos en el contexto de una Sociedad de la Información y el Conocimiento.

“No sólo van a redactar los típicos derechos constitucionales, sino también tienen que pensar en el Internet del futuro, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (…); (tendrán que) entender el futuro y tratar de que Chile sea un líder en las políticas públicas”, señaló Huichalaf.

Paz Canales aseveró que en el texto deberá haber un reconocimiento acerca del impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos ya existentes, como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales, a la no discriminación, el acceso a la salud, la educación y otros tantos. En la actualidad son atravesados por las tecnologías, por lo que es importante vincularlas en la normativa.

Además, en este momento el Senado estudia una iniciativa para declarar el acceso a Internet como un servicio público, lo cual busca propiciar que el Estado asuma cabalmente la obligación de fomentar su adopción universal. En mayo, la Sala de Sesiones del Senado aprobó en primer trámite el proyecto de ley, el cual data de dos años atrás, cuando dos legisladores presentaron una moción para incluir un número en el artículo 19 de la Constitución, en el que se definiera a Internet como un servicio público.

El objetivo de declararlo así, y ahora también como un derecho, renació en Chile en medio de la contingencia provocada por la Covid-19, pues se ha puesto de manifiesto la relevancia de la conectividad y las redes. Los legisladores confían en que debe determinarse como una necesidad básica, a fin de que en un plazo de seis meses, a partir de la solicitud del usuario, las empresas estén obligadas a prestar efectivamente la conexión.

Pero no bastará con ser derecho…

Los expertos en materia digital coinciden en que el debate sobre el derecho a Internet es trascendente como parte del proceso histórico que se avecina en la nación, pues es la primera vez que se le preguntó a toda la ciudadanía si quiere una nueva Constitución, y será partícipe del proceso.

Sin embargo, no bastará con incluir en la carta fundamental el derecho al acceso a Internet para garantizar la conectividad universal, zanjar la brecha digital y mirar hacia el futuro de las tecnologías digitales, la transformación digital, la Cuarta Revolución Industrial y la economía digital.

En la práctica, se requiere, no necesariamente un reconocimiento constitucional, sino políticas públicas efectivas, orientadas a resolver concretamente las deficiencias en el acceso y la apropiación de las TIC. Escribirlo no es una fórmula mágica, apuntó la directora Ejecutiva de Derechos Digitales.

“La discusión, más que legal, tiene que ser práctica”, porque sin ello, de adoptarse como un nuevo derecho social, se corre el riesgo de que sólo quede plasmado en el papel, advirtió el exsubsecretario de Telecomunicaciones. También será clave observar cómo se materializará la aspiración del derecho en acciones, en regulación, recursos financieros, proyectos y alianzas con la industria.

Para Paz Canales, “lo más importante de la discusión es poder incorporarlo de manera más seria y más profunda en las políticas públicas en Chile y América Latina en general. La conversación sobre acceso se ha dado en múltiples ocasiones antes, pero al final caímos en el espejismo de que hubo, durante los últimos años, grandes expansiones en la conectividad de nuestra región, pero que estuvieron de la mano de un modelo eminentemente comercial”.

Ambos expertos, desde sus ámbitos de acción en el entorno digital, destacaron que el esquema comercial bajo el que funcionan las telecomunicaciones tiene que ser revisado y se debe optar por mejoras regulatorias, con una visión más inclusiva, innovadora y en cooperación con el sector privado.

Huichalaf explicó que si bien existe el libre mercado, el Estado debe comprometerse con las políticas públicas, al financiar proyectos de conectividad; asegurarse de que la infraestructura de fibra óptica sea abierta y neutral; generar una red local de última milla; así como otorgar ciertos subsidios a la demanda.

Asimismo, puntualizó que podría diseñarse una regulación más específica para el mercado de Internet, pues no la hay hasta ahora como sí está presente en la telefonía, y asignar el espectro radioeléctrico buscando beneficios sociales, con contraprestaciones por parte de los operadores. Recién en el país se dio luz verde al Reglamento de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet, mediante el cual se establecen niveles mínimos de rapidez en la banda ancha.

En tanto, Paz Canales subrayó que es necesario buscar alternativas al modelo comercial predominante; desarrollar regulaciones que favorezcan la instalación de redes comunitarias, disponer de suficiente espectro para esos otros esquemas, como el Wi-Fi de acceso público; promover a los WISP; aprovechar los espacios en blanco de frecuencias en las políticas de conectividad; o fortalecer las redes en las instituciones públicas como las escuelas.

Más allá del acceso básico, en un sentido amplio, hay que apuntar a lograr una conectividad significativa. Las cifras muestran que Chile es un país de alto nivel de conectividad en la región latinoamericana, pero esos datos no coinciden con la meta de que los usuarios gocen de libertad en la red, estabilidad al conectarse, velocidad adecuada, suficiente cantidad de datos, dispositivos, de manera asequible y, en general, herramientas suficientes, comentó.

Arriba del 98 por ciento de la población en el país cuenta con acceso al Internet móvil, mientras que sólo 56.8 por ciento tiene banda ancha fija en sus hogares. Incluso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha señalado que los esfuerzos tienen que intensificarse en el Internet fijo y mejorar la calidad de los servicios en términos de conectividad.

Sin aún incluirse el acceso a Internet como un derecho constitucional en el país sudamericano, los niveles de penetración de Internet son más altos respecto a otros mercados. En México, por ejemplo, donde desde hace años ya es parte del catálogo de derechos, 70 por ciento de la población sí está conectada y el resto no. Y en las zonas rurales, más de la mitad (52.3%) no usa Internet.

En ese sentido, la meta final no tendría que ser el derecho por sí mismo, sino que la demanda social por la igualdad de oportunidades que puede habilitar el acceso a Internet y a las TIC debe prolongarse a las políticas públicas y a exigir una estrategia nacional de vanguardia, la cual ponga el foco en la conectividad como un primer escalón para alcanzar los beneficios más amplios que promete la nueva era digital.

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