La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que el acuerdo administrativo que firmó el Ejecutivo federal –bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador– y 18 secretarías de Estado para agilizar obras y proyectos, y clasificarlos como asuntos de seguridad nacional, afectará el derecho al acceso a la información.

El documento incluye el desarrollo de obras a cargo del gobierno en el sector de las telecomunicaciones, comunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.

“Declarar de forma genérica como de ‘seguridad nacional’ proyectos y obras de infraestructura es desproporcionado. Propicia y fomenta opacidad, prácticas de ocultamiento y posibles actos de corrupción, aun cuando se diga que su intención sea concretar proyectos, cumplir promesas de campaña y evitar amparos.

“Al enmarcar proyectos y obras en proceso bajo la categoría de ‘seguridad nacional’, reserva toda la información pública y sus soportes documentales, anulando el derecho a la información y, con ello, contraviniendo lo reconocido y establecido en la Constitución, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, advirtió la Amedi.

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Además, la Asociación señaló que aquellas obras que el acuerdo enmarca en el tema de “seguridad nacional” no concuerdan con la definición de lo que la ley establece como temas de seguridad nacional.

A través de una postura pública, la Amedi aseguró que tal declaratoria se trata de una situación grave, ya que fomenta la opacidad, las exime de la rendición de cuentas y propicia que sean realizadas con una inadmisible discrecionalidad.

La Amedi reconoció la importancia de agilizar trámites y procedimientos para el desarrollo de infraestructura, sobre todo en situaciones como la pandemia de Covid-19; sin embargo, remarcó que es necesario que no se oculte o reserve la información que debe ser pública.

“Que la Estrategia Digital Nacional defina de una vez por todas una política pública para la modernización y digitalización de la Administración Pública Federal a través de la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

“Que a través del gobierno electrónico se procure la eficiencia administrativa y la actualización tecnológica como acciones permanentes encaminadas a construir un Estado y ciudadanía digitales que garanticen la prestación de servicios públicos eficientes y el ejercicio de derechos fundamentales como acceso a la información, comunicación, educación, salud y trabajo. Lo anterior, respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas de un gobierno abierto”, exigió la Amedi.