Observatel promueve amparo por incumplimiento del gobierno mexicano en inclusión digital

Advierte que la falta de una política pública con metas definidas vulnera los derechos de los ciudadanos.

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El Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) promovió un amparo, que le fue concedido, para solicitar que el gobierno de México dé cumplimiento a su mandato constitucional de crear una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU).

La organización civil reveló que el amparo fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el 24 de noviembre de 2021.

“En términos generales, plantea que existe un mandato constitucional expreso para el Estado y particularmente para el Ejecutivo federal de elaborar la Política de Inclusión Digital Universal con metas anuales y sexenales.

“Los parámetros mínimos de la PIDU están definidos esencialmente en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, recordó el Observatel.

Asimismo, aseveró que la omisión en la que incurren las autoridades responsables vulnera directamente los derechos de los ciudadanos señalados y lastima el ejercicio de otros derechos humanos que son habilitados por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), como la igualdad, el acceso a la educación, al trabajo y la salud, entre otros.

Observatel apuntó que dicha situación de una falta de política pública afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, advirtió que al carecer de una política digital con metas específicas, propicia que el Estado mexicano tome decisiones que alejan a la población de la digitalización. “Por ejemplo, la imposición de mecanismos de censura en Internet como el de ‘notificación y retirada’, sanciones desproporcionadas (bloqueo) a prestadores de servicios digitales que incumplan con obligaciones fiscales, establecimiento de precios elevados de espectro radioeléctrico que dificultan el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, entre otras medidas contrarias a la digitalización que se han adoptado recientemente en nuestro país”, agregó la organización civil.