Diario del Sur

Según la denuncia a compañía al parecer se ampara en la crisis económica y social derivada del COVID -19 y la avalancha de nuevos usuarios digitales para justificar la mala calidad en el servicio, no obstante, las facturas no bajaron y por lo contrario se habrían aumentado las ofertas comerciales que finalmente no podrían cumplir con la promesa de venta.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del programa de la protección al consumidor, precisa que “Un proveedor de servicios de comunicaciones es la persona jurídica pública, privada o mixta, que de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 se encuentra habilitada para prestar servicios de comunicaciones a terceros y es responsable de dicha prestación”.

Por lo anterior microempresarios colombianos le han pedido a la superintendencia de Industria y Comercio, y a las superintendencias de servicios públicos que vigile a la multinacional Claro en Colombia, ello teniendo en cuenta que al parecer la compañía estaría incurriendo en aparentes faltas por cuenta del incumplimiento, en la prestación del servicio.

“Lo que estamos pidiendo es respeto por el usuario, por los emprendedores y en general las empresas que en medio de todas estas dificultades seguimos adelante generando empleos dignos. No puede ser que la multinacional Claro, se comporte en la forma que lo está haciendo, en nuestro caso son más de 30 días los que completamos con un servicio muy deficiente, nos engañan por teléfono, incumplen los mantenimientos y en conclusión las facturas siguen siendo muy puntuales” Dijo Yebrail Plazas CO de la compañía afectada.

La SIC precisa que: “El principio de calidad hace referencia al deber de los proveedores de servicios de comunicaciones de prestar los servicios en forma continua y eficiente, incluyendo la calidad en la atención a los usuarios, y en todo caso atendiendo los principios de trato igual y no discriminatorio en relación con el acceso, calidad y costo de los servicios”.

Cabe resaltar que las quejas correspondientes fueron radicadas ante las autoridades correspondientes para que sean ellas quienes determinen si hay  fallas o no en la prestación del deficiente servicio,  en la estaría incurriendo la multinacional Claro, siempre evocando el principio de buena fe en el que el ente regulador precisa que: “El principio de buena fe consiste en que los usuarios y proveedores de servicios de comunicaciones deben respetar los derechos y obligaciones que se derivan para cada una de las partes como consecuencia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones. En igual sentido, en todo momento, debe existir reciprocidad en el trato respetuoso que se deben mutuamente el proveedor y los usuarios, tanto en la oferta, como en la celebración y durante su ejecución. Se encuentra contenido en el artículo quinto de la Resolución CRC 3066 de 2011”.

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